Como es por todos sabido, el Presidente López Obrador ha anunciado su estrategia anticrimen dentro del llamado “Plan Nacional de Paz y Seguridad”, de la cual se puede destacar que abre el debate a la despenalización en el consumo de ciertas drogas, reconociendo que uno de los factores de la incidencia en la violencia, son los mercados internos que desde la clandestinidad operan; así mismo, otro de sus ejes es la urgente necesidad de rescatar el sistema en el que operan los reclusorios del país, los cuales, sin duda han dejado de cumplir la finalidad de reinserción social, y la gran mayoría se encuentra en manos de la propia delincuencia.
Empero, el punto más polémico es la creación de la llamada “Guardia Nacional”, y esto en razón del matiz militarizado en el que se le ha concebido, desde luego, que el tema es merecedor de algunas reflexiones del de la voz, primeramente, el anuncio coincidió con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nulificar la llamada “Ley de Seguridad Interior” (propuesta por Peña Nieto), misma que buscaba legalizar las funciones de los militares en operaciones de seguridad pública, el argumento judicial fue contundente, las autoridades civiles no pueden eludir esta obligación gubernamental.
Pues bien, la problemática jurídica sólo podría ser resuelta con una Reforma a la Constitución del País, lo cual, no únicamente es cuestión de mayorías parlamentarias (que Morena las posee), sino que sería de suyo anacrónico al diálogo jurisprudencial que en el mundo y el continente es corriente dominante (Comité de DDHH de la ONU, Corte Interamericana de DDHH, etc), esto es, la milicia debe reducir sus espacios de funcionamiento y operación dentro de las sociedades democráticas, o interferir en las tareas de las autoridades civiles.
No obstante, tampoco debiéramos ignorar argumentos fácticos, en México simple y sencillamente no tenemos una Policía confiable ni capacitada, sobre todo, para responder a una violencia ocasionada de manera organizada, y me temo que tampoco ante la delincuencia común ¿por qué? pues no ha habido la mínima voluntad política para que esto suceda, sino lo contrario, nuestras autoridades civiles –del nivel que sean, federales, estatales o municipales- han sacado provecho de la colusión con los criminales, es decir, si no existe una policía civil confiable es, en gran medida, por la corrupción política.
Hace 12 años que Felipe Calderón Hinojosa decidió iniciar la “guerra al narco”, que costó 300 mil asesinados/as, 30 mil desparecidos/as, y más de 200 mil desplazados/as, y ¿en esa década no fue el gobierno federal capaz de crear una policía nacional confiable y capaz? Hoy sabemos, que la policía federal ha de desaparecer, y que de sus elementos sólo se rescatarán al 50% de ellos, pues, la otra mitad no se dedicaba a funciones de prevención al delito.
El otro gran fracaso, lo ha sido la Política local de Prevención al Delito, casi 300 mil efectivos son estatales y municipales, el doble de lo que será la Guardia Nacional, aquí tampoco hemos visto una voluntad política real.
Veamos, por ejemplo, en San Luis Potosí existe un evidente déficit de efectivos policíacos, de los casi 8 mil efectivos hace cinco años, hoy sólo quedan 7500, es decir, plaza que se pierde no se recupera, ya no digamos crecer, por ello, no se entiende como la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones haya prescindido de la mitad de los efectivos municipales, si los delitos aumentan serán responsabilidad de una decisión política.
Otro ejemplo en la localidad, lo da la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues, de los egresados de su academia en la clase de 2016, de 75 egresados a ninguno se incorporó a la corporación, en los demás años sólo se contrata a menos de la mitad (Pulso, 22/11/18), entonces es imposible llegar a niveles óptimos de cobertura policial.
Hay que decir, que también vemos con preocupación, por varias razones, al operativo “antialcohol” del Ayuntamiento de SLP, la primera es de corte eficientista ¿Por qué destinar operativos policiacos en zonas residenciales y no en las colonias de la periferia que es donde ocurren diariamente las ejecuciones?, la segunda es la casualidad, si en verdad no es “recaudatorio” ¿Por qué instalarlo en época de aguinaldos? Mucho trabajo debería tener la Coordinación Municipal de DDHH para vigilar las condiciones en que se implementa este operativo.
Pero la razón más importante es que el operativo “antialcohol” es una respuesta demasiado sesgada a la problemática, pues sólo se sanciona al consumidor, mientras que los vendedores (antreros) siguen vendiendo grandes cantidades de alcohol, además, carece de un enfoque “integral”, ya que, aparejado debería prestarse medios alternos a los conductores como el uso de taxis, pero necesariamente, estos debería cobrar la mitad del costo del pasaje –impensable- como lo es, también un programa complementario de “taxi seguro”.
Sin voluntad de los políticos locales en la prevención del delito, el retiro de los militares se ve, lamentablemente, cada vez más lejano.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
Empero, el punto más polémico es la creación de la llamada “Guardia Nacional”, y esto en razón del matiz militarizado en el que se le ha concebido, desde luego, que el tema es merecedor de algunas reflexiones del de la voz, primeramente, el anuncio coincidió con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nulificar la llamada “Ley de Seguridad Interior” (propuesta por Peña Nieto), misma que buscaba legalizar las funciones de los militares en operaciones de seguridad pública, el argumento judicial fue contundente, las autoridades civiles no pueden eludir esta obligación gubernamental.
Pues bien, la problemática jurídica sólo podría ser resuelta con una Reforma a la Constitución del País, lo cual, no únicamente es cuestión de mayorías parlamentarias (que Morena las posee), sino que sería de suyo anacrónico al diálogo jurisprudencial que en el mundo y el continente es corriente dominante (Comité de DDHH de la ONU, Corte Interamericana de DDHH, etc), esto es, la milicia debe reducir sus espacios de funcionamiento y operación dentro de las sociedades democráticas, o interferir en las tareas de las autoridades civiles.
No obstante, tampoco debiéramos ignorar argumentos fácticos, en México simple y sencillamente no tenemos una Policía confiable ni capacitada, sobre todo, para responder a una violencia ocasionada de manera organizada, y me temo que tampoco ante la delincuencia común ¿por qué? pues no ha habido la mínima voluntad política para que esto suceda, sino lo contrario, nuestras autoridades civiles –del nivel que sean, federales, estatales o municipales- han sacado provecho de la colusión con los criminales, es decir, si no existe una policía civil confiable es, en gran medida, por la corrupción política.
Hace 12 años que Felipe Calderón Hinojosa decidió iniciar la “guerra al narco”, que costó 300 mil asesinados/as, 30 mil desparecidos/as, y más de 200 mil desplazados/as, y ¿en esa década no fue el gobierno federal capaz de crear una policía nacional confiable y capaz? Hoy sabemos, que la policía federal ha de desaparecer, y que de sus elementos sólo se rescatarán al 50% de ellos, pues, la otra mitad no se dedicaba a funciones de prevención al delito.
El otro gran fracaso, lo ha sido la Política local de Prevención al Delito, casi 300 mil efectivos son estatales y municipales, el doble de lo que será la Guardia Nacional, aquí tampoco hemos visto una voluntad política real.
Veamos, por ejemplo, en San Luis Potosí existe un evidente déficit de efectivos policíacos, de los casi 8 mil efectivos hace cinco años, hoy sólo quedan 7500, es decir, plaza que se pierde no se recupera, ya no digamos crecer, por ello, no se entiende como la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones haya prescindido de la mitad de los efectivos municipales, si los delitos aumentan serán responsabilidad de una decisión política.
Otro ejemplo en la localidad, lo da la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues, de los egresados de su academia en la clase de 2016, de 75 egresados a ninguno se incorporó a la corporación, en los demás años sólo se contrata a menos de la mitad (Pulso, 22/11/18), entonces es imposible llegar a niveles óptimos de cobertura policial.
Hay que decir, que también vemos con preocupación, por varias razones, al operativo “antialcohol” del Ayuntamiento de SLP, la primera es de corte eficientista ¿Por qué destinar operativos policiacos en zonas residenciales y no en las colonias de la periferia que es donde ocurren diariamente las ejecuciones?, la segunda es la casualidad, si en verdad no es “recaudatorio” ¿Por qué instalarlo en época de aguinaldos? Mucho trabajo debería tener la Coordinación Municipal de DDHH para vigilar las condiciones en que se implementa este operativo.
Pero la razón más importante es que el operativo “antialcohol” es una respuesta demasiado sesgada a la problemática, pues sólo se sanciona al consumidor, mientras que los vendedores (antreros) siguen vendiendo grandes cantidades de alcohol, además, carece de un enfoque “integral”, ya que, aparejado debería prestarse medios alternos a los conductores como el uso de taxis, pero necesariamente, estos debería cobrar la mitad del costo del pasaje –impensable- como lo es, también un programa complementario de “taxi seguro”.
Sin voluntad de los políticos locales en la prevención del delito, el retiro de los militares se ve, lamentablemente, cada vez más lejano.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.