La Presa ganó
Durante años, muchos caminaron por el Paseo de la Presa creyendo que su existencia estaba garantizada por inercia, como si los espacios naturales urbanos se conservaran solos, por buena voluntad o por decreto eterno. La realidad es otra: la Presa de San José estuvo a punto de perder su carácter de Área Natural Protegida, y con ello, su razón de ser como pulmón ambiental, paisaje urbano y espacio público de todas y todos.
El riesgo fue real. Todo comenzó cuando la Comunidad de San José de Buenavista impugnó el decreto administrativo del 5 de junio de 1996, mediante el cual se declaró Área Natural Protegida la zona de la Presa de San José, hoy conocida como Paseo de la Presa, con una superficie aproximada de 344 hectáreas. Si esa impugnación hubiera prosperado, el resultado habría sido devastador: la desaparición legal del Área Natural Protegida, abriendo la puerta a la urbanización, al cambio de uso de suelo y al negocio inmobiliario disfrazado de "desarrollo".
Frente a ese escenario, en 2016, cuando muchos callaron y otros voltearon hacia otro lado, Cambio de Ruta, A.C. decidió litigar. No fue una ocurrencia, ni una moda ambiental, ni un acto testimonial. Fue un juicio de amparo estratégico, largo, complejo y técnicamente sólido, que apenas acaba de concluir tras años de desgaste jurídico, recursos, escritos, audiencias y resistencia institucional.
El objetivo fue claro desde el inicio: defender la vigencia del decreto que protege la Presa de San José y obligar a las autoridades a tomarse en serio la protección ambiental. Y se logró.
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Hoy, gracias a ese amparo, no hay ambigüedades ni excusas: la Presa de San José es y sigue siendo un Área Natural Protegida, y su defensa ya no es un discurso político, sino una obligación legal exigible.
La resolución es contundente y marca un antes y un después. A partir de ella, las autoridades están obligadas a:
Respetar y mantener vigente el decreto que declara Área Natural Protegida la Presa de San José; abstenerse de autorizar fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios o cambios de uso de suelo incompatibles con la ANP; elaborar, aprobar y publicar el Programa de Manejo; asignar presupuesto público anual suficiente para su conservación y viabilidad; medir y delimitar oficialmente el área, colocando mojoneras y linderos claros; aplicar medidas reales de conservación y restauración ambiental; vigilar y sancionar cualquier actividad que dañe el ecosistema; garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana; y coordinar a las autoridades estatales y municipales para que la protección no quede en el papel.
Un Programa de Manejo, tratándose de un parque urbano, no es un trámite administrativo más. Debe definir con claridad para qué se protege el área: conservación ecológica, regulación ambiental, recreación pública, paisaje urbano y bienestar social. Debe establecer una zonificación interna —con áreas de conservación estricta, uso público, restauración y amortiguamiento— y dejar perfectamente claro qué está permitido y qué está prohibido.
El programa debe señalar quién manda y quién cuida, qué autoridad es responsable, con qué facultades y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas. Debe prever presupuesto anual fijo, no limosnas presupuestales; conservación real de flora y fauna; reforestación con especies nativas; mojoneras y linderos que impidan la "confusión conveniente".
Debe garantizar el uso público ordenado, accesible e incluyente; promover educación ambiental; abrir la puerta a la participación ciudadana real, no decorativa; establecer sistemas de monitoreo ambiental y planes de contingencia ante incendios, inundaciones o contaminación. En suma, hacer funcionar el Área Natural Protegida como lo que es: un bien común.
Nada de esto existiría hoy sin el trabajo constante de Cambio de Ruta, A.C.. Sin reflectores, sin concesiones políticas, sin presupuesto ni financiamiento, sin rendirse ante el cansancio de los años. Este amparo no sólo salvó la Presa de San José; dejó un mensaje claro: la defensa del medio ambiente sí puede ganarse en tribunales cuando hay convicción, técnica y perseverancia.
La Presa sigue ahí no por casualidad, sino por litigio. Y ahora, toca a las autoridades cumplir. Porque la ciudadanía ya cumplió defendiendo lo que es suyo.
Delirium Tremens.- Resulta curioso: cuando el Congreso del Estado decidió jugar a legislar con miedo y criminalizar la inteligencia artificial, ni la CEDH ni la CNDH encontraron motivo para incomodarse. Tienen la facultad constitucional de promover acciones de inconstitucionalidad, pero prefirieron ejercer otra muy conocida: la del silencio prudente.
Mientras tanto, el Congreso aprobó tipos penales tan elásticos que servirían igual para perseguir un fraude... que un meme incómodo. Al final, el mensaje es claro: el Congreso legisla con torpeza, los organismos callan con elegancia y la mordaza avanza con trámite cumplido. Luego se preguntan por qué la gente ya no confía en ellos... ni en la ley que aprueban.
@luisglozano









