María de la Luz Arriaga Lemus
Han terminado las “precampañas” hacia las elecciones del 1 de julio. En la coyuntura actual, de una profunda crisis económica, social y política donde la falta de credibilidad en las instituciones es una de sus características más relevantes, lo que se enfrenta es una disputa por el rumbo del país.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, aceleró la instrumentación de tres reformas estructurales que le aseguraran a las élites del poder, el control social y político: laboral, energética y educativa; y dejó en ciernes una cuarta, la de seguridad social.
De estas reformas, la educativa es la que concitó una resistencia social, por la organización del magisterio en la CNTE, a la que se sumó el malestar de algunos sectores dentro del SNTE, pero además por atacar uno de los derechos sociales más arraigados y que ha sido la base de los principios constitucionales que han contribuido a la construcción de la identidad nacional, de valores de soberanía, y un proceso de movilidad social reconocido por todos.
El conflicto alrededor de la reforma educativa fue el conflicto social del sexenio de EPN, pues durante cinco años, una y otra vez, en foros nacionales e internacionales ha tenido que justificar su instrumentación.
El saldo es una reforma cuestionada que no logra imponerse de manera cabal, pero que dio pasos firmes hacia el control del magisterio a través de la intervención en su sindicato, la represión administrativa, y política, con encarcelamiento y persecución de los docentes y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, acompañado de una campaña en los medios de comunicación para devaluar el liderazgo social de las maestras y los maestros.
Todo para avanzar en la imposición de un modelo educativo instrumental al servicio del mercado, que deja de lado el carácter científico, transformador y humanista de la educación pública, cumpliendo así con las exigencias de sectores empresariales y directrices de organismos como la OCDE.
En educación media y superior también vivimos una reforma, silenciosa y segmentada: Restricciones presupuestales, procesos de privatización y mercantilización, precarización laboral, ataque a la organización académica, falta de democracia en instituciones, y un agudo problema de contención o retroceso de la matrícula en UNAM, IPN y UAM, mientras sólo se abren opciones públicas que funcionen como centros de adiestramiento laboral, de carácter tecnológico.
Al mismo tiempo, el avance de las políticas de desregulación y de libre comercio, promovieron el crecimiento de la educación privada: hoy las instituciones particulares cubren casi 35% de la matrícula total nacional en el nivel superior.
Además, desde 1996 se mantiene el Examen Único de Ingreso al Bachillerato, pretendiendo hacer creer que los exámenes estandarizados seleccionan a los mejores, pero en realidad es un discurso para esconder el hecho trágico de que sólo 30% de los jóvenes en el rango de edad correspondiente a los estudios superiores están inscritos en el sistema educativo y que 7 millones no cuentan con opciones de estudio o empleo formal.
Hoy más que nunca, requerimos tomar en nuestras manos la definición de qué educación queremos y necesitamos para el país; el magisterio democrático, los investigadores, los sindicalistas, los estudiantes, los trabajadores de diversos sectores, hemos desarrollado distintos ejercicios de elaboración de alternativas, recuperemos todas y confluyamos en un Congreso Nacional Educativo; ejerzamos el derecho a decidir el futuro de la educación. Un Congreso que sea un ejercicio democrático con los sujetos sociales de la educación.
(Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM)
Han terminado las “precampañas” hacia las elecciones del 1 de julio. En la coyuntura actual, de una profunda crisis económica, social y política donde la falta de credibilidad en las instituciones es una de sus características más relevantes, lo que se enfrenta es una disputa por el rumbo del país.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, aceleró la instrumentación de tres reformas estructurales que le aseguraran a las élites del poder, el control social y político: laboral, energética y educativa; y dejó en ciernes una cuarta, la de seguridad social.
De estas reformas, la educativa es la que concitó una resistencia social, por la organización del magisterio en la CNTE, a la que se sumó el malestar de algunos sectores dentro del SNTE, pero además por atacar uno de los derechos sociales más arraigados y que ha sido la base de los principios constitucionales que han contribuido a la construcción de la identidad nacional, de valores de soberanía, y un proceso de movilidad social reconocido por todos.
El conflicto alrededor de la reforma educativa fue el conflicto social del sexenio de EPN, pues durante cinco años, una y otra vez, en foros nacionales e internacionales ha tenido que justificar su instrumentación.
El saldo es una reforma cuestionada que no logra imponerse de manera cabal, pero que dio pasos firmes hacia el control del magisterio a través de la intervención en su sindicato, la represión administrativa, y política, con encarcelamiento y persecución de los docentes y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, acompañado de una campaña en los medios de comunicación para devaluar el liderazgo social de las maestras y los maestros.
Todo para avanzar en la imposición de un modelo educativo instrumental al servicio del mercado, que deja de lado el carácter científico, transformador y humanista de la educación pública, cumpliendo así con las exigencias de sectores empresariales y directrices de organismos como la OCDE.
En educación media y superior también vivimos una reforma, silenciosa y segmentada: Restricciones presupuestales, procesos de privatización y mercantilización, precarización laboral, ataque a la organización académica, falta de democracia en instituciones, y un agudo problema de contención o retroceso de la matrícula en UNAM, IPN y UAM, mientras sólo se abren opciones públicas que funcionen como centros de adiestramiento laboral, de carácter tecnológico.
Al mismo tiempo, el avance de las políticas de desregulación y de libre comercio, promovieron el crecimiento de la educación privada: hoy las instituciones particulares cubren casi 35% de la matrícula total nacional en el nivel superior.
Además, desde 1996 se mantiene el Examen Único de Ingreso al Bachillerato, pretendiendo hacer creer que los exámenes estandarizados seleccionan a los mejores, pero en realidad es un discurso para esconder el hecho trágico de que sólo 30% de los jóvenes en el rango de edad correspondiente a los estudios superiores están inscritos en el sistema educativo y que 7 millones no cuentan con opciones de estudio o empleo formal.
Hoy más que nunca, requerimos tomar en nuestras manos la definición de qué educación queremos y necesitamos para el país; el magisterio democrático, los investigadores, los sindicalistas, los estudiantes, los trabajadores de diversos sectores, hemos desarrollado distintos ejercicios de elaboración de alternativas, recuperemos todas y confluyamos en un Congreso Nacional Educativo; ejerzamos el derecho a decidir el futuro de la educación. Un Congreso que sea un ejercicio democrático con los sujetos sociales de la educación.
(Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM)