Mario E. Ibarra Cortés / Política y Administración pública
Actualmente en San Luis Potosí los procesos de Gobierno Abierto tiene como objetivo crear las condiciones que permitan la inserción de los diferentes actores de la sociedad, en los procesos que conlleva a la exigencia de los actores gubernamentales, cada vez mas comprometidos con la rendición de cuentas y el ejercicio responsable de los recursos públicos, tal y como lo propuesto por el Ejecutivo del Estado, sobre el nuevo Sistema Anticorrupción, que adecua e incorpora con visión de futuro estas exigencias que se ven traducidas en una figura conocida como la Fiscalia Anticorrupción.
Bajo esta lógica, la apertura del gobierno estatal deberá ser visto ahora como facilitador, a diferencia del pasado a los que se les consideraba como omnipresentes y planificadores de la sociedad, en donde ésta, es entendida como un conjunto de actores en interacción social, política y económica con capacidad de interactuar en la acción de los asuntos de política pública, en un contexto de configuración organizacional caracterizadas por la pluralidad y dinamicidad de la sociedad civil que exige cada vez con más impetu gobiernos abiertos que faciliten la rendición de cuentas y el castigo a través de políticas públicas que combatan la corrupción, un mal endémica no solo de nuestro país, sino arraigado en el resto del mundo en sus diferentes niveles.
Con estos cambios a la normativa tradiconal, los gobiernos locales deben de reconfigurar sus capacidades institucionales de acción pública para adaptarse a estas transformaciones caracterizadas por el incremento de la comunicación entre las personas, las organizaciones, las comunidades y los gobiernos que deberan atender la nueva legislación anticorrupción.
Estos cambios acelerados y contrapesos obligan a la innovación e incorpación de nuevos sitemas de gestión a las agendas gubernamentales en las que consideren el rediseño de las instituciones y el mejoramiento de las estructuras y procesos organizacionales que den cuenta tanto de los viejos y nuevos problemas que deben de atenderse.
Por lo tanto, el gobierno del estado de la mano con la sociedad, debera dinamizar esquemas que han dejado de ser eficaces y que dan pauta a reordenar y reformar los patrones de su comportamiento organizacional de estructuras gubernamentales cada vez más horizontales, redes con diversos actores, y a la necesidad de redefinir procesos propios de la eficiencia y legitimidad gubernamental.
De este modo, el proceso de reconfiguración estatal es producto del cambio en y desde la sociedad, en donde se asocian para la cohesión política y pública, tomando en cuenta la voz y la organización de las instancias sociales y ciudadanas, que se vera capitalizado en el Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.
meic2003@hotmail.com
Actualmente en San Luis Potosí los procesos de Gobierno Abierto tiene como objetivo crear las condiciones que permitan la inserción de los diferentes actores de la sociedad, en los procesos que conlleva a la exigencia de los actores gubernamentales, cada vez mas comprometidos con la rendición de cuentas y el ejercicio responsable de los recursos públicos, tal y como lo propuesto por el Ejecutivo del Estado, sobre el nuevo Sistema Anticorrupción, que adecua e incorpora con visión de futuro estas exigencias que se ven traducidas en una figura conocida como la Fiscalia Anticorrupción.
Bajo esta lógica, la apertura del gobierno estatal deberá ser visto ahora como facilitador, a diferencia del pasado a los que se les consideraba como omnipresentes y planificadores de la sociedad, en donde ésta, es entendida como un conjunto de actores en interacción social, política y económica con capacidad de interactuar en la acción de los asuntos de política pública, en un contexto de configuración organizacional caracterizadas por la pluralidad y dinamicidad de la sociedad civil que exige cada vez con más impetu gobiernos abiertos que faciliten la rendición de cuentas y el castigo a través de políticas públicas que combatan la corrupción, un mal endémica no solo de nuestro país, sino arraigado en el resto del mundo en sus diferentes niveles.
Con estos cambios a la normativa tradiconal, los gobiernos locales deben de reconfigurar sus capacidades institucionales de acción pública para adaptarse a estas transformaciones caracterizadas por el incremento de la comunicación entre las personas, las organizaciones, las comunidades y los gobiernos que deberan atender la nueva legislación anticorrupción.
Estos cambios acelerados y contrapesos obligan a la innovación e incorpación de nuevos sitemas de gestión a las agendas gubernamentales en las que consideren el rediseño de las instituciones y el mejoramiento de las estructuras y procesos organizacionales que den cuenta tanto de los viejos y nuevos problemas que deben de atenderse.
Por lo tanto, el gobierno del estado de la mano con la sociedad, debera dinamizar esquemas que han dejado de ser eficaces y que dan pauta a reordenar y reformar los patrones de su comportamiento organizacional de estructuras gubernamentales cada vez más horizontales, redes con diversos actores, y a la necesidad de redefinir procesos propios de la eficiencia y legitimidad gubernamental.
De este modo, el proceso de reconfiguración estatal es producto del cambio en y desde la sociedad, en donde se asocian para la cohesión política y pública, tomando en cuenta la voz y la organización de las instancias sociales y ciudadanas, que se vera capitalizado en el Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.
meic2003@hotmail.com