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Miguel R. Valladares García

martes 16 octubre 2018

Músculo institucional

Marco Iván Vargas Cuéllar
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Tengo la profunda convicción que la debilidad institucional de los gobiernos municipales es la causa de los problemas recurrentes que se viven a nivel administrativo, cuyos efectos se perciben en el nivel político, y se sufren en nuestro ámbito cotidiano. Me explico: si usted agrupara las noticias que se han publicado durante los primeros días de Octubre con referencia a los nuevos gobiernos que han entrado en funciones en los 58 municipios que integran nuestro estado, encontrará relatos que se repiten.

Cientos de funcionarios de que se presentan para obtener sus liquidaciones o bien para renovar su relación laboral con el Ayuntamiento, sin que las áreas responsables de recursos humanos puedan localizar los contratos que establecen los términos de la supuesta relación laboral. El desenlace

Usted ya lo conoce, la multiplicación de laudos laborales que representan un serio daño a las fianzas públicas de los municipios. Por otro lado se identifican y documentan liquidaciones de seis cifras (cuyo primer dígito no comienza con 1) para trabajadores eventuales de los que no se puede identificar área de adscripción y/o cuya antigüedad en el puesto no rebasa los tres años. Estulticia y prevaricato everywhere.

Por allá se identifican conductas que podrían tipificarse como inobservancia, incumplimiento o violaciones a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Esta ley se promulgó hace unos meses, precisamente, para prevenir el fenómeno de los posibles daños administrativos que pudieran generarse con el cambio de gobierno. Sí, es ley nueva, pero hasta en la cantina se sabe que ignorantia legis neminem excusat.

Las personas responsables de las tesorerías municipales van descubriendo la preocupante realidad: no hay recursos suficientes para terminar el año, empezando por el temido capítulo 1000 de Servicios Personales así como la disponibilidad de recursos, insumos y materiales para poder cumplir con las obligaciones que la Constitución le confiere a las administraciones municipales. Además de esto, la inexperiencia en administración pública de personas designadas en mandos medios y superiores se traduce en una curva de aprendizaje que paga costos de oportunidad: sería conveniente que la población suspenda sus necesidades mientras algunos administradores van desarrollando conocimientos y habilidades para cumplir con su labor.

El argumento es simple. Una administración sólida cuenta con mecanismos y procedimientos que no son vulnerables ante los cambios de gobierno.

Quisiera no tener la oportunidad de reciclar esta redacción dentro de tres, seis o nueve años.

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia de que la reelección y la existencia de un servicio profesional de carrera pueden prevenir estos problemas. Sin embargo, nos encontramos en presencia de un asunto del que poco o nada se discutió durante las campañas proselitistas: fortalecer las capacidades institucionales de los ayuntamientos. Esto implica desarrollar la fuerza (el músculo) administrativo que materializa la voluntad política. Entiendo que esta bandera no arranca el apoyo del público que, apoteósico, vitorea la llegada de un(a) nuevo(a) gobernante. Pero también advierto que quien ignora la agenda del fortalecimiento de las instituciones, quizás espera resultados por generación espontánea.

¿Y sabe qué? Fortalecer las capacidades institucionales cuesta dinero. Pero es como en la educación: cuesta más caro no tenerla.

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