¡Picha, niña, coño!
Oscar Jaenada.
Una transformación positiva del binomio seguridad y justicia, ¿Será posible por fin en el próximo ciclo del 2018 al 2024?
Mire, quien esto escribe tiene larga data en el tema, entre objetivos, estrategias, prioridades y tecnicismos, he coexistido con planes, programas y propósitos. Les pongo un ejemplo, el análisis estructural que se hizo de la seguridad pública en el PND 1995-2000. Cualquier semejanza con el presente, es mera coincidencia.
Cito: “A lo largo y ancho del país, los mexicanos han expresado su preocupación por la creciente inseguridad pública a que se enfrentan en la vida cotidiana. A diario se cometen actos ilícitos que perturban la paz y la tranquilidad sociales, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias y, en no pocas ocasiones, lesionan irreparablemente la integridad e incluso la vida de muchos mexicanos. Cuando estos delitos no se resuelven conforme a la ley, se quebranta seriamente el Estado de Derecho. También hay que reconocer que existe una franca desconfianza hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos casos, es evidente un desempeño policial falto de método, técnica, ética y compromiso. Afortunadamente, México cuenta también con policías que cumplen con eficacia y honestidad sus responsabilidades, arriesgando muchas veces su propia vida. En el ámbito de la seguridad pública, es evidente la falta de una debida capacitación y de una remuneración adecuada, así como la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación policial entre los tres órdenes de gobierno. A su vez, las acciones de los cuerpos de seguridad pública se han enfocado más a combatir los delitos consumados que a adoptar medidas de prevención. Por su parte, la sociedad, al percibir el incremento de la inseguridad y su relación con las ineficiencias, desviaciones y tolerancia de las instituciones de seguridad pública, ha optado por alejarse de las mismas por desconfianza o por temor”.
Hoy, veintitrés años después, el próximo gobierno federal considera que el problema de la inseguridad en nuestro país, entre otros, es una cuestión de poner orden a los cuerpos de seguridad; contar con prioridades presupuestales para mejorar las condiciones socioeconómicas; generar un programa emergente de capacitación y profesionalización para formar cuadros rápidamente y así poder retirar paulatinamente a las fuerzas armadas de las labores de seguridad.
Por otro lado, ONG en sus Mesas de Seguridad y Justicia con expertos en el tema han propuesto: “Transformar al Consejo de Seguridad Nacional en un Consejo de Seguridad y Justicia del Estado Mexicano; Creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana; Operación de un Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional, Rediseñar al Secretariado Ejecutivo del SNSP; Instauración de una Inspectoría Nacional Policial; Establecer un Instituto Nacional de Policía, Custodia y Guarda Penitenciaría; Creación de un Sistema Nacional de Prevención y Vinculación Ciudadana, así como una Reforma Integral del Sistema Penitenciario”.
TAPANCO: Por mi parte reflexiono, que se tiene que dejar de ver estrictamente la inseguridad y la justicia como problemas con soluciones y resoluciones desde la federación; el problema es local, en tanto no haya un costo político y/o consecuencias para Presidentes Municipales y Gobernadores en materia de inseguridad e injusticia, las cosas seguirán igual, o tal vez peor. Simplemente el año pasado, se cometierón 156 mil delitos del orden federal, contra más de un millón 800 mil delitos de competencia local.
Francisco.soni@uaslp.mx
Oscar Jaenada.
Una transformación positiva del binomio seguridad y justicia, ¿Será posible por fin en el próximo ciclo del 2018 al 2024?
Mire, quien esto escribe tiene larga data en el tema, entre objetivos, estrategias, prioridades y tecnicismos, he coexistido con planes, programas y propósitos. Les pongo un ejemplo, el análisis estructural que se hizo de la seguridad pública en el PND 1995-2000. Cualquier semejanza con el presente, es mera coincidencia.
Cito: “A lo largo y ancho del país, los mexicanos han expresado su preocupación por la creciente inseguridad pública a que se enfrentan en la vida cotidiana. A diario se cometen actos ilícitos que perturban la paz y la tranquilidad sociales, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias y, en no pocas ocasiones, lesionan irreparablemente la integridad e incluso la vida de muchos mexicanos. Cuando estos delitos no se resuelven conforme a la ley, se quebranta seriamente el Estado de Derecho. También hay que reconocer que existe una franca desconfianza hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos casos, es evidente un desempeño policial falto de método, técnica, ética y compromiso. Afortunadamente, México cuenta también con policías que cumplen con eficacia y honestidad sus responsabilidades, arriesgando muchas veces su propia vida. En el ámbito de la seguridad pública, es evidente la falta de una debida capacitación y de una remuneración adecuada, así como la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación policial entre los tres órdenes de gobierno. A su vez, las acciones de los cuerpos de seguridad pública se han enfocado más a combatir los delitos consumados que a adoptar medidas de prevención. Por su parte, la sociedad, al percibir el incremento de la inseguridad y su relación con las ineficiencias, desviaciones y tolerancia de las instituciones de seguridad pública, ha optado por alejarse de las mismas por desconfianza o por temor”.
Hoy, veintitrés años después, el próximo gobierno federal considera que el problema de la inseguridad en nuestro país, entre otros, es una cuestión de poner orden a los cuerpos de seguridad; contar con prioridades presupuestales para mejorar las condiciones socioeconómicas; generar un programa emergente de capacitación y profesionalización para formar cuadros rápidamente y así poder retirar paulatinamente a las fuerzas armadas de las labores de seguridad.
Por otro lado, ONG en sus Mesas de Seguridad y Justicia con expertos en el tema han propuesto: “Transformar al Consejo de Seguridad Nacional en un Consejo de Seguridad y Justicia del Estado Mexicano; Creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana; Operación de un Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional, Rediseñar al Secretariado Ejecutivo del SNSP; Instauración de una Inspectoría Nacional Policial; Establecer un Instituto Nacional de Policía, Custodia y Guarda Penitenciaría; Creación de un Sistema Nacional de Prevención y Vinculación Ciudadana, así como una Reforma Integral del Sistema Penitenciario”.
TAPANCO: Por mi parte reflexiono, que se tiene que dejar de ver estrictamente la inseguridad y la justicia como problemas con soluciones y resoluciones desde la federación; el problema es local, en tanto no haya un costo político y/o consecuencias para Presidentes Municipales y Gobernadores en materia de inseguridad e injusticia, las cosas seguirán igual, o tal vez peor. Simplemente el año pasado, se cometierón 156 mil delitos del orden federal, contra más de un millón 800 mil delitos de competencia local.
Francisco.soni@uaslp.mx