Los sistemas de inteligencia de Estados Unidos sabían en tiempo real qué estaba pasando en los alrededores de Iguala cuando “Guerreros Unidos”, confundiendo a estudiantes de Ayotzinapa con narcotraficantes rivales, masacró y desapareció a 43 de ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Esa información, de haber sido compartida oportunamente con el gobierno mexicano, pudo haber limitado el alcance de la tragedia.
Pero el gobierno mexicano no pidió esa información y ésta se quedó en los escritorios burocráticos de Washington y se convirtió en un producto inútil para fines humanitarios. La tragedia siguió su curso sin que los gobiernos de México o Estados Unidos hicieran algo para evitarlo.
A juzgar por la transcripción de los mensajes que intercambiaban los miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”, interceptados por la agencia antidrogas de EU (DEA), ahora es un hecho que las agencias de inteligencias del gobierno de Estados Unidos tenían información directa de lo que pasaba, minuto a minuto, en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, la noche que esa banda delictiva, apoyada por policías municipales y milicias ciudadanas, desapareció a los 43 estudiantes normalistas.
Los agentes de la DEA tenían interceptados diez teléfonos celulares de por los menos cinco integrantes de “Guerreros Unidos” en la ciudad de Chicago, Illinois. Enfrascados en la acumulación de evidencias contra una de las organizaciones criminales mexicanas con más actividad en el norte de Estados Unidos, decidieron dejar que los acontecimientos trágicos se desarrollaran y esperaron el momento más oportuno para detener, dos meses después de la tragedia de Iguala, a los líderes de ese grupo criminal en Chicago y Oklahoma.
El gobierno mexicano ha guardado silencio sobre la información de inteligencia recopilada esa misma noche. Sin embargo, es muy probable que también existan reportes del Cisen, o de las áreas de inteligencia militar involucradas en el seguimiento de grupos criminales que ayuden a entender qué fue lo que sucedió esa noche trágica.
En ninguno de los casos, ni en el de la DEA ni en el del Cisen o de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el ciclo de inteligencia se cerró apropiadamente con decisiones políticas, informadas y acertadas, que impidiera la masacre de estudiantes.
Ambos gobiernos actuaron cada uno con objetivos ajenos a la cooperación binacional. El gobierno mexicano actuó tardíamente para detener a policías municipales de Iguala, cuando ya había ocurrido la masacre. El gobierno de Estados Unidos se enfocó sólo en acumular evidencias que en el futuro que pudieran incriminar a los integrantes de “Guerreros Unidos” en Chicago. En el fondo, prevalecía el burocratismo mexicano y la desconfianza de las agencias de seguridad estadounidenses hacia las mexicanas.
(Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas)
Esa información, de haber sido compartida oportunamente con el gobierno mexicano, pudo haber limitado el alcance de la tragedia.
Pero el gobierno mexicano no pidió esa información y ésta se quedó en los escritorios burocráticos de Washington y se convirtió en un producto inútil para fines humanitarios. La tragedia siguió su curso sin que los gobiernos de México o Estados Unidos hicieran algo para evitarlo.
A juzgar por la transcripción de los mensajes que intercambiaban los miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”, interceptados por la agencia antidrogas de EU (DEA), ahora es un hecho que las agencias de inteligencias del gobierno de Estados Unidos tenían información directa de lo que pasaba, minuto a minuto, en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, la noche que esa banda delictiva, apoyada por policías municipales y milicias ciudadanas, desapareció a los 43 estudiantes normalistas.
Los agentes de la DEA tenían interceptados diez teléfonos celulares de por los menos cinco integrantes de “Guerreros Unidos” en la ciudad de Chicago, Illinois. Enfrascados en la acumulación de evidencias contra una de las organizaciones criminales mexicanas con más actividad en el norte de Estados Unidos, decidieron dejar que los acontecimientos trágicos se desarrollaran y esperaron el momento más oportuno para detener, dos meses después de la tragedia de Iguala, a los líderes de ese grupo criminal en Chicago y Oklahoma.
El gobierno mexicano ha guardado silencio sobre la información de inteligencia recopilada esa misma noche. Sin embargo, es muy probable que también existan reportes del Cisen, o de las áreas de inteligencia militar involucradas en el seguimiento de grupos criminales que ayuden a entender qué fue lo que sucedió esa noche trágica.
En ninguno de los casos, ni en el de la DEA ni en el del Cisen o de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el ciclo de inteligencia se cerró apropiadamente con decisiones políticas, informadas y acertadas, que impidiera la masacre de estudiantes.
Ambos gobiernos actuaron cada uno con objetivos ajenos a la cooperación binacional. El gobierno mexicano actuó tardíamente para detener a policías municipales de Iguala, cuando ya había ocurrido la masacre. El gobierno de Estados Unidos se enfocó sólo en acumular evidencias que en el futuro que pudieran incriminar a los integrantes de “Guerreros Unidos” en Chicago. En el fondo, prevalecía el burocratismo mexicano y la desconfianza de las agencias de seguridad estadounidenses hacia las mexicanas.
(Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas)