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Miguel R. Valladares García

martes 17 octubre 2017

Urge un compromiso ‘3de3’ no electoral

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Representa una constante, que, apenas finalizados los comicios presidenciales, se afirme que la autoridad electoral sorteó con éxito su organización, pero que fue incapaz de atajar todos aquellos vicios que, situados por fuera de la valla perimetral de las elecciones, tuvieron la fuerza para condicionar el ejercicio del sufragio e incidir en sus resultados.

Así como la iniciativa 3de3 generó compromisos concretos a favor de la transparencia y rendición de cuentas de la clase política, estamos a tiempo de construir un acuerdo de alto nivel entre los poderes públicos, en el que se comprometan y corresponsabilicen con el INE en la búsqueda de las mejores condiciones para acudir al llamado de las urnas el 1 de julio.

1 de 3.— Condicionamiento del voto. Asistimos por doquier al uso de programas sociales y al desvío de recursos públicos con propósitos electorales. Para detener este flagelo, resulta imprescindible que el gobierno federal y demás órdenes pongan a disposición de las autoridades electorales el catálogo de programas sociales que estarán vigentes de enero a julio de 2018.

2 de 3.— Propaganda personalizada. No hemos logrado atajar la abierta promoción de servidores públicos, camuflada en informes de gestión, entrevistas, publicidad de libros, etcétera. A 10 años de la reforma de 2007, los legisladores federales y estatales están llamados a concretar un acuerdo para expedir las correspondientes leyes de propaganda gubernamental. En este sentido, es exigible también un compromiso a favor de presupuestos rígidos para el 2018 en materia de comunicación social, para que los gobiernos estén impedidos de gastar de más.

3 de 3.— Dinero público y privado. A pesar de que los partidos gozan cada vez de mayor financiamiento público, las prácticas de corrupción y desvío de recursos públicos, así como el incremento de dinero privado, que fluye en efectivo a cambio de promesas de asignación de obras, se han vuelto una constante en periodo electoral. Para atemperar y erradicar estos fenómenos, vuelve a ser necesario el compromiso en la revisión de las Cuentas Públicas, así como el acompañamiento de la PGR y las procuradurías estatales, a través de la Fepade y las fiscalías de las entidades, para que culminen las investigaciones en curso y persigan con mayor eficacia estos delitos electorales. Pero nada de esto se alcanzará sin la decisiva participación del Sistema Nacional Anticorrupción —que no tiene fiscal ahora mismo—, en quien recae la potestad sancionadora de este gran lastre nacional, y sin la coordinación con el Banco de México y la SHCP a través del SAT.

¿Es mucho pedir un compromiso 3de3 como éste, si lo que está de por medio es la estabilidad y paz social de nuestro país?

César Astudillo (Académico en la UNAM)

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