Desde 1983 los municipios mexicanos han venido incrementado sus atribuciones y recursos que se requieren para la solución de los problemas públicos, ahora son responsables de los servicios públicos básicos (agua potable, recolección de basura, alumbrado público, seguridad pública), así como del desarrollo urbano, además son actores fundamentales en la política de combate a la pobreza; las causas de ello son diversas, van desde la concentración de la población en pequeños espacios, hasta la globalización y el desarrollo tecnológico.
En lo político, desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado iniciaron un proceso de democratización, fueron un espacio político en el cual ingresaron diferentes actores políticos, quienes reconfiguraron la agenda gubernamental municipal; en los últimos años la competencia y alternancia política es una realidad, en cada uno de los municipios del país, los procesos electorales son altamente inciertos, no se sabe quién vaya ser la ganadora o el ganador y la alternancia de partidos políticos es alta en prácticamente todo el país.
La competencia y alternancia política ha generado un incremento de las demandas de acceso de problemas públicos a la agenda gubernamental de los municipios, por tal motivo han tenido que involucrarse en asuntos como medio ambiente, cultura, deporte, desarrollo económico, vivienda, pero sobre todo en las políticas públicas de combate a la pobreza; por lo que los municipios tienen el reto de atender problemas públicos complejos con resultados inmediatos, pero que cuentan con una administración pública que no se ha transformado al mismo ritmo.
Es decir, que el incremento de las responsabilidades y recursos, así como su saturada agenda gubernamental, no ha sido acompañada de nuevos estilos de gestión que generen políticas públicas estables; el diseño institucional del municipio mexicano es para funcionar en el corto plazo, cada tres años y desde 2018 un máximo de seis, por lo que la efectividad de sus políticas públicas es muy baja, generando grandes déficits de gobernabilidad en la solución de los problemas públicos.
Se ha avanzado en el proceso de democratización de los municipios, con pendientes aun de representatividad, pero ha permanecido una administración municipal, cuyos funcionarios y trabajadores son elegidos bajo los criterios de lealtad personal y a cercanía con los presidentes municipales, sus acciones están más orientadas al cumplimiento de un proyecto político de gobierno que la solución de los problemas públicos, por lo que se ha caracterizado por la improvisación y ausencia de capacidades técnicas en la administración de los asuntos públicos.
El diseño legal y político no está diseñado para que los municipios adopten un modelo de gestión sustentado en el servicio civil de carrera, el cual se caracteriza por la especialización técnica, la selección del personal por concursos, el asenso por merito y estabilidad laboral; el modelo mas adecuado sería la profesionalización, que se caracteriza por su flexibilidad, adaptación a cada municipio, comprometido con indicadores de evaluación y con mayor transparencia y rendición de cuentas.
El primer paso para la profesionalización de los municipios es gobernar por políticas públicas, es decir, definiendo situaciones sociales como problemas públicos, focalizados en sectores sociales que compartan la misma necesidad, identificando aquellos instrumentos de intervención gubernamental que atienden sus causas, que es posible monitorearlas mediante indicadores que permiten la transparencia y rendición de cuentas, pero sobretodo que tengan resultados en el corto plazo.
En este estilo de gobernar, la gestión pública municipal se estructura en torno a redes de actores, tanto gubernamentales y sociales, cuya principal característica es que cada uno de ellos aporta recursos para la solución del problema publico; la toma de decisiones es colegiada y por consenso entre diferentes actores que tienen perspectivas e intereses diversos, las políticas son producto de la información técnica de que se dispone para la solución de los problemas, pero también de la perspectiva de los valores de los actores involucrados.
La capacidad se gobernar se mide por la experiencia que tienen las autoridades y funcionarios municipales, en San Luis Potosí para 2017, para el 52 % de los presidentes municipales su ultimo empleo fue su negocio propio, el 69 % tiene menos de tres años en el manejo de los asuntos públicos (véase gráfica), el 56 % tenia nivel de licenciatura, el 74 % menos de tres años de trabajar en la gestión pública; de estos datos se deduce que el principal problema es la inestabilidad en la administración pública municipal.
Por su estructura institucional y política, la profesionalización municipal es un instrumento viable para incrementar la capacidad técnica de los gobiernos municipales, pero también para superar uno de los problemas financieros mas graves que tienen, los laudos laborales, lo cuales son producto de decisiones políticas por parte de quienes terminan una gestión de gobierno municipal; la profesionalización funcionaria por políticas publicas especificas, solucionando con criterios técnicos, la cobertura y calidad de los servicios públicos.
En síntesis, la profesionalización es la decisión de política pública que se requiere para elevar los niveles de eficiencia y eficacia de los gobiernos municipales, es un modelo de gestión que permite superar los criterios de lealtad y cercanía con el presidente municipal, para concentrarse en el conocimiento técnico, en el asenso laboral por el merito de sus resultados laborales, en el monitoreo y evaluación de los resultados, pero sobre todo en la transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas que se implementen para resolver los problemas públicos.
En lo político, desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado iniciaron un proceso de democratización, fueron un espacio político en el cual ingresaron diferentes actores políticos, quienes reconfiguraron la agenda gubernamental municipal; en los últimos años la competencia y alternancia política es una realidad, en cada uno de los municipios del país, los procesos electorales son altamente inciertos, no se sabe quién vaya ser la ganadora o el ganador y la alternancia de partidos políticos es alta en prácticamente todo el país.
La competencia y alternancia política ha generado un incremento de las demandas de acceso de problemas públicos a la agenda gubernamental de los municipios, por tal motivo han tenido que involucrarse en asuntos como medio ambiente, cultura, deporte, desarrollo económico, vivienda, pero sobre todo en las políticas públicas de combate a la pobreza; por lo que los municipios tienen el reto de atender problemas públicos complejos con resultados inmediatos, pero que cuentan con una administración pública que no se ha transformado al mismo ritmo.
Es decir, que el incremento de las responsabilidades y recursos, así como su saturada agenda gubernamental, no ha sido acompañada de nuevos estilos de gestión que generen políticas públicas estables; el diseño institucional del municipio mexicano es para funcionar en el corto plazo, cada tres años y desde 2018 un máximo de seis, por lo que la efectividad de sus políticas públicas es muy baja, generando grandes déficits de gobernabilidad en la solución de los problemas públicos.
Se ha avanzado en el proceso de democratización de los municipios, con pendientes aun de representatividad, pero ha permanecido una administración municipal, cuyos funcionarios y trabajadores son elegidos bajo los criterios de lealtad personal y a cercanía con los presidentes municipales, sus acciones están más orientadas al cumplimiento de un proyecto político de gobierno que la solución de los problemas públicos, por lo que se ha caracterizado por la improvisación y ausencia de capacidades técnicas en la administración de los asuntos públicos.
El diseño legal y político no está diseñado para que los municipios adopten un modelo de gestión sustentado en el servicio civil de carrera, el cual se caracteriza por la especialización técnica, la selección del personal por concursos, el asenso por merito y estabilidad laboral; el modelo mas adecuado sería la profesionalización, que se caracteriza por su flexibilidad, adaptación a cada municipio, comprometido con indicadores de evaluación y con mayor transparencia y rendición de cuentas.
El primer paso para la profesionalización de los municipios es gobernar por políticas públicas, es decir, definiendo situaciones sociales como problemas públicos, focalizados en sectores sociales que compartan la misma necesidad, identificando aquellos instrumentos de intervención gubernamental que atienden sus causas, que es posible monitorearlas mediante indicadores que permiten la transparencia y rendición de cuentas, pero sobretodo que tengan resultados en el corto plazo.
En este estilo de gobernar, la gestión pública municipal se estructura en torno a redes de actores, tanto gubernamentales y sociales, cuya principal característica es que cada uno de ellos aporta recursos para la solución del problema publico; la toma de decisiones es colegiada y por consenso entre diferentes actores que tienen perspectivas e intereses diversos, las políticas son producto de la información técnica de que se dispone para la solución de los problemas, pero también de la perspectiva de los valores de los actores involucrados.
La capacidad se gobernar se mide por la experiencia que tienen las autoridades y funcionarios municipales, en San Luis Potosí para 2017, para el 52 % de los presidentes municipales su ultimo empleo fue su negocio propio, el 69 % tiene menos de tres años en el manejo de los asuntos públicos (véase gráfica), el 56 % tenia nivel de licenciatura, el 74 % menos de tres años de trabajar en la gestión pública; de estos datos se deduce que el principal problema es la inestabilidad en la administración pública municipal.
Por su estructura institucional y política, la profesionalización municipal es un instrumento viable para incrementar la capacidad técnica de los gobiernos municipales, pero también para superar uno de los problemas financieros mas graves que tienen, los laudos laborales, lo cuales son producto de decisiones políticas por parte de quienes terminan una gestión de gobierno municipal; la profesionalización funcionaria por políticas publicas especificas, solucionando con criterios técnicos, la cobertura y calidad de los servicios públicos.
En síntesis, la profesionalización es la decisión de política pública que se requiere para elevar los niveles de eficiencia y eficacia de los gobiernos municipales, es un modelo de gestión que permite superar los criterios de lealtad y cercanía con el presidente municipal, para concentrarse en el conocimiento técnico, en el asenso laboral por el merito de sus resultados laborales, en el monitoreo y evaluación de los resultados, pero sobre todo en la transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas que se implementen para resolver los problemas públicos.