“En este año 161 representantes
del orden y 112 políticos, asesinados”
Ser un oficial encargado de hacer cumplir las leyes en nuestro país y/o político se está convirtiendo en una actividad formalmente mortal, no tanto por el fuego enemigo, sino por el posible fuego amigo.
Mal vistos por la sociedad, totalmente desprotegidos por sus instituciones y partidos políticos, así como escases de procedimientos, protocolos o normas de actuación que les permitan un cobijo de autoprotección y de respuesta institucional ante agresiones y homicidios, que les auxilien o faciliten la prevención y reacción, causa que los abatan impunemente.
Negligencia y complicidad se entrelazan en una maraña difícil de investigar objetiva e integralmente para saber y reconocer que la mayoría de las veces, las agresiones y homicidios no vienen de enemigos reales, sino de “amigos” enquistados en las instituciones, por lo que el deslinde de responsabilidades se torna complejo y con una fuerte dosis de impunidad.
Proceder como Serpico o Tomas Moro, no parece ser una estrategia segura. Se han desgarrado las vestiduras por certificar y acreditar a elementos de seguridad a diestra y siniestra y a tratar de filtrar candidatos a políticos, pero lo que no se ha hecho es certificar y acreditar a sus instituciones como tal.
Las instituciones políticas junto con las de seguridad y justicia en una sociedad como la nuestra, incipiente en procesos democráticos no han alcanzado distanciarse profesionalmente las unas de las otras y han transitado a través de los años de la mano perversamente. Como aquel matrimonio que no se despedaza, no porque no se quiera, sino porque se saben tanto uno del otro que es preferible seguir dándose la mano. “No los une el amor sino el espanto; será por eso que se quieren tanto”, (una sincera disculpa por la irreverente metamorfosis del poema -Buenos Aires- de Borges).
La confianza en estas instituciones o actores de la sociedad, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental -ENCIG 2017-, el 17.4% identifica a los partidos políticos en el último lugar de aceptación y confianza y a las policías con un 29.8%. Difícilmente se puede no relacionar a estos dos actores en su transitar, los políticos mexicanos han hecho a las instituciones de seguridad y justicia a su imagen y semejanza, ambas no son profesionales, no son democráticas, no son transparentes y tampoco rinden cuentas.
¿Sabrían los policías de Amozoc Puebla, la relación de los políticos locales con los huachicoleros? ¿O la de algunos de sus compañeros con la mafia del hidrocarburo?
Cuando Usted estimado lector, ve a un policía cansado, una patrulla sucia y descompuesta, lo ve con un uniforme raído, o un misterio público, perito, un juez de control, que son corruptos; lo que está viendo es la dependencia brutal de decisiones estrictamente políticas, ellos (los políticos) son los responsables; los oficiales encargados de hacer cumplir la ley, no se mandan solos.
Han “trabajado” juntos desde siempre, a algunos les sale bien y a otros les sale mal el amasiato. Unos son asesinados otros están encarcelados por los mismos de su especie, en ese compromiso tácito político-operativo de ambos inseparable. Veracruz es un claro ejemplo, el Gobernador detenido, el Fiscal General, el Director de Averiguaciones Previas, el Secretario de Seguridad Pública, el Director de Fuerza Civil junto con doce policías de menor rango, el Director de Servicios Periciales y la Delegada regional de la Policía Ministerial, y otros que andan de fuga. Más otros políticos estatales con fuero y con amparo en la mano.
La relación de estos actores sin legitimidad, los ha llevado tristemente a la muerte y a las desapariciones conjuntas, las decisiones políticas en materia de seguridad tienen un costo como las económicas, o peor, es necesario y urgente una sujeción ecuánime entre los políticos y los oficiales de seguridad y justicia, para que ambos respondan por sus hechos y acciones en forma responsable.
TAPANCO: Irrelevante que haya un honesto oficial encargado de la seguridad y la justicia con doble certificación y con estudios de posgrado, si va a recibir órdenes de un político (a), con disfunción neuronal o alta dosis criminal. “La Alcaldesa de Peñamiller Qro., tuvo la brillante idea de utilizar a los policías municipales como albañiles para construir su sede policial, la obra está a medias, pero cuando va el Gobernador de visita todos agarran cuchara, palas y carretillas, pa la foto”. Así, la seguridad y la justicia, preferentemente se conciben políticamente y luego operativamente.
Francisco.soni@uaslp.mx
del orden y 112 políticos, asesinados”
Ser un oficial encargado de hacer cumplir las leyes en nuestro país y/o político se está convirtiendo en una actividad formalmente mortal, no tanto por el fuego enemigo, sino por el posible fuego amigo.
Mal vistos por la sociedad, totalmente desprotegidos por sus instituciones y partidos políticos, así como escases de procedimientos, protocolos o normas de actuación que les permitan un cobijo de autoprotección y de respuesta institucional ante agresiones y homicidios, que les auxilien o faciliten la prevención y reacción, causa que los abatan impunemente.
Negligencia y complicidad se entrelazan en una maraña difícil de investigar objetiva e integralmente para saber y reconocer que la mayoría de las veces, las agresiones y homicidios no vienen de enemigos reales, sino de “amigos” enquistados en las instituciones, por lo que el deslinde de responsabilidades se torna complejo y con una fuerte dosis de impunidad.
Proceder como Serpico o Tomas Moro, no parece ser una estrategia segura. Se han desgarrado las vestiduras por certificar y acreditar a elementos de seguridad a diestra y siniestra y a tratar de filtrar candidatos a políticos, pero lo que no se ha hecho es certificar y acreditar a sus instituciones como tal.
Las instituciones políticas junto con las de seguridad y justicia en una sociedad como la nuestra, incipiente en procesos democráticos no han alcanzado distanciarse profesionalmente las unas de las otras y han transitado a través de los años de la mano perversamente. Como aquel matrimonio que no se despedaza, no porque no se quiera, sino porque se saben tanto uno del otro que es preferible seguir dándose la mano. “No los une el amor sino el espanto; será por eso que se quieren tanto”, (una sincera disculpa por la irreverente metamorfosis del poema -Buenos Aires- de Borges).
La confianza en estas instituciones o actores de la sociedad, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental -ENCIG 2017-, el 17.4% identifica a los partidos políticos en el último lugar de aceptación y confianza y a las policías con un 29.8%. Difícilmente se puede no relacionar a estos dos actores en su transitar, los políticos mexicanos han hecho a las instituciones de seguridad y justicia a su imagen y semejanza, ambas no son profesionales, no son democráticas, no son transparentes y tampoco rinden cuentas.
¿Sabrían los policías de Amozoc Puebla, la relación de los políticos locales con los huachicoleros? ¿O la de algunos de sus compañeros con la mafia del hidrocarburo?
Cuando Usted estimado lector, ve a un policía cansado, una patrulla sucia y descompuesta, lo ve con un uniforme raído, o un misterio público, perito, un juez de control, que son corruptos; lo que está viendo es la dependencia brutal de decisiones estrictamente políticas, ellos (los políticos) son los responsables; los oficiales encargados de hacer cumplir la ley, no se mandan solos.
Han “trabajado” juntos desde siempre, a algunos les sale bien y a otros les sale mal el amasiato. Unos son asesinados otros están encarcelados por los mismos de su especie, en ese compromiso tácito político-operativo de ambos inseparable. Veracruz es un claro ejemplo, el Gobernador detenido, el Fiscal General, el Director de Averiguaciones Previas, el Secretario de Seguridad Pública, el Director de Fuerza Civil junto con doce policías de menor rango, el Director de Servicios Periciales y la Delegada regional de la Policía Ministerial, y otros que andan de fuga. Más otros políticos estatales con fuero y con amparo en la mano.
La relación de estos actores sin legitimidad, los ha llevado tristemente a la muerte y a las desapariciones conjuntas, las decisiones políticas en materia de seguridad tienen un costo como las económicas, o peor, es necesario y urgente una sujeción ecuánime entre los políticos y los oficiales de seguridad y justicia, para que ambos respondan por sus hechos y acciones en forma responsable.
TAPANCO: Irrelevante que haya un honesto oficial encargado de la seguridad y la justicia con doble certificación y con estudios de posgrado, si va a recibir órdenes de un político (a), con disfunción neuronal o alta dosis criminal. “La Alcaldesa de Peñamiller Qro., tuvo la brillante idea de utilizar a los policías municipales como albañiles para construir su sede policial, la obra está a medias, pero cuando va el Gobernador de visita todos agarran cuchara, palas y carretillas, pa la foto”. Así, la seguridad y la justicia, preferentemente se conciben políticamente y luego operativamente.
Francisco.soni@uaslp.mx