Plan con maña

“En política nunca nada pasa 

por accidente. Si pasa, puedes apostar que así se planeó”.

Franklin D. Roosevelt

El presidente López Obrador y sus seguidores han expresado su enojo ante la Suprema Corte. La acusan de violar la división de poderes, de ser corrupta y conservadora, de estar podrida. La ira, sin embargo, parece un plan con maña. 

Es difícil creer que los abogados de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación sean tan ignorantes que no se hayan dado cuenta de que violar los procedimientos parlamentarios podía llevar a la invalidación de las reformas del plan B. En varias ocasiones la Corte ha anulado leyes aprobadas sin respetar las reglas parlamentarias. Apenas el 29 de agosto de 2022, por ejemplo, anuló por unanimidad las reformas a la Ley de Radio y Televisión de Enrique Peña Nieto de 2017, y eso que las violaciones al procedimiento no fueron tan abiertas ni tan graves como las del plan B. 

Quienes dieron seguimiento a las jornadas del 6 de diciembre de 2022 en la Cámara de Diputados, del 25 al 26 de abril de 2023 en Diputados y del 28 al 29 de abril en el Senado saben que hubo instrucciones para violar las normas parlamentarias. No era suficiente que las iniciativas incluyeran disposiciones inconstitucionales: había una decisión concreta de dispensar trámites sin justificar razones y de no dar tiempo a los legisladores siquiera para leer las iniciativas. 

El presidente pudo haber ordenado a sus bancadas que aprobaran todas las iniciativas con el debido respeto a los procedimientos parlamentarios. Tenía las mayorías para hacerlo, pero no: quería que el tema llegara a la Suprema Corte para lanzar una nueva ofensiva contra el único poder que no controla. Por eso se antoja falsa la indignación del mandatario, quien ayer declaró: “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo. Al Poder Ejecutivo lo elige al pueblo. Al Poder Legislativo, lo mismo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores, que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación., deciden que una ley no es válida”. 

En realidad, la Suprema Corte solo ha obstaculizado acciones abiertamente contrarias a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. La violación de las normas parlamentarias llevó a la invalidación de las dos primeras leyes del plan B. No es la primera vez, sin embargo, que AMLO quebranta leyes para provocar una reacción. Ya he narrado en este espacio cómo en el desacato de 2001, cuando López Obrador era jefe de gobierno, su equipo de abogados hizo todo lo posible por perder el caso de El Encino y provocar la declaratoria de desacato. Ayer el presidente descalificó a los ministros Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán, “sus altezas serenísimas” los llamó: “Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo con estos retrógradas, conservadores, salinistas”. Prefirió olvidar que Pérez Dayán fue el único magistrado que votó contra la declaratoria de desacato en 2001. 

La intención del presidente ahora es destruir la independencia de la Suprema Corte. Por eso la ha querido convertir en uno más de sus villanos de caricatura. Esa es la razón por la que afirma que no le vengan “con el cuento de que la ley es la ley”. Por eso aspira a tener tribunales sometidos al ejecutivo. Lo que hoy le parece adecuado porque es presidente, sin embargo, le hubiera resultado inaceptable cuando estaba en la oposición. 

Derechos

“¡Que los ministros los elija el pueblo!”, afirmó ayer el presidente. De nada nos sirve, sin embargo, tener otro nivel de políticos que buscan cargos prodigando promesas imposibles de cumplir. Necesitamos, en cambio, un poder que cuide que las acciones de los políticos respetan los derechos de todos los ciudadanos. 

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