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CONSISTENTES Y
COHERENTES
A los señores diputados locales integrantes de la legislatura que está por concluir, algo hay que reconocerles: su consistencia y coherencia. Están terminando igual que comenzaron: haciendo porquerías y sinvergüenzadas. Cosas que en esta tierra de nadie se pueden hacer fácil e impunemente. Pero este no es el fin de la historia.
Los dictámenes de las cuentas públicas 2016 no debieron aprobarse, como se hizo el viernes pasado, por estar viciadas de origen, bajo fuertes sospechas de arreglos corruptos y reprobadas en sus trabajos de auditoría según la revisión del despacho externo contratado para el efecto. A escasas semanas de concluir su gestión, la mayoría de nuestros legisladores volvieron a incurrir en la delictiva práctica de comprar facturas apócrifas para poderse embolsar 75 mil pesos cada uno por concepto de “apoyo para informe”. ¿Qué informaron? ¿Cuándo y en dónde?
No conformes, se disponen a incurrir en otro desmán, cuyos fines reales no están muy claros en este momento: La Auditoría Superior del Estado tiene por ley hasta octubre próximo para presentar los informes correspondientes a la revisión de las cuentas públicas 2017. La Comisión de Vigilancia que preside Héctor Mendizábal -el auténtico mandamás del Congreso en estos días- está exigiendo que dichos documentos se le entreguen a más tardar el 31 de este mes de agosto, para discutirlos en una apresurada reunión de esa comisión y someterlos al Pleno antes del 14 de septiembre, último día de su mandato. ¿Cuál es el interés? Pronto lo sabremos.
Vamos con el tema de las Cuentas Públicas del 2016. Son las involucradas en el esquema de extorsiones armado por la llamada Ecuación Corrupta, conforme lo revela en su ya célebre video el ex diputado Enrique Flores Flores. Como únicamente un alcalde, Crispín Ordaz de Ébano, fue el que denunció a los diputados extorsionadores (Óscar Bautista, J. Guadalupe Torres, Manuel Barrera y el propio Flores Flores), nunca se ha podido saber con precisión cuántos presidentes municipales pagaron a estos pillos para que les limpiaran sus cuentas y a cuántos otros se las recargaron con observaciones e inconsistencias por no haberse puesto a mano.
Desde luego que un buen trabajo de investigación por parte de las autoridades competentes habría arrojado luces suficientes. Por ejemplo, indagando en la ASE de José de Jesús Martínez Loredo en cuáles cuentas mostraron interés los mafiosos de la Ecuación Corrupta, fuera para “limpiarlas” o para “ensuciarlas”. Si algo se investigó, nunca se dieron a conocer los resultados.
En tales circunstancias, lo correcto era reponer los trabajos de auditoría en los 113 entes auditables (las 58 alcaldías, los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos operadores de agua potable, algunos DIFs y otros órganos con autonomía presupuestal). Rápidamente algunos legisladores salieron a decir que era imposible para la ASE desahogar esa tarea que se encimaría con las auditorías de las cuentas 2017.
Ante la presión de la opinión pública, se anunció una salida interesante: contratar un despacho externo, recomendado por la Auditoría Superior de la Federación, para que hiciera el trabajo. Fue una chapuza. La firma De la Paz-Costemalle-DFK fue contratado para verificar que las auditorías hechas por Martínez Loredo y su gente se hubieran ajustado a los procedimientos técnicos y reglamentarios correspondientes, no para reponer las auditorías propiamente dichas, como debió haber sido.
Aún así, con una encomienda que no iba al fondo del asunto, el despacho externo detectó que en la mayoría de las auditorías realizadas a las cuentas 2016 en la etapa de Martínez Loredo no se cumplieron las formalidades técnicas del caso. Astutamente, la Comisión de Vigilancia presidida por Héctor Mendizábal, trasladó a la ASE el informe de De la Paz-Costemalle y le pidió que solventara las deficiencias encontradas.
Fue así que en lugar de reponer las auditorías para echar abajo las componendas que habían pactado y cobrado los de la Ecuación Corrupta, lo que en estricto hizo la legislatura fue darle una manita de gato a las deficiencias de Martínez Loredo y su equipo. Dicho de otra forma: la única preocupación fue arreglar en lo posible las deficiencias técnico-administrativas de Pepechuy, y no seguir la huella de las extorsiones de Flores Flores, Bautista Villegas, Barrera Guillén y Torres Sánchez. Simultáneamente, se ganó tiempo para que el tema dejara de estar tan presente en la opinión pública.
Lo que el viernes aprobó el Pleno del Congreso prácticamente por unanimidad fueron los trabajos de la ASE para subsanar las deficiencias señaladas por De la Paz-Costemalle. Nada más. Es decir: se concretó una forma de reforzar la impunidad de que han gozado los pillos de la Ecuación Corrupta. Confrontado con el tema, uno de los legisladores nos dijo “si cometieron delitos, no nos toca a nosotros investigarlos; eso es cosa de la Procuraduría”.
Otra argumentación muy insistente de los defensores de lo que se hizo y que de alguna forma culminó el viernes pasado, es que a ninguno de los entes auditables se les quitaron o suavizaron las observaciones correspondientes a las cuentas públicas del 2016. Que quedaron tal cual. Sí claro; no podían modificarles nada sin haber repuesto íntegra la auditoría. ¿Con base en qué les iban a quitar, aumentar, sustituir o reducir observaciones?
Dicho de otra manera, si los extorsionadores Bautista, Flores, Barrera y Torres, recibieron millones de pesos por “arreglar” cuentas insostenibles y “desarreglaron” otras por que no les dieron dinero, el viernes pasado la mayoría de sus compañeros les blindaron la impunidad de que vienen disfrutando.
En todo esto hay algo que conviene precisar: de unos cuantos años para acá, la Auditoría Superior de la Federación realiza directamente auditorías en ayuntamientos, específicamente sobre los programas o fondos financiados con recursos federales. La parte de las finanzas municipales que corresponden a ingresos propios, le toca auditarlos a la Auditoría Superior del Estado. Es en razón de esto que la cuenta 2016 del Ayuntamiento de la Capital salió con cero observaciones en la parte revisada por la ASE, pero en materia federal trae todavía un pendiente de varios cientos de millones de pesos.
MAS DE LO MISMO
Decíamos al inicio de esta colaboración que las sinvergüenzadas y porquerías con que está terminando su ejercicio la gran mayoría de los actuales diputados, no es el fin de la historia. En efecto, la ley prevé que los dictámenes del pleno legislativo relativos a la aprobación de cuentas públicas, puedan ser impugnados por cualquier ciudadano o agrupación de la sociedad, sin necesidad incluso de acreditar algún interés jurídico, sino simplemente con una exposición razonable sobre las dudas de su legalidad y la exhibición de cualquier documento que respalde los motivos de inconformidad.
Con ese contexto, queda claro que si se lo proponen organismos ya tan experimentados en la materia como el Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando y varios más, pueden obligar a la siguiente legislatura a reabrir el caso de las cuentas públicas 2016 e intentar llegar al fondo de la cuestión: ¿A cuántos, quiénes, con cuánto y a cambio de qué extorsionaron Óscar Bautista Villegas, Enrique Flores Flores, Manuel Barrera Guillén y J. Guadalupe Torres Sánchez? con la complicidad obviamente de Martínez Loredo y varios de sus colaboradores.
Finalmente, por lo que hace al empeño de la actual diputación por conocer y aprobar los informes de las auditorías correspondientes a las cuentas públicas 2017 -todas, no sólo las municipales- no obstante que la ley prevé que la ASE los presente hasta octubre, con lo cual ya serían recibidos por la nueva legislatura, no tenemos claro qué lo motiva. Una hipótesis sujeta a comprobación es que el mayor interés en este tema se localiza en Palacio de Gobierno, donde no quieren aventurarse a que la palomita se las ponga un Congreso donde el PRI será tercera fuerza y muy disminuida. Suena raro, porque las tres cuentas siguientes ineludiblemente irán a la nueva diputación, y qué caso tiene ponerla suspicaz desde ahora.
No olvidemos, sin embargo, que llegado el caso la siguiente legislatura puede darle para atrás a cualquier aprobación que hiciere la actual, con el simple trámite de atender alguna “espontánea” demanda ciudadana.
Comprimidos
La diputación plurinominal que el Tribunal Estatal Electoral le entregó al Partido del Trabajo el pasado martes vale oro. Con ella el PT llega a tres, que sumadas a la del PES y a las seis de Morena, esa alianza suma diez, suficientes para impedir la formación de la mayoría calificada, que requiere un mínimo de 18 votos. En otras palabras, sin la participación del bloque Morena-PT-PES no habrá forma de hacer nombramientos como los de magistrados del Supremo Tribunal, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrantes de la Cegaip, etcétera. Claro que al PRD todavía le queda la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de recuperar esa curul, que también la necesita para no verse disminuido a un solo diputado. En la legislatura que termina dentro de un mes tiene cuatro.
Todo apunta a que el inicio del proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento de la Capital va a arrancar hasta el primero de octubre, imponiendo su ley la administración saliente, pero a un terrible costo de romper cualquier posibilidad de relevo civilizado. La ley dispone que dé inicio 45 días naturales antes de la fecha del cambio de ayuntamiento, lo que significa que debería comenzar hoy. Sin embargo, no es posible iniciarlo si alguna de las dos partes no ha notificado formalmente a la ASE la lista de integrantes de su respectiva comisión. Hasta ayer, la administración de Ricardo Gallardo Juárez no había informado nada sobre el particular a la ASE, y puede simplemente hacerse el desentendido hasta que le hagan un extrañamiento (lo cual puede llevar hasta una semana) y entonces solicitar un aplazamiento por cualquier razón que se le ocurra. Sería hasta el inicio de octubre que se le comiencen a aplicar sanciones.
Pero contra lo que pudiera parecer, el retraso que según esto quiere imponer la administración gallardista no es por capricho o ganas de pleito callejero, sino porque realmente cada día que gane le sirve para tratar de poner orden en lo que va a entregar. La explicación de fondo no tiene nada de complicada: se manejaron confiados de ganar la reelección y de alcanzar la gubernatura después. ¿Quién les iba a exigir cuentas antes del 2027?
En el PRI le andan batallando para encontrar quién coordine su disminuida fracción en el Congreso local (4 diputados propios y una que quizá le preste Antorcha). Lo cual suena un tanto raro pues ahí está Martín Juárez, que en su condición de dirigente estatal tricolor seria muy humillante ponerlo bajo la coordinación de otro u otra. Pero bueno, hemos visto cada cosa.
Hasta el próximo jueves.
CONSISTENTES Y
COHERENTES
A los señores diputados locales integrantes de la legislatura que está por concluir, algo hay que reconocerles: su consistencia y coherencia. Están terminando igual que comenzaron: haciendo porquerías y sinvergüenzadas. Cosas que en esta tierra de nadie se pueden hacer fácil e impunemente. Pero este no es el fin de la historia.
Los dictámenes de las cuentas públicas 2016 no debieron aprobarse, como se hizo el viernes pasado, por estar viciadas de origen, bajo fuertes sospechas de arreglos corruptos y reprobadas en sus trabajos de auditoría según la revisión del despacho externo contratado para el efecto. A escasas semanas de concluir su gestión, la mayoría de nuestros legisladores volvieron a incurrir en la delictiva práctica de comprar facturas apócrifas para poderse embolsar 75 mil pesos cada uno por concepto de “apoyo para informe”. ¿Qué informaron? ¿Cuándo y en dónde?
No conformes, se disponen a incurrir en otro desmán, cuyos fines reales no están muy claros en este momento: La Auditoría Superior del Estado tiene por ley hasta octubre próximo para presentar los informes correspondientes a la revisión de las cuentas públicas 2017. La Comisión de Vigilancia que preside Héctor Mendizábal -el auténtico mandamás del Congreso en estos días- está exigiendo que dichos documentos se le entreguen a más tardar el 31 de este mes de agosto, para discutirlos en una apresurada reunión de esa comisión y someterlos al Pleno antes del 14 de septiembre, último día de su mandato. ¿Cuál es el interés? Pronto lo sabremos.
Vamos con el tema de las Cuentas Públicas del 2016. Son las involucradas en el esquema de extorsiones armado por la llamada Ecuación Corrupta, conforme lo revela en su ya célebre video el ex diputado Enrique Flores Flores. Como únicamente un alcalde, Crispín Ordaz de Ébano, fue el que denunció a los diputados extorsionadores (Óscar Bautista, J. Guadalupe Torres, Manuel Barrera y el propio Flores Flores), nunca se ha podido saber con precisión cuántos presidentes municipales pagaron a estos pillos para que les limpiaran sus cuentas y a cuántos otros se las recargaron con observaciones e inconsistencias por no haberse puesto a mano.
Desde luego que un buen trabajo de investigación por parte de las autoridades competentes habría arrojado luces suficientes. Por ejemplo, indagando en la ASE de José de Jesús Martínez Loredo en cuáles cuentas mostraron interés los mafiosos de la Ecuación Corrupta, fuera para “limpiarlas” o para “ensuciarlas”. Si algo se investigó, nunca se dieron a conocer los resultados.
En tales circunstancias, lo correcto era reponer los trabajos de auditoría en los 113 entes auditables (las 58 alcaldías, los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos operadores de agua potable, algunos DIFs y otros órganos con autonomía presupuestal). Rápidamente algunos legisladores salieron a decir que era imposible para la ASE desahogar esa tarea que se encimaría con las auditorías de las cuentas 2017.
Ante la presión de la opinión pública, se anunció una salida interesante: contratar un despacho externo, recomendado por la Auditoría Superior de la Federación, para que hiciera el trabajo. Fue una chapuza. La firma De la Paz-Costemalle-DFK fue contratado para verificar que las auditorías hechas por Martínez Loredo y su gente se hubieran ajustado a los procedimientos técnicos y reglamentarios correspondientes, no para reponer las auditorías propiamente dichas, como debió haber sido.
Aún así, con una encomienda que no iba al fondo del asunto, el despacho externo detectó que en la mayoría de las auditorías realizadas a las cuentas 2016 en la etapa de Martínez Loredo no se cumplieron las formalidades técnicas del caso. Astutamente, la Comisión de Vigilancia presidida por Héctor Mendizábal, trasladó a la ASE el informe de De la Paz-Costemalle y le pidió que solventara las deficiencias encontradas.
Fue así que en lugar de reponer las auditorías para echar abajo las componendas que habían pactado y cobrado los de la Ecuación Corrupta, lo que en estricto hizo la legislatura fue darle una manita de gato a las deficiencias de Martínez Loredo y su equipo. Dicho de otra forma: la única preocupación fue arreglar en lo posible las deficiencias técnico-administrativas de Pepechuy, y no seguir la huella de las extorsiones de Flores Flores, Bautista Villegas, Barrera Guillén y Torres Sánchez. Simultáneamente, se ganó tiempo para que el tema dejara de estar tan presente en la opinión pública.
Lo que el viernes aprobó el Pleno del Congreso prácticamente por unanimidad fueron los trabajos de la ASE para subsanar las deficiencias señaladas por De la Paz-Costemalle. Nada más. Es decir: se concretó una forma de reforzar la impunidad de que han gozado los pillos de la Ecuación Corrupta. Confrontado con el tema, uno de los legisladores nos dijo “si cometieron delitos, no nos toca a nosotros investigarlos; eso es cosa de la Procuraduría”.
Otra argumentación muy insistente de los defensores de lo que se hizo y que de alguna forma culminó el viernes pasado, es que a ninguno de los entes auditables se les quitaron o suavizaron las observaciones correspondientes a las cuentas públicas del 2016. Que quedaron tal cual. Sí claro; no podían modificarles nada sin haber repuesto íntegra la auditoría. ¿Con base en qué les iban a quitar, aumentar, sustituir o reducir observaciones?
Dicho de otra manera, si los extorsionadores Bautista, Flores, Barrera y Torres, recibieron millones de pesos por “arreglar” cuentas insostenibles y “desarreglaron” otras por que no les dieron dinero, el viernes pasado la mayoría de sus compañeros les blindaron la impunidad de que vienen disfrutando.
En todo esto hay algo que conviene precisar: de unos cuantos años para acá, la Auditoría Superior de la Federación realiza directamente auditorías en ayuntamientos, específicamente sobre los programas o fondos financiados con recursos federales. La parte de las finanzas municipales que corresponden a ingresos propios, le toca auditarlos a la Auditoría Superior del Estado. Es en razón de esto que la cuenta 2016 del Ayuntamiento de la Capital salió con cero observaciones en la parte revisada por la ASE, pero en materia federal trae todavía un pendiente de varios cientos de millones de pesos.
MAS DE LO MISMO
Decíamos al inicio de esta colaboración que las sinvergüenzadas y porquerías con que está terminando su ejercicio la gran mayoría de los actuales diputados, no es el fin de la historia. En efecto, la ley prevé que los dictámenes del pleno legislativo relativos a la aprobación de cuentas públicas, puedan ser impugnados por cualquier ciudadano o agrupación de la sociedad, sin necesidad incluso de acreditar algún interés jurídico, sino simplemente con una exposición razonable sobre las dudas de su legalidad y la exhibición de cualquier documento que respalde los motivos de inconformidad.
Con ese contexto, queda claro que si se lo proponen organismos ya tan experimentados en la materia como el Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando y varios más, pueden obligar a la siguiente legislatura a reabrir el caso de las cuentas públicas 2016 e intentar llegar al fondo de la cuestión: ¿A cuántos, quiénes, con cuánto y a cambio de qué extorsionaron Óscar Bautista Villegas, Enrique Flores Flores, Manuel Barrera Guillén y J. Guadalupe Torres Sánchez? con la complicidad obviamente de Martínez Loredo y varios de sus colaboradores.
Finalmente, por lo que hace al empeño de la actual diputación por conocer y aprobar los informes de las auditorías correspondientes a las cuentas públicas 2017 -todas, no sólo las municipales- no obstante que la ley prevé que la ASE los presente hasta octubre, con lo cual ya serían recibidos por la nueva legislatura, no tenemos claro qué lo motiva. Una hipótesis sujeta a comprobación es que el mayor interés en este tema se localiza en Palacio de Gobierno, donde no quieren aventurarse a que la palomita se las ponga un Congreso donde el PRI será tercera fuerza y muy disminuida. Suena raro, porque las tres cuentas siguientes ineludiblemente irán a la nueva diputación, y qué caso tiene ponerla suspicaz desde ahora.
No olvidemos, sin embargo, que llegado el caso la siguiente legislatura puede darle para atrás a cualquier aprobación que hiciere la actual, con el simple trámite de atender alguna “espontánea” demanda ciudadana.
Comprimidos
La diputación plurinominal que el Tribunal Estatal Electoral le entregó al Partido del Trabajo el pasado martes vale oro. Con ella el PT llega a tres, que sumadas a la del PES y a las seis de Morena, esa alianza suma diez, suficientes para impedir la formación de la mayoría calificada, que requiere un mínimo de 18 votos. En otras palabras, sin la participación del bloque Morena-PT-PES no habrá forma de hacer nombramientos como los de magistrados del Supremo Tribunal, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrantes de la Cegaip, etcétera. Claro que al PRD todavía le queda la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de recuperar esa curul, que también la necesita para no verse disminuido a un solo diputado. En la legislatura que termina dentro de un mes tiene cuatro.
Todo apunta a que el inicio del proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento de la Capital va a arrancar hasta el primero de octubre, imponiendo su ley la administración saliente, pero a un terrible costo de romper cualquier posibilidad de relevo civilizado. La ley dispone que dé inicio 45 días naturales antes de la fecha del cambio de ayuntamiento, lo que significa que debería comenzar hoy. Sin embargo, no es posible iniciarlo si alguna de las dos partes no ha notificado formalmente a la ASE la lista de integrantes de su respectiva comisión. Hasta ayer, la administración de Ricardo Gallardo Juárez no había informado nada sobre el particular a la ASE, y puede simplemente hacerse el desentendido hasta que le hagan un extrañamiento (lo cual puede llevar hasta una semana) y entonces solicitar un aplazamiento por cualquier razón que se le ocurra. Sería hasta el inicio de octubre que se le comiencen a aplicar sanciones.
Pero contra lo que pudiera parecer, el retraso que según esto quiere imponer la administración gallardista no es por capricho o ganas de pleito callejero, sino porque realmente cada día que gane le sirve para tratar de poner orden en lo que va a entregar. La explicación de fondo no tiene nada de complicada: se manejaron confiados de ganar la reelección y de alcanzar la gubernatura después. ¿Quién les iba a exigir cuentas antes del 2027?
En el PRI le andan batallando para encontrar quién coordine su disminuida fracción en el Congreso local (4 diputados propios y una que quizá le preste Antorcha). Lo cual suena un tanto raro pues ahí está Martín Juárez, que en su condición de dirigente estatal tricolor seria muy humillante ponerlo bajo la coordinación de otro u otra. Pero bueno, hemos visto cada cosa.
Hasta el próximo jueves.