El próximo presidente de México tendrá que pensar en impulsar una reforma administrativa de gran calado
El próximo presidente de México tendrá que pensar en impulsar una reforma administrativa de gran calado. La última ya duró 40 años y la normatividad ya no corresponde, en absoluto, a las necesidades actuales. Estamos en presencia no sólo de un Estado obeso, sino disperso.
Los cambios legislativos han sido constantes y se han creado instituciones que han respondido más bien a la urgencia del momento que a una medición serena y meditada del impacto general de cada reforma en la función administrativa.
Las y los gobernados se han visto afectados por la constante creación de nuevas instancias que han provocado duplicación y el traslape de competencias entre los tres niveles de gobierno, órganos centrales, descentralizados, desconcentrados y autónomos. La expedición de más leyes generales ha contribuido a la dispersión porque aunque el objetivo es compartir competencias, el límite de lo que le toca a cada quien o es difuso o queda sujeto a interpretación. Entender hasta dónde llega la competencia de cada órgano es difícil para los expertos y más aún para la gente común.
Pensemos, por ejemplo, en la violencia contra las mujeres. Sumemos las instancias que están atendiendo el tema: Institutos de las mujeres, sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuradurías generales y especializadas, Comisiones de atención a víctimas, centros de atención a víctimas especializadas, instancias protectoras de derechos humanos, etc., etc.
Las mujeres que sufren violencia tienen frente a sí más de una decena de opciones que serían suficientes para que al menos una les ofreciera una solución integral. No siempre sucede. Viene el peloteo y el rebote de una instancia a otra en un proceso que las revictimiza y que no siempre las lleva a obtener la protección inmediata deseable.
Si sustituimos el tema de las mujeres por el de la infancia, vamos a encontrar que el modelo se reproduce: instituciones superpuestas que tratan de resolver un problema concreto infructuosamente. La creación del SIPINNA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, muestra que hay conciencia de la dispersión normativa y de políticas públicas traslapadas. Ricardo Bucio está haciendo un esfuerzo extraordinario para que el SIPINNA cumpla su cometido, pero basta ver el tamaño de las mesas y el número de los convocados a las reuniones para constatar lo difícil que es armonizar y alinear.
El próximo relevo sexenal puede ser el momento idóneo para redistribuir y rediseñar competencias iniciando por una nueva reingeniería desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que, a pesar de sus constantes reformas, ha ido perdiendo su carácter rector al verse rebasada por las competencias específicas que, en diversas leyes, se fueron dando a dependencias, entidades y órganos administrativos.
Más allá de los temas de coyuntura, se requiere repensar la totalidad de la administración pública. El ciudadano común no puede ser víctima de un diseño obsoleto y de modelos rebasados como el sectorial previsto en la Ley de Planeación (diseñada hace más de tres décadas también) que se queda corto con la transversalidad actual y la interseccionalidad de los derechos.
El fin último de la administración son las personas que tendrían que verse beneficiadas por ella; atendidas sus necesidades básicas y garantizados cabalmente sus derechos.
También hay que pensar en que una mejor administración traería consigo alicientes a los servidores públicos que podrían ver una mayor utilidad social de su trabajo diario. La medida, además, podría tener impactos presupuestales favorables al poderse reorientar el gasto público y ejercerse con mayor eficiencia. La tarea no es sencilla, pero será indispensable emprenderla muy pronto.
Twitter: @leticia_bonifaz
(Directora de Derechos Humanos de la SCJN)
El próximo presidente de México tendrá que pensar en impulsar una reforma administrativa de gran calado. La última ya duró 40 años y la normatividad ya no corresponde, en absoluto, a las necesidades actuales. Estamos en presencia no sólo de un Estado obeso, sino disperso.
Los cambios legislativos han sido constantes y se han creado instituciones que han respondido más bien a la urgencia del momento que a una medición serena y meditada del impacto general de cada reforma en la función administrativa.
Las y los gobernados se han visto afectados por la constante creación de nuevas instancias que han provocado duplicación y el traslape de competencias entre los tres niveles de gobierno, órganos centrales, descentralizados, desconcentrados y autónomos. La expedición de más leyes generales ha contribuido a la dispersión porque aunque el objetivo es compartir competencias, el límite de lo que le toca a cada quien o es difuso o queda sujeto a interpretación. Entender hasta dónde llega la competencia de cada órgano es difícil para los expertos y más aún para la gente común.
Pensemos, por ejemplo, en la violencia contra las mujeres. Sumemos las instancias que están atendiendo el tema: Institutos de las mujeres, sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuradurías generales y especializadas, Comisiones de atención a víctimas, centros de atención a víctimas especializadas, instancias protectoras de derechos humanos, etc., etc.
Las mujeres que sufren violencia tienen frente a sí más de una decena de opciones que serían suficientes para que al menos una les ofreciera una solución integral. No siempre sucede. Viene el peloteo y el rebote de una instancia a otra en un proceso que las revictimiza y que no siempre las lleva a obtener la protección inmediata deseable.
Si sustituimos el tema de las mujeres por el de la infancia, vamos a encontrar que el modelo se reproduce: instituciones superpuestas que tratan de resolver un problema concreto infructuosamente. La creación del SIPINNA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, muestra que hay conciencia de la dispersión normativa y de políticas públicas traslapadas. Ricardo Bucio está haciendo un esfuerzo extraordinario para que el SIPINNA cumpla su cometido, pero basta ver el tamaño de las mesas y el número de los convocados a las reuniones para constatar lo difícil que es armonizar y alinear.
El próximo relevo sexenal puede ser el momento idóneo para redistribuir y rediseñar competencias iniciando por una nueva reingeniería desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que, a pesar de sus constantes reformas, ha ido perdiendo su carácter rector al verse rebasada por las competencias específicas que, en diversas leyes, se fueron dando a dependencias, entidades y órganos administrativos.
Más allá de los temas de coyuntura, se requiere repensar la totalidad de la administración pública. El ciudadano común no puede ser víctima de un diseño obsoleto y de modelos rebasados como el sectorial previsto en la Ley de Planeación (diseñada hace más de tres décadas también) que se queda corto con la transversalidad actual y la interseccionalidad de los derechos.
El fin último de la administración son las personas que tendrían que verse beneficiadas por ella; atendidas sus necesidades básicas y garantizados cabalmente sus derechos.
También hay que pensar en que una mejor administración traería consigo alicientes a los servidores públicos que podrían ver una mayor utilidad social de su trabajo diario. La medida, además, podría tener impactos presupuestales favorables al poderse reorientar el gasto público y ejercerse con mayor eficiencia. La tarea no es sencilla, pero será indispensable emprenderla muy pronto.
Twitter: @leticia_bonifaz
(Directora de Derechos Humanos de la SCJN)