Fundador:
Miguel R. Valladares García

viernes 14 diciembre 2018

Pendientes de política pública

José Santos Zavala
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La política pública es una decisión política con sustento técnico, que expresa los valores del sistema político local; son las respuestas de los actores políticos a los problemas de la sociedad; son producto de una pluralidad de actores empoderados por la sociedad mediante los procesos electorales; los argumentos técnicos de estas decisiones se generan en la administración pública, su discusión política se da en el legislativo, por lo que para las políticas públicas es de gran importancia que en él estén presentes todas la ideologías políticas.

El avance democrático de San Luis Potosí, producto del pasado proceso electoral es innegable, la participación electoral alcanzó el 62.43 %, la presencia efectiva de los partidos políticos en el congreso pasó del 2.99% en 2009 al 4.12% en 2018, el empoderamiento pasó del 15 % al 44 % en 2018; en 37 de los 58 municipios habrá alternancia política; esto ha generado el empoderamiento de nuevos actores, los cuales se suman al debate de los problemas públicos locales.

En San Luis Potosí la corrupción, inseguridad, pobreza laboral, desigualdad social, dependencia financiera, baja productividad y economía informal son asuntos sociales que obscurecen el avance democrático del sistema político local logrado en 2018; estas situaciones sociales necesitan ser definidas como problemas públicos por los diversos actores políticos, requieren pasar de la agenda pública a la agenda gubernamental, se necesita una discusión amplia, plural e incluyente para que se diseñen intervenciones gubernamentales.

Con respecto a la corrupción, a nivel nacional, según Inegi, los costos de corrupción se estiman en 7,218 millones de pesos, siendo 2,273 pesos promedio por persona, en San Luis Potosí es de 5,200 pesos para 2017, siendo junto con Michoacán y Nayarit, los costos más altos en materia de corrupción en el país, motivo por el cual se requiere una transformación institucional en el Estado para que se desintegren las redes de corrupción dominantes, que han llevado a San Luis Potosí a estar en el centro de la atención pública nacional.

Para el segundo trimestre de 2018 en San Luis Potosí, el 48% del ingreso laboral que percibe una persona, no es suficiente para alimentar a todos los miembros de su familia; esta situación es solo una de las múltiples causas por la cual el Estado se ubica en el quinto lugar en materia de desigualdad, solo superado por Yucatán, Oaxaca, Campeche y Chiapas.

Por ello se requieren generar las condiciones para que quienes menos tienen, logren tener acceso a la movilidad social, a la educación, la salud y el empleo, que son instrumentos prioritarios de política pública para lograr erradicar la desigualdad.

En lo económico, el 47 % de los potosinos trabaja en la economía informal, motivo por el cual no paga impuestos, hay poca estabilidad laboral, con ello se detiene el crecimiento económico y se impulsa la desigualdad social, motivo por el cual se requiere simplificar el pago de impuestos, generar incentivos a la economía formal, fortalecer a la pequeña y mediana empresa, incrementar la calidad de la mano de obra, la cual en San Luis Potosí, produce 200 pesos por hora, estando lejos de Campeche donde se producen 700 pesos.

El diseño de políticas focalizadas en los problemas públicos de San Luis Potosí, requieren no solo de una definición colectiva, sino también de una administración pública eficiente, sustentada en tres pilares fundamentales: 1) transparencia en cuanto al uso y destino de los recursos públicos, 2) profesionalizada en cuanto a funcionarios y trabajadores de la administración pública, y 3) generación de recursos financieros propios (véase siguiente gráfica), que le permitan incrementar su autonomía en la toma de decisiones de política pública.

 

En este sentido, según el índice de información presupuestal estatal 2018 de Imco, San Luis Potosí se ubica en un nivel bajo de cumplimiento en materia de transparencia, solo superado por los Estados de Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, por lo que en la sociedad potosina no se puede saber, de manera precisa y en tiempo real, en qué se usan los recursos públicos, lo que genera niveles bajos de credibilidad y participación social en el diseño, implementación y evaluación de las políticas publicas locales.

Un área crítica en la administración pública de San Luis Potosí es la dependencia financiera que tiene el Estado de los recursos del gobierno federal, la cual pasó del 86 % en 1989 al 90 % en 2017, esto significa que la toma de decisiones de política pública están sujetas a las reglas de operación de los programas gubernamentales diseñados desde el gobierno federal, por ello el principal reto en materia de finanzas públicas es generar recursos propios para una toma de decisiones de política pública que responda a las necesidades de la sociedad local.

Una administración pública profesionalizada con capacidad de diseño de políticas públicas, requiere un proceso de selección de personal mediante un reclutamiento público, abierto a los profesionales de cada área de la gestión pública; es necesario que el acceso a la administración púbica ya no sea por recomendación política, por el uso de la palanca, la cual no solo es una manifestación de la corrupción, sino una de las principales causas de la existencia de una administración pública ineficaz.

Las condiciones de pluralidad de actores en el congreso de San Luis Potosí están dadas para que haya un debate en torno a la definición de los problemas públicos y convertirlos en intervenciones gubernamentales eficaces, por lo que el ejecutivo tiene el reto de conformar una administración transparente y que rinda cuentas, profesionalizada para el diseño de políticas públicas de calidad, sustentadas en información y evidencia empírica, esperemos que haya voluntad en los actores que conforman el sistema político local para hacerlo de manera inmediata y con resultados en el corto plazo.

@jszslp

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