El concepto populismo es utilizado en tiempos electorales como un adjetivo para descalificar un conjunto de políticas públicas que se aplican de manera universal en un espacio social dado, en este caso en México; al mismo tiempo se utiliza para hacer referencia a un estilo de gobernar caracterizado por el centralismo, la unilateralidad y la jerarquía, sin embargo en esencia lo que se quiere descalificar es al Estado de Bienestar, lo cual se hace a partir de los principios del llamado Estado Neoliberal.
El Estado de Bienestar hace referencia a una estructura y procesos de gobierno que se preocupan por el bienestar de la sociedad, sus políticas públicas se sustentan en la entrega de subsidios a aquellos habitantes en situación de vulnerabilidad; así como un sistema universal y gratuito de atención sanitaria; garantizar la educación a todos; una adecuada y consciente distribución de la riqueza; y proveer una vivienda digna. Su principal objetivo es superar la desigualdad social.
Las propuestas de política pública del Estado de Bienestar existen desde mitad del siglo XIX, sin embargo, éstas se incrementaron a partir de la Gran Depresión de 1929 como consecuencia de la crisis del modelo liberal de mercado, alcanzando su auge en la posguerra luego de la primera y segunda guerra mundial. Este enfoque utiliza como eje central las intervenciones gubernamentales al gasto público, poniendo énfasis en aquellos sectores donde el mercado no participaba como son la educación y salud, impulsando también subsidios a la empresa y al campo.
En México al estado de bienestar se le conoce como el “milagro mexicano”, los instrumentos de política publica utilizadas por el gobierno mexicano en esta etapa fueron: 1) control de la inflación mediante el establecimiento de precios por el gobierno; 2) tipo de cambio estable, a través del control del precio del dólar; 3) control de la política monetaria, mediante la emisión de papel moneda según la demanda del mercado y; 4) incremento del gasto público, utilizado para la prestación de servicios públicos, obra pública y subsidios.
El balance de las políticas públicas implementadas por el Estado de Bienestar es más positivo que negativo: entre 1971 – 1987 se alcanzó el crecimiento económico promedio anual más alto del siglo XX: 6.7% (véase siguiente gráfica); la inflación se mantuvo en niveles inferiores al 3 % anual; los salarios mínimos crecieron en términos reales a un promedio del 6%; el déficit del sector público alcanzaba 4% del PIB, durante casi todo el periodo el dólar se mantuvo en $ 12.50; la inversión pública representaba el 21% del PIB. .
Los aspectos negativos del Estado de Bienestar están vinculados no con su estructura y sus instrumentos de política pública, sino con el estilo de gobernar, ya que quienes tomaban las decisiones gubernamentales saturaron al Estado de funciones y demandas, pero sin generar los recursos para financiarlas, se apoyaron en los ingresos petroleros y en deuda pública, generando un déficit en las finanzas públicas que alcanzó un nivel alarmante en 1982, para ese año alcanzó el 16.9 % con respecto al PIB.
Desde 1983, el Estado de Bienestar fue sustituido por el llamado Neoliberal, cuyos principales instrumentos de política pública son: 1) reducción de gasto público, principalmente de los subsidios; 2) privatización de las empresas públicas; 3) desregularización de la economía y; 4) descentralización del gasto público hacia los gobiernos locales; el balance de esta forma de gobernar no ha tenido los logros del anterior, tal como lo muestra el principal indicador del desarrollo: el crecimiento promedio anual, éste alcanzó su nivel más alto, de 3.5 % entre 1991 – 2000 (véase gráfica anterior).
Para un país como México, donde el 1% de la población concentra 43% de la riqueza, el modelo de Estado de Bienestar no es tan malo como nos lo quieren hacer creer en tiempos electorales, el problema no es la estructura o los instrumentos de política pública, sino que la clase gobernante lo utilizó con fines clientelares para ganar elecciones, provocando que no se obtuviera el principal objetivo, que es disminuir la desigualdad, en lugar de eso, se obtuvo lo contrario, un impulso a la concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza.
Otra causa que generó la crisis del Estado de Bienestar fueron los actos de corrupción en la administración pública, principalmente en inversión pública, ya que se generó obra pública con alto costo y baja calidad. Durante muchos años estos gastos se realizaron en la opacidad total y aunque en la actualidad hay avances en transparencia, las prácticas de corrupción siguen presentes, las cuales quedan en la impunidad, ya que son consecuencia de negociaciones políticas.
Las condiciones sociales y económicas actuales demandan políticas públicas que atiendan las externalidades negativas que genera el mercado, eso es responsabilidad del gobierno, por lo que las políticas orientadas a la educación y la salud deben ser prioridad en la agenda gubernamental, además de atender a los grupos sociales altamente vulnerables. No se puede dar prioridad a los derechos individuales de las personas, cuando el 40 % de los mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso proveniente de su trabajo.
En tiempos electorales se requiere dar valor a los beneficios que tuvo el Estado Benefactor, cuyos resultados de política pública están probados; se requiere entender que su debilidad está en el estilo de gobernar, en la manera que se toman las decisiones y la captura de las políticas por parte del 1 % de la población que concentra la riqueza en México; se requiere fortalecer la estructura de gobernabilidad y poner en la agenda el combate a la corrupción, fortalecer el estado de derecho y disminuir la desigualdad social.
El Estado de Bienestar hace referencia a una estructura y procesos de gobierno que se preocupan por el bienestar de la sociedad, sus políticas públicas se sustentan en la entrega de subsidios a aquellos habitantes en situación de vulnerabilidad; así como un sistema universal y gratuito de atención sanitaria; garantizar la educación a todos; una adecuada y consciente distribución de la riqueza; y proveer una vivienda digna. Su principal objetivo es superar la desigualdad social.
Las propuestas de política pública del Estado de Bienestar existen desde mitad del siglo XIX, sin embargo, éstas se incrementaron a partir de la Gran Depresión de 1929 como consecuencia de la crisis del modelo liberal de mercado, alcanzando su auge en la posguerra luego de la primera y segunda guerra mundial. Este enfoque utiliza como eje central las intervenciones gubernamentales al gasto público, poniendo énfasis en aquellos sectores donde el mercado no participaba como son la educación y salud, impulsando también subsidios a la empresa y al campo.
En México al estado de bienestar se le conoce como el “milagro mexicano”, los instrumentos de política publica utilizadas por el gobierno mexicano en esta etapa fueron: 1) control de la inflación mediante el establecimiento de precios por el gobierno; 2) tipo de cambio estable, a través del control del precio del dólar; 3) control de la política monetaria, mediante la emisión de papel moneda según la demanda del mercado y; 4) incremento del gasto público, utilizado para la prestación de servicios públicos, obra pública y subsidios.
El balance de las políticas públicas implementadas por el Estado de Bienestar es más positivo que negativo: entre 1971 – 1987 se alcanzó el crecimiento económico promedio anual más alto del siglo XX: 6.7% (véase siguiente gráfica); la inflación se mantuvo en niveles inferiores al 3 % anual; los salarios mínimos crecieron en términos reales a un promedio del 6%; el déficit del sector público alcanzaba 4% del PIB, durante casi todo el periodo el dólar se mantuvo en $ 12.50; la inversión pública representaba el 21% del PIB. .
Los aspectos negativos del Estado de Bienestar están vinculados no con su estructura y sus instrumentos de política pública, sino con el estilo de gobernar, ya que quienes tomaban las decisiones gubernamentales saturaron al Estado de funciones y demandas, pero sin generar los recursos para financiarlas, se apoyaron en los ingresos petroleros y en deuda pública, generando un déficit en las finanzas públicas que alcanzó un nivel alarmante en 1982, para ese año alcanzó el 16.9 % con respecto al PIB.
Desde 1983, el Estado de Bienestar fue sustituido por el llamado Neoliberal, cuyos principales instrumentos de política pública son: 1) reducción de gasto público, principalmente de los subsidios; 2) privatización de las empresas públicas; 3) desregularización de la economía y; 4) descentralización del gasto público hacia los gobiernos locales; el balance de esta forma de gobernar no ha tenido los logros del anterior, tal como lo muestra el principal indicador del desarrollo: el crecimiento promedio anual, éste alcanzó su nivel más alto, de 3.5 % entre 1991 – 2000 (véase gráfica anterior).
Para un país como México, donde el 1% de la población concentra 43% de la riqueza, el modelo de Estado de Bienestar no es tan malo como nos lo quieren hacer creer en tiempos electorales, el problema no es la estructura o los instrumentos de política pública, sino que la clase gobernante lo utilizó con fines clientelares para ganar elecciones, provocando que no se obtuviera el principal objetivo, que es disminuir la desigualdad, en lugar de eso, se obtuvo lo contrario, un impulso a la concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza.
Otra causa que generó la crisis del Estado de Bienestar fueron los actos de corrupción en la administración pública, principalmente en inversión pública, ya que se generó obra pública con alto costo y baja calidad. Durante muchos años estos gastos se realizaron en la opacidad total y aunque en la actualidad hay avances en transparencia, las prácticas de corrupción siguen presentes, las cuales quedan en la impunidad, ya que son consecuencia de negociaciones políticas.
Las condiciones sociales y económicas actuales demandan políticas públicas que atiendan las externalidades negativas que genera el mercado, eso es responsabilidad del gobierno, por lo que las políticas orientadas a la educación y la salud deben ser prioridad en la agenda gubernamental, además de atender a los grupos sociales altamente vulnerables. No se puede dar prioridad a los derechos individuales de las personas, cuando el 40 % de los mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso proveniente de su trabajo.
En tiempos electorales se requiere dar valor a los beneficios que tuvo el Estado Benefactor, cuyos resultados de política pública están probados; se requiere entender que su debilidad está en el estilo de gobernar, en la manera que se toman las decisiones y la captura de las políticas por parte del 1 % de la población que concentra la riqueza en México; se requiere fortalecer la estructura de gobernabilidad y poner en la agenda el combate a la corrupción, fortalecer el estado de derecho y disminuir la desigualdad social.