El asesinato de Juan Carlos Andrade Magaña, alcalde con licencia de Jilotlán de Dolores, Jalisco, vino a sumarse a la ola de violencia que hace de este proceso electoral el más complejo y el más sangriento de la historia reciente. Bajo los colores de Movimiento Ciudadano, Andrade Magaña, de 47 años de edad, se separó del cargo para buscar la reelección. Sus aspiraciones por aumentar la transparencia y mejorar la producción local de este municipio de tradición agrícola y ganadera fueron cortadas de tajo a balazos.
Su caso no es el único. Un estudio realizado por Etellek Consultores y difundido por la Universidad de las Américas Puebla registra que desde el inicio de las campañas electorales han existido 173 agresiones directas contra políticos y 78 asesinatos (no se incluyen los dos casos más recientes). Las agresiones no solo se han limitado a políticos en funciones y a candidatos, sino que también se han extendido a familiares y colaboradores amenazados e intimidados. Ningún partido está libre de bajas.
El mapa de violencia política no sólo es la expresión de las fallas de nuestro sistema de justicia, sino que permite rastrear enclaves autoritarios en los que parece que la muerte tiene permiso. Los municipios son los más vulnerables. Sin contrapesos, ni vigilancia social, sin posibilidad de un acceso efectivo a la justicia y con capacidades institucionales limitadas se amenaza, se intimida y se elimina a un rival político sin que haya mayores consecuencias.
En estos enclaves pareciera estarse produciendo lo que Edward Gibson describe como zonas de poder parroquial en las que normas, reglas y prácticas están diseñadas para favorecer a grupos políticos que ahora tendrán posibilidades de perpetuarse con la reelección. Para Gibson, en países con sistemas federales como México, estos enclaves autoritarios pueden prevalecer en el tiempo si logran una representación nacional —como curules en el Congreso— y si establecen formas de comunicación efectiva con el poder federal.
Es entendible el reclamo de agrupaciones como la Asociación de Autoridades Locales de México, la Asociación Nacional de Alcaldes y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos ellos han hecho un llamado por mejorar la seguridad y los protocolos de atención de los alcaldes en zonas de riesgo como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Edomex y Tamaulipas.
El estudio de Etellek arroja otro dato interesante: la violencia parece disminuir una vez iniciadas las campañas. Si el problema es quitar a los rivales del camino, la pregunta obvia es ¿después de la elección quién y cómo estará gobernando?
(Profesora asociada del CIDE)
Su caso no es el único. Un estudio realizado por Etellek Consultores y difundido por la Universidad de las Américas Puebla registra que desde el inicio de las campañas electorales han existido 173 agresiones directas contra políticos y 78 asesinatos (no se incluyen los dos casos más recientes). Las agresiones no solo se han limitado a políticos en funciones y a candidatos, sino que también se han extendido a familiares y colaboradores amenazados e intimidados. Ningún partido está libre de bajas.
El mapa de violencia política no sólo es la expresión de las fallas de nuestro sistema de justicia, sino que permite rastrear enclaves autoritarios en los que parece que la muerte tiene permiso. Los municipios son los más vulnerables. Sin contrapesos, ni vigilancia social, sin posibilidad de un acceso efectivo a la justicia y con capacidades institucionales limitadas se amenaza, se intimida y se elimina a un rival político sin que haya mayores consecuencias.
En estos enclaves pareciera estarse produciendo lo que Edward Gibson describe como zonas de poder parroquial en las que normas, reglas y prácticas están diseñadas para favorecer a grupos políticos que ahora tendrán posibilidades de perpetuarse con la reelección. Para Gibson, en países con sistemas federales como México, estos enclaves autoritarios pueden prevalecer en el tiempo si logran una representación nacional —como curules en el Congreso— y si establecen formas de comunicación efectiva con el poder federal.
Es entendible el reclamo de agrupaciones como la Asociación de Autoridades Locales de México, la Asociación Nacional de Alcaldes y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos ellos han hecho un llamado por mejorar la seguridad y los protocolos de atención de los alcaldes en zonas de riesgo como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Edomex y Tamaulipas.
El estudio de Etellek arroja otro dato interesante: la violencia parece disminuir una vez iniciadas las campañas. Si el problema es quitar a los rivales del camino, la pregunta obvia es ¿después de la elección quién y cómo estará gobernando?
(Profesora asociada del CIDE)