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Miguel R. Valladares García

Domingo 30 abril 2017

Víctimas pero de la burocracia

Carlos A. Hernández Rivera

“No creo que se pueda hacer mucho, yo le sugiero que no se meta en todo esto de levantar una denuncia (por robo dentro del transporte público) y mejor cámbiese de ruta o sálgase

más temprano para que no se le haga de noche”.

Ministerio Público del Edomex, Animal Político.

El 4 de noviembre de 2008 despegó de San Luis Potosí con rumbo a la Ciudad de México el avión del tipo ejecutivo, Learjet 45, el cual termino por estrellarse, fatalmente en este accidente perdieron la vida el entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, lamentablemente otras 15 personas también perecieron. La estrepitosa caída del aeronave dio con una zona de complejos financieros donde sus partes colisionaron con 34 vehículos, uno de ellos sería el del publicista Paul Henri Giménez, quien en el percance resultó con quemaduras de hasta tercer grado, actualmente radica en los Estados Unidos y está prescrito a medicamentos especiales para soportar el dolor, además de las secuelas postraumáticas y psicológicas.

Como la mayoría de las víctimas en nuestro país, el anterior caso se desarrolló en un clima de frivolidad burocrática en donde obtener la reparación del daño se vuelve un viacrucis tortuoso, las causas del accidente fue la alta velocidad que la aeronave mantuvo a pesar de las indicaciones del controlador aéreo. Paul Henri Giménez demandó a consecuencia de la anterior situación, la compensación o indemnización, pero la financiera obligada por el contrato de seguro se limitó a hacer el pago de gastos hospitalarios, es decir, lo que se conoce en el argot internacional como daño emergente, y sólo eso, lo cual resulta injusto en consideración al daño que le ocasionaron.

Por lo anterior, Paul Henri Giménez se vio obligado a demandar la reparación del daño a la Secretaría con sede en Bucarelli, y a la de Comunicaciones y Trasportes, sin embargo pronto se vio envuelto (al igual que la mayoría de las víctimas en el país) en una serie de limitaciones arbitrarias producidas, las más de las veces, por el mal y torpe diseño que nuestras leyes poseen al momento de tocar el tema de reparaciones del delito y violaciones a los derechos humanos.

Anteayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala marcó un hito en la historia de reparación de las víctimas en nuestro país, sentando un precedente judicial que hace justicia, por sí mismo, al reconocer una maquinaria legal por demás inoperante que lamentablemente está vigente en México.

En verdad créame amiga lectora amiga lector, para la comunidad académica y activista que se preocupa verídicamente por la defensa de los derechos de las víctimas en nuestro país, resulta en verdad gratificante este acto de mea culpa judicial, el pleno reconocimiento de los derechos internacionalmente dados a las víctimas, que sin embargo se ven trastocados por el engranaje de las leyes mexicanas federales, ya no se diga las locales.

Es por ello que comentaba en mi artículo anterior “Tocando el Fondo (3)” que me encontraba en franco shock por las declaraciones vertidas por nuestro recién nombrado Comisionado Nacional para la atención a las víctimas, el Sr. Jaime Rochín Del Rincón, al comentar que la “comisión de víctimas no era centro de pagos”, y que absurdamente fue aplaudido como una bandera triunfalista por diversos funcionarios y funcionarias que paradójicamente laboran en el centro de atención local a víctimas, pasando desde comisionadas hasta por directoras y directores, increíble pero cierto.

Evidentemente de la lectura textual de la entrevista, decía en mi anterior artículo (Pulso, 07/04/2017) no era valido conjeturar esta sentencia de forma enfática y aislada, pues el funcionario federal lo que pretendía era resaltar otras virtudes que la Ley General de Víctimas ahora posee, como lo son, la instauración de la figura del asesor jurídico que coadyuve a la víctima sobre todo en los juicios, pues no nos hagamos, ni que nuestros magistrados, jueces penales o ministerios públicos estuvieran tan acostumbrados a darle intervención a la víctima en el proceso, a una cancha pareja.

O que decir, de la reforma de 2017 a la Ley General de Víctimas en el sentido de suprimir el cuerpo colegiado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por una figura unipersonal en aras de que la toma de decisiones fuera más ágil y efectiva, asignatura legislativa pendiente para nuestra Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en San Luis Potosí, pues resulta por demás absurdo que del fondo estatal para reparación a víctimas sólo se hubiera echado mano del 5%, de por sí demasiado minúsculo con alrededor de 3 millones de pesos, para que encima la comisionada presidenta Julieta Méndez Salas todavía pretendiera ponerle más “candados”.

Por eso decía, que resultaba ilógico que altas funcionarias y funcionarios de la oficina de atención a víctimas en San Luis Potosí celebraran el “impago” por la reparación al delito y violaciones a derechos humanos, supuestamente abanderado por el Comisionado Nacional, Rochín Del Rincón; digo es absurdo y hasta pueril ¿en verdad cree amiga lectora amigo lector que de las 152 reformas y adiciones que se hicieron al texto a la Ley General de Víctimas el 3 de enero de 2017, y de las cuales 49 se ocuparon en cuestiones financieras o económicas relativa al Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral, sea en su versión federal o local, se trate de una pecata minuta?.

Digo, una tercera parte de las motivaciones del legislador federal tuvieron que ver con fondos de reparación a las víctimas, insisto en verdad no lo creo ¿Quién podría ufanarse de que las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos no recibieran su derecho a la reparación del daño, incluyendo la indemnización o compensación económica? Que evidentemente no es el caso del Sr. Rochín Del Rincón.

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com

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