“Lo que con mucho trabajo
se adquiere, más se ama”.
Aristóteles
Austeridad es un término que indica la cualidad de austero. Este concepto se identifica con lo sobrio, contenido, disciplinado y riguroso, que no hace ninguna clase de alardes y se ajusta con rigor a lo estipulado.
En México esta palabra es común en el vocabulario de lo público desde hace casi 50 años, debido a la situación de crisis económicas recurrentes que hemos padecido desde la década de los 70’s del siglo XX, pero que se ha transformado y dado en llamar austeridad económica, y últimamente, “austeridad republicana”.
Estos términos intentan definirse como un tipo de política de carácter económico que lleva a cabo el gobierno con el objetivo de conseguir mejorar su situación financiera. En nuestro país obviamente no se ha logrado el resultado esperado.
Alguna definición dice que una política de austeridad supone “severidad en las decisiones de gasto de los dineros del pueblo, implica sobriedad en los actos de gobierno y eficiencia para alcanzar los propósitos. Austeridad es sencillez, prescindencia de alardes y, fundamentalmente, acierto en las prioridades de incluir para crecer”.
En ocasiones asociamos la austeridad a la frugalidad (el consumo mesurado de bienes y servicios) o al ascetismo (la negación de los placeres materiales), llevándonos a entenderla erróneamente como la mortificación de las pasiones o de los sentidos; es decir, se vincula con la carencia, y se recurre a “la podadora”.
Pongo estos conceptos como antecedente para abordar un tema que ocupa y preocupa a tanto a quienes están vinculados al ejercicio del servicio público, como a la ciudadanía. Me refiero a la recientemente publicadas Ley de Remuneraciones Personales, y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta segunda normativa que, en pocas palabras, define la manera como se organiza la administración pública, reforma, adiciona y deroga varias disposiciones de 27 artículos. Destacan las relativas a la Oficina de la Presidencia; la sustitución de las Oficialías Mayores por “Unidades de Administración y Finanzas”; nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como las de consolidar las compras y la administración de las unidades administrativas (SIC); o la creación de nuevas Unidades Administrativas denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, que tendrán entre otras funciones, coordinar las acciones entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno.
En cuanto a la Ley de Remuneraciones Personales, es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la nuestra Constitución, y tiene por objeto “regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional”. A nivel subnacional, a la fecha no hay nada normado formalmente.
Ambas leyes son importantes ya que, en mi opinión, se vinculan; es decir, la forma de organización y funcionamiento de la administración pública determina el recurso humano necesario y la forma en retribuir su trabajo.
Relaciono esto último a lo que bien indica un artículo publicado recientemente en la revista Nexos relativo al “anuncio que hizo el equipo del presidente electo acerca de ‘50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana’ ha causado polémica en torno a un tema que había sido soslayado, pero cuya importancia es indiscutible: la urgente reforma al aparato administrativo del Estado mexicano”. Una afirmación acertada.
El mismo artículo asevera que “esos lineamientos no son un detallado plan de reforma administrativa. Se trata acaso de un listado de acciones urgentes, buenos deseos... Algunas de las propuestas son ya obligaciones legales, otras podrán ocurrir con simples decisiones ejecutivas, mientras que unas más requerirían reformas legales y una operación administrativa compleja”. Es decir, serán decisiones y acciones que tomarán su tiempo en implementarse.
Más adelante dice que “sin un aparato burocrático capaz, eficiente e íntegro no hay autoridad pública que pueda lograr su mandato democrático. El problema para el siguiente gobierno es que tendrá que gobernar, en buena medida, con la burocracia heredada: aunque cambie o corra a muchas personas, quienes gobiernen a partir de diciembre operaran en las estructuras, los procesos y las rutinas existentes, a menos que decidan transformarlas”. Los cambios no se darán de la noche a la mañana, ni por decreto, o solo con buenos deseos.
Para aplicar de manera eficiente la “austeridad republicana” es importante realizar un profundo análisis respecto a la situación actual del recurso humano en la administración pública en temas como las plazas existentes, cargas de trabajo, responsabilidades, salarios, prestaciones y jornada laboral, entre otros. Habrá que plantearse como premisas una serie de principios como la dignidad, eficacia, objetividad, colaboración y profesionalización. Es decir, no tomarlo a la ligera.
Será imprescindible considerar las implicaciones legales que tendrían acciones relacionadas con la reducción del personal de confianza -entre sus habilidades y facultades son la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, que requieren un alto nivel de estudios y experiencia para su ejecución-, así como el impacto que tendrá esta medida en la capacidad de respuesta y/o nivel de servicio a la ciudadanía, y la implicación directa en el ejercicio de sus derechos; facultar al resto del personal para asumir las funciones de quienes ya no estarán, llevará tiempo, y habrá que emitir nueva normatividad para ello.
En cuanto al salario de los servidores públicos, hay estudios donde se afirma que, aunque se ha tenido un incremento nominal importante entre 2000 y 2018, al descontar el efecto de la inflación, este se diluye en prácticamente todos los niveles directivos, resultando un decremento real en sus percepciones. Lo mismo ha sucedido con el ingreso y poder adquisitivo con sus homólogos del sector privado.
Estos análisis finalizan indicando que aun en contextos de inflación controlada (2010 a la fecha), la recuperación del salario del servidor público ha estado por debajo de la inflación, lo que explica esa pérdida de poder adquisitivo.
En otras palabras, la propuesta de un recorte del salario al personal de confianza acentuará esta problemática, además de profundizar en otros desequilibrios como la equidad, su competitividad respeto al mercado, y dificultará atraer y/o retener capital humano calificado en el sector público, tal y como lo afirman estudios internacionales (OCDE 2011, BID 2014, OCDE y BID 2017).
Resultado de los graves problemas de desigualdad, corrupción, y falta de transparencia en el ejercicio del servicio público que aquejan a nuestro país, se ha derivado en la “politización” de las remuneraciones al servidor público. Se tiene la percepción de que, gracias a una cuestionada eficacia y eficiencia en las decisiones de política pública tomadas por la alta burocracia, el ciudadano recibe bienes y servicios del estado de baja calidad. En otras palabras, lo que recibe el ciudadano como servicio público, no va a la par del ingreso que percibe quien lo diseña.
La realidad es muy distinta, y hay muchas carencias. Es importante que para la remuneración del servidor público se consideren aspectos como la dignificación de la función pública, la valoración del desempeño, el nivel de responsabilidad, y el principio de proporcionalidad, entre otros.
Un tema sensible y complejo. ¿Qué hacer? Aquí algunas ideas. En cuanto a reducción de personal: Realizar un diagnóstico sobre el recurso humano necesario; buscar una reforma integral de la administración pública; desaparición de áreas duplicadas, fusión de puestos y concentración de atribuciones. En relación a las remuneraciones: Respetar la independencia de poderes, órganos autónomos y niveles de gobierno; elaborar un diagnóstico para definir las remuneraciones por sector; y promover una Ley de Servicio Profesional aplicable a nivel nacional que siente las bases de la profesionalización y dignificación del sector público.
Difícil, pero con voluntad, convicción y compromiso, posible. Austeridad sí, pero no a cualquier precio.
Juan Manuel Rosales Moreno / Política y Administración Pública
jmanuelrmoreno@yahoo.es
se adquiere, más se ama”.
Aristóteles
Austeridad es un término que indica la cualidad de austero. Este concepto se identifica con lo sobrio, contenido, disciplinado y riguroso, que no hace ninguna clase de alardes y se ajusta con rigor a lo estipulado.
En México esta palabra es común en el vocabulario de lo público desde hace casi 50 años, debido a la situación de crisis económicas recurrentes que hemos padecido desde la década de los 70’s del siglo XX, pero que se ha transformado y dado en llamar austeridad económica, y últimamente, “austeridad republicana”.
Estos términos intentan definirse como un tipo de política de carácter económico que lleva a cabo el gobierno con el objetivo de conseguir mejorar su situación financiera. En nuestro país obviamente no se ha logrado el resultado esperado.
Alguna definición dice que una política de austeridad supone “severidad en las decisiones de gasto de los dineros del pueblo, implica sobriedad en los actos de gobierno y eficiencia para alcanzar los propósitos. Austeridad es sencillez, prescindencia de alardes y, fundamentalmente, acierto en las prioridades de incluir para crecer”.
En ocasiones asociamos la austeridad a la frugalidad (el consumo mesurado de bienes y servicios) o al ascetismo (la negación de los placeres materiales), llevándonos a entenderla erróneamente como la mortificación de las pasiones o de los sentidos; es decir, se vincula con la carencia, y se recurre a “la podadora”.
Pongo estos conceptos como antecedente para abordar un tema que ocupa y preocupa a tanto a quienes están vinculados al ejercicio del servicio público, como a la ciudadanía. Me refiero a la recientemente publicadas Ley de Remuneraciones Personales, y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta segunda normativa que, en pocas palabras, define la manera como se organiza la administración pública, reforma, adiciona y deroga varias disposiciones de 27 artículos. Destacan las relativas a la Oficina de la Presidencia; la sustitución de las Oficialías Mayores por “Unidades de Administración y Finanzas”; nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como las de consolidar las compras y la administración de las unidades administrativas (SIC); o la creación de nuevas Unidades Administrativas denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, que tendrán entre otras funciones, coordinar las acciones entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno.
En cuanto a la Ley de Remuneraciones Personales, es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la nuestra Constitución, y tiene por objeto “regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional”. A nivel subnacional, a la fecha no hay nada normado formalmente.
Ambas leyes son importantes ya que, en mi opinión, se vinculan; es decir, la forma de organización y funcionamiento de la administración pública determina el recurso humano necesario y la forma en retribuir su trabajo.
Relaciono esto último a lo que bien indica un artículo publicado recientemente en la revista Nexos relativo al “anuncio que hizo el equipo del presidente electo acerca de ‘50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana’ ha causado polémica en torno a un tema que había sido soslayado, pero cuya importancia es indiscutible: la urgente reforma al aparato administrativo del Estado mexicano”. Una afirmación acertada.
El mismo artículo asevera que “esos lineamientos no son un detallado plan de reforma administrativa. Se trata acaso de un listado de acciones urgentes, buenos deseos... Algunas de las propuestas son ya obligaciones legales, otras podrán ocurrir con simples decisiones ejecutivas, mientras que unas más requerirían reformas legales y una operación administrativa compleja”. Es decir, serán decisiones y acciones que tomarán su tiempo en implementarse.
Más adelante dice que “sin un aparato burocrático capaz, eficiente e íntegro no hay autoridad pública que pueda lograr su mandato democrático. El problema para el siguiente gobierno es que tendrá que gobernar, en buena medida, con la burocracia heredada: aunque cambie o corra a muchas personas, quienes gobiernen a partir de diciembre operaran en las estructuras, los procesos y las rutinas existentes, a menos que decidan transformarlas”. Los cambios no se darán de la noche a la mañana, ni por decreto, o solo con buenos deseos.
Para aplicar de manera eficiente la “austeridad republicana” es importante realizar un profundo análisis respecto a la situación actual del recurso humano en la administración pública en temas como las plazas existentes, cargas de trabajo, responsabilidades, salarios, prestaciones y jornada laboral, entre otros. Habrá que plantearse como premisas una serie de principios como la dignidad, eficacia, objetividad, colaboración y profesionalización. Es decir, no tomarlo a la ligera.
Será imprescindible considerar las implicaciones legales que tendrían acciones relacionadas con la reducción del personal de confianza -entre sus habilidades y facultades son la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, que requieren un alto nivel de estudios y experiencia para su ejecución-, así como el impacto que tendrá esta medida en la capacidad de respuesta y/o nivel de servicio a la ciudadanía, y la implicación directa en el ejercicio de sus derechos; facultar al resto del personal para asumir las funciones de quienes ya no estarán, llevará tiempo, y habrá que emitir nueva normatividad para ello.
En cuanto al salario de los servidores públicos, hay estudios donde se afirma que, aunque se ha tenido un incremento nominal importante entre 2000 y 2018, al descontar el efecto de la inflación, este se diluye en prácticamente todos los niveles directivos, resultando un decremento real en sus percepciones. Lo mismo ha sucedido con el ingreso y poder adquisitivo con sus homólogos del sector privado.
Estos análisis finalizan indicando que aun en contextos de inflación controlada (2010 a la fecha), la recuperación del salario del servidor público ha estado por debajo de la inflación, lo que explica esa pérdida de poder adquisitivo.
En otras palabras, la propuesta de un recorte del salario al personal de confianza acentuará esta problemática, además de profundizar en otros desequilibrios como la equidad, su competitividad respeto al mercado, y dificultará atraer y/o retener capital humano calificado en el sector público, tal y como lo afirman estudios internacionales (OCDE 2011, BID 2014, OCDE y BID 2017).
Resultado de los graves problemas de desigualdad, corrupción, y falta de transparencia en el ejercicio del servicio público que aquejan a nuestro país, se ha derivado en la “politización” de las remuneraciones al servidor público. Se tiene la percepción de que, gracias a una cuestionada eficacia y eficiencia en las decisiones de política pública tomadas por la alta burocracia, el ciudadano recibe bienes y servicios del estado de baja calidad. En otras palabras, lo que recibe el ciudadano como servicio público, no va a la par del ingreso que percibe quien lo diseña.
La realidad es muy distinta, y hay muchas carencias. Es importante que para la remuneración del servidor público se consideren aspectos como la dignificación de la función pública, la valoración del desempeño, el nivel de responsabilidad, y el principio de proporcionalidad, entre otros.
Un tema sensible y complejo. ¿Qué hacer? Aquí algunas ideas. En cuanto a reducción de personal: Realizar un diagnóstico sobre el recurso humano necesario; buscar una reforma integral de la administración pública; desaparición de áreas duplicadas, fusión de puestos y concentración de atribuciones. En relación a las remuneraciones: Respetar la independencia de poderes, órganos autónomos y niveles de gobierno; elaborar un diagnóstico para definir las remuneraciones por sector; y promover una Ley de Servicio Profesional aplicable a nivel nacional que siente las bases de la profesionalización y dignificación del sector público.
Difícil, pero con voluntad, convicción y compromiso, posible. Austeridad sí, pero no a cualquier precio.
Juan Manuel Rosales Moreno / Política y Administración Pública
jmanuelrmoreno@yahoo.es