Un Código para todo México

El Senado de la República acaba de aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se trata de una pieza legislativa de la mayor relevancia, que va a tener un impacto muy grande en la vida de millones de personas que acuden a los tribunales civiles y familiares año tras año para tramitar desde cuestiones de arrendamiento hasta divorcios o pensiones de alimentos.

Es un Código que llega con mucho retraso, porque tenía que haber estado aprobado desde marzo de 2018. Nuestros legisladores federales incumplieron con el plazo ordenado por la Constitución de la República durante más de 5 años. La buena noticia es que finalmente el Código está en su recta final y se espera que, luego de la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados haga lo propio a la brevedad, para que pueda ser publicado enseguida en el Diario Oficial de la Federación.

El nuevo Código, aprovechando la experiencia positiva que se ha producido en otras materias, hace una importante apuesta por la oralidad procesal, de forma que se prevé desahogar los asuntos civiles y familiares con la metodología de las audiencias orales que, por ejemplo, se ha venido aplicando desde el año 2011 en los juicios mercantiles.

También contiene disposiciones novedosas en materia de justicia digital y de obtención de pruebas que se encuentren en dispositivos electrónicos. En total el Código contiene 1,191 artículos y 20 artículos correspondientes al régimen transitorio que será por cierto bastante complejo. A nivel federal y en todas las entidades federativas el Código debe estar vigente y ser aplicado como fecha límite el 1 de abril del año 2027.

Hay un conjunto de disposiciones en el Código que atienden lo dispuesto por tratados internacionales en materia de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se trata de un tema importante porque hay criterios de la ONU y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dejado en el pasado figuras como el llamado “estado de interdicción”, que en los hechos suponían anular la personalidad jurídica de las personas con discapacidad.

No cabe duda que estamos ante un momento histórico para el derecho mexicano y frente a uno de los más grandes retos para la abogacía del país. Ojalá que sea una oportunidad de mejoramiento sustantivo de los procedimientos civiles y familiares, que tanta transcendencia tienen en la vida cotidiana de las personas.

Twitter: @miguelcarbonell

(Abogado constitucionalista)