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Miguel R. Valladares García

martes 16 octubre 2018

La participación ciudadana como mecanismo estratégico en la implementación de la política de combate a la corrupción

Ana Cristina García Nales
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La política de combate a la corrupción ha transitado de ser una asignatura pendiente a ser una acción imperativa y urgente. Se dice popularmente que la corrupción opera desde el “sistema” aludiendo a políticos de elección popular, altos funcionarios y servidores públicos que conforman la administración pública de los tres poderes de gobierno. Pero si lo reflexionamos, la mayoría de las veces, para que haya un corrupto debe haber otro “cómplice”, o varios, en el entendido de que no se puede ser corrupto estando en una isla desierta. Se puede ser corrupto viviendo en comunidad y e interactuando los unos con los otros.

Es así que para que haya un tránsito o policía vial pidiendo y recibiendo “mordida”, debe haber un ciudadano que infringió la ley de tránsito y que está dispuesto a contribuir pagando “la mordida” para que “no pase nada” y ambos queden “a mano”. De igual forma, para que haya un político o funcionario pidiendo y recibiendo “moches”, debe haber otras autoridades “cómplices” y por supuesto ciudadanos, que formando parte del proceso también “le entran” a este “juego ilegal” formando redes de corrupción, las cuales implícitamente están dentro del famoso “sistema”. Como se puede ver, todos somos el “sistema”.

Con esto no pretendo generalizar respecto a las actuaciones irregulares de todos los políticos, funcionarios y servidores públicos; ni mucho menos busco señalar a todos los ciudadanos. Por supuesto que existen muchos, en ambos bandos, que se ganan la vida honestamente todos los días, siendo primero buenos ciudadanos y además siendo buenos políticos o administradores públicos. También, ciudadanos ejemplares que día a día buscan mejorar su estado y su país contribuyendo a la cultura política y cívica de su ciudad.

Es en dicha conjunción de valores positivos, que se da ésta causalidad que versa que “los buenos somos más”. Y es en este escenario, donde se pueden y deben constituir redes participativas de buenos ciudadanos organizados que colaboren activamente tanto con los buenos trabajadores y servidores de lo público; ya que, sólo participando y vigilando procesos, sea desde un simple trámite o servicio hasta involucrarse en la vigilancia social de obras públicas o apoyos sociales, se podrán prevenir y detectar actos y asuntos irregulares de aquellos personajes que no son tan buenos políticos, no son tan buenos administradores públicos, ni son tan buenos ciudadanos. De todos ellos, todos estamos hartos. De nuestro “sistema”.

A propósito de sistemas y redes, es en esta coyuntura ciudadana de hartazgo social generalizado por el gobierno, que se debe promover e incentivar la valiosa colaboración de la sociedad organizada que sume, con el ánimo de mejorar lo que hace el gobierno, proponer soluciones a problemas que se viven cotidianamente y juntos coadyuvar en la co-creación de estrategias que nutran la política anticorrupción, con el fin de sensibilizar a los tomadores de esas decisiones públicas a conceder mayor voluntad política, la cual es y será el eje central para poder avanzar con éxito en una eficaz implementación de medidas determinantes.

La política anticorrupción que se está diseñando actualmente le ha abierto las puertas a la participación ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pretende instituirse como el rector del sistema y el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno. La introducción de este órgano al Sistema Nacional Anticorrupción constituye la posibilidad, por parte de los ciudadanos, de dirigir los esfuerzos contra la corrupción. La Constitución y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dotaron a los ciudadanos del poder de dirigir los esfuerzos en contra de la corrupción y de liderar el sistema, a través de cinco representantes ciudadanos miembros del Comité.

Dicho Comité tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobretodo, vigilar el funcionamiento del sistema. Es por esto que debe trabajar en conjunto con el Comité Coordinador y el Secretario Técnico, para la integración de informes, recomendaciones y políticas públicas que se consideren necesarias para el funcionamiento del sistema.

En las entidades federativas, para fortalecer los Sistemas Locales Anticorrupción se deben garantizar mecanismos de participación ciudadana que generen información relevante respecto a la vigilancia social en la ejecución de los recursos, alcanzando así mayores niveles de rendición de cuentas y con ello coadyuvar a la prevención y el combate a la corrupción.

Los Sistemas Locales Anticorrupción pueden fortalecerse a través de distintos mecanismos de participación ciudadana, algunos ya institucionalizados como lo puede ser la Contraloría Social, mecanismo imprescindible para la construcción de una ciudadanía activa y vigilante del adecuado uso de los recursos públicos; que está basado en el acceso a la información pública y que promueve el empoderamiento de los beneficiarios de programas sociales.

La Contraloría Social como mecanismos de participación ciudadana opera para generar confianza ciudadana en el gobierno y legitimidad respecto a la toma de decisiones públicas en los programas sociales. Sin embargo, su labor ha venido siendo aún muy marginal y en muchos casos meramente normativa. Y aunque se le da reconocimiento formal, se otorgan materiales de orientación y un canal de reporte y retroalimentación hacia alguna instancia intermedia, aún tiene poca o nula trascendencia en la toma de decisiones.

La buena noticia, es que, a través del Sistema Nacional Anticorrupción, sí se reconoce la figura de Contraloría Social y se le otorga participación como coadyuvante con el Comité Nacional de Participación Ciudadana. Esto ya es un paso importante para fortalecerla. No obstante, también es apremiante que realmente se haga efectiva esta intervención ciudadana y que se pueda asegurar mayor voz a los Comités de Contraloría Social en las sesiones que lleven a cabo tanto el Comité Nacional de Participación Ciudadana, así como los Comités Locales de Participación Ciudadana para incidir, desde abajo, en las políticas públicas anticorrupción.

Si además de ese reconocimiento por parte de los Sistemas Locales Anticorrupción, se coordinan acciones entre las instancias encargadas de promover la Contraloría Social en los estados y municipios, así como con las Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones académicas con el objeto de sensibilizar a distintos actores sobre la importancia de la vigilancia ciudadana, se dará mayor fuerza a la figura de la Contraloría Social.

A decir de algunos expertos en temas de sociedad civil y el combate a la corrupción, la Contraloría Social puede ser uno de los eslabones de la cadena de combate a la corrupción de los Sistema Locales, el cual conduzca con acciones preventivas a disminuir los hechos de corrupción y a mejorar así la credibilidad en las instituciones públicas.

El Sistema Nacional Anticorrupción debe asegurar entonces que exista un esquema de pesos y contrapesos que contribuya a la eficiencia institucional de los órganos involucrados en el mismo, a la investigación de las causas que originan hechos de corrupción, y a propiciar mecanismos de colaboración e intercambio de información y conocimiento entre los componentes, y entre éstos y la ciudadanía, lo que permita generar “inteligencia institucional”, para prevenir, corregir y sancionar los actos de corrupción.

La proximidad ciudadana que implica la Contraloría Social con el gobierno debe aprovecharse al máximo por el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción, ya que la ciudadanía vigilante representa “los ojos” de la comunidad allí donde el gobierno no siempre puede llegar. Esta cercanía entre sociedad y gobierno ya empieza a generar una importante corresponsabilidad que puede resultar muy provechosa para ambas partes en las tareas de prevención y detección.

La participación ciudadana, y particularmente la figura de la Contraloría Social, tiene el objetivo de “prevenir” irregularidades en las obras, apoyos y servicios públicos y de detectar “desde abajo” posibles conductas irregulares de los servidores públicos en relación a la operación de los programas sociales.

Ante ello, es una realidad que la ciudadanía es cada vez más sensible al tema de su participación en la vigilancia del uso de los recursos públicos y cada día más proactiva para denunciar las irregularidades detectadas durante su labor como integrantes de Comités de Contraloría Social.

Un reto importante para esta ciudadanía vigilante es hacerse llegar de información que pueda ampliar sus quejas y denuncias. Estas acciones ciudadanas representan un área de oportunidad para fortalecer los procesos de seguimiento y los resultados en la atención de quejas y denuncias.

Con la entrada en vigor de la nueva normatividad nacional y local para inhibir y sancionar las faltas de los servidores públicos, y con la certeza que se tenga para avanzar en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción, el reto más grande que ahora tiene el gobierno para optimizar la participación ciudadana es asegurarle al ciudadano que una vez interpuesta su queja o denuncia, las instancias correspondientes actuarán llevando a cabo la investigación que procede por ley, y si es el caso, sancionar a quien resulte responsable de haber incurrido en alguna mala conducta u omisión.

Por su parte, el Comité Nacional de Participación Ciudadana y los Comités Locales de Participación Ciudadana, como instancias ciudadanas, deben asegurar que si se aplique el poder social que se les ha otorgado por ley, el cual permite dar voz a la ciudadanía “de a pie” y generar una dinámica positiva de empoderamiento y corresponsabilidad a los distintos mecanismos de participación ciudadana.

La “ciudadanización” de la política anticorrupción ya es clara e inminente. Ésta se debe trabajar institucionalmente desde el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción con la responsabilidad de fortalecer mecanismos y romper inercias. Para ello es necesario evitar toda posible simulación.

Por un lado, sensibilizar a la clase política respecto a las posibles resistencias e incomodidades que este proceso de participación ciudadana contra la corrupción puede generar; por el otro, promover la participación ciudadana activa, informada, y de ser posible razonada, a través de los mecanismos que se tienen a disposición para incidir en la política pública anticorrupción, con el firme objetivo de prevenir y combatir la corrupción desde el control y vigilancia ciudadanos de las acciones del gobierno.

La política de combate a la corrupción no es una asignatura pendiente, es sin duda, una acción pública imperativa y urgente. El “sistema” somos todos, y debemos combatirla “todos”.

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