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Miguel R. Valladares García

lunes 18 diciembre 2017

Y todo por no hablar clarito

Juan José Rodríguez
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Una errática negociación para aplicar la nociva práctica de cuotas partidistas en la designación de titulares de las tres nuevas fiscalías –la General, la Anticorrupción y la de Delitos Electorales- tiene confrontadas a las principales fuerzas políticas del Estado. La vertiente más compleja y potencialmente costosa de esta confrontación es la que se está dando no entre partidos sino entre administraciones: la estatal que encabeza Juan Manuel Carreras y la municipal a cargo de Ricardo Gallardo Juárez. Sus alcances son por ahora impredecibles.

Si no hay arreglo, que de momento no se ve fácil pero tampoco imposible, existe el riesgo de que la disputa original por las fiscalías se extienda a otros ámbitos como el de la aprobación oportuna de todo el paquete fiscal 2018.

Detrás de este diferendo político aparece como telón de fondo una serie de malentendidos o de malexplicados, que lo mismo pueden deberse a que una de las partes tuvo problemas para expresar con claridad sus ideas o a que las otras tuvieron dificultades para entender las ideas ajenas. Esta es la historia:

A mediados de octubre, el gobernador Juan Manuel Carreras decidió asumir personalmente las negociaciones para que Federico Garza Herrera fuera electo como nuevo Fiscal General en el Congreso. No obstante que llegó un momento en que tenía asegurada la mayoría calificada de 18 votos sin pagar costos excesivos, por una especie de obsesión por la unanimidad decidió elevar el listón y se propuso alcanzar el máximo de los sufragios legislativos.

En ese contexto, invitó a platicar al jefe real del perredismo/gallardismo potosino, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, a quien pidió el apoyo de su bancada para sacar avante la designación de Federico. El Gobernador argumentó, entre otras cosas, que convenía mostrar madurez política en un asunto de alcance transexenal (Garza Herrera estará 7 años en la Fiscalía).

De a gratis, Gallardo Juárez dijo que no. Su argumento principal fue que le parecía una burla que le pidieran los votos perredistas para decidir entre Federico Garza, Lagrimita y Chuponcito. Pero como iba en plan negociador, planteó la posibilidad de que el nuevo o nueva Fiscal Anticorrupción fuera una propuesta suya.

Hasta donde ha sido posible reconstruir lo sustancial de ese encuentro con base en testimonios confiables, la respuesta de Carreras fue, palabras más, palabras menos: “Deme un nombre y cuente con que irá en la terna”.

El reino de la confusión

A partir de ahí, lo que queda es el reino de la confusión: JMC está convencido de que su propuesta era razonable: incorporar en la terna una propuesta del gallardísmo y luego ver cómo caminaban las negociaciones en el seno del Congreso. Por el lado del Alcalde, la convicción es que lo que se le planteó a Carreras y él aceptó fue que el Fiscal Anticorrupción sería quien propusiera RGJ.

Hasta aquí, esto pudiera declararse un empate. Pero hay una circunstancia adicional que desbalancea las cosas: Juan Manuel Carreras también convocó, por separado, al líder estatal panista, Xavier Azuara Zúñiga, para conversar sobre la elección de Garza Herrera. En el curso de la conversación, Azuara dejó claro que no tenía mayor oposición a Federico, pero también planteó su interés por la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo a las versiones recabadas en el entorno de Xavier, éste también recibió la petición de que aportara un nombre para incluirlo en la terna que se enviaría al Congreso, y salió de la plática con el Gobernador convencido de que su propuesta sería la buena, pues su comprensión del asunto es que sería un quid pro cuo: los votos panistas para Federico y a cambio el PAN se quedaría con la Fiscalía especializada.

Hay datos duros que de alguna manera corroboran las versiones captadas en ambas partes: llegado el momento, la terna que se enviaría al Congreso, se integró con Geovanna Hernández Vázquez, como propuesta del Ejecutivo (sin cabildeo previo con los diputados priístas), Juan Francisco Aguilar, un abogado litigante propuesto por Azuara Zúñiga, y Alejandro Díaz de León Mirabal, un abogado joven de un despacho privado, propuesta del perredismo/gallardísmo.

Hubo un primer atorón, cuando se descubrió que el candidato del gallardismo no cumplía el requisito de la edad mínima, y con apresuramiento se le sustituyó por un actuario del Supremo Tribunal, de muy bajo perfil.

Lo que sucedió a continuación es lo que realmente trae enfurecidos a Gallardo Juárez y a Azuara Zúñiga. El envío de la terna a la Legislatura se retrasó un par de días, y cuando finalmente llegó estaba integrada por la juez Juana María Castillo (propuesta in extremis de la magistrada Manuelita García Cázares, que era la candidata original del Ejecutivo pero que no aceptó); Geovana Hernández Vázquez, impulsada desde el Supremo Tribunal de Justicia aparentemente por su presidente Juan Paulo Almazán Cue, pero realmente por el consejero de la Judicatura Carlos Alejandro Ponce, y la abogada litigante María Angelina Acosta Villegas, propuesta de varias agrupaciones de abogados y organismos empresariales.

En una de nuestras columnas anteriores comentamos lo que sabemos al respecto de este punto en particular: ya hecho el compromiso con perredismo/gallardísmo y con el panismo, en la visión del Gobernador Carreras de que su compromiso era solamente de incluir sus propuestas y que todo se negociara en el Congreso, varios diputados priístas acudieron al Ejecutivo –a través de la Secretaría General de Gobierno- para advertirle que si se hacían así las cosas, había muy altas posibilidades de que PAN y PRD sumaran sus votos, “convencieran” con generosidad a otros y serían ellos –no el PRI-VERDE-PANAL-PCP- los que impondrían a la nueva Fiscal Anticorrupción.

Juan Manuel Carreras se convenció rápido y fácil, sobre todo cuando supo que Geovanna, quien tenía su bendición sin siquiera conocerla (eso le pasa por dejar todo en manos de sus cerebros jurídicos que no dejan pasar una sin jalar agua para sus molinos), no cumplía con las expectativas y además mantenía relaciones peligrosas con alguien de la Judicatura. Otro argumento de peso, quizá el mayor, es que ya sin fuero, un o una Fiscal Anticorrupción de otro establo podría fácilmente convertirse en su peor pesadilla.

En este escenario, era de esperarse que ninguna de las tres propuestas femeniles alcanzara los 18 votos el pasado 30 de noviembre. Al día de hoy ahí están atorados.

¿Hasta dónde la furia?

Una vez que le ha sido devuelta la terna femenil para que integre una nueva, el Ejecutivo tiene 30 días naturales para presentarla. Hay coincidencia jurídica en que bastaría cambiar un nombre para que cumpla condición de nueva, pero según se sabe Carreras tiene trabajando a sus asesores en la formulación de un listado de tres nombres totalmente diferentes.

¿Qué sigue? Según la ley, una vez recibido el nuevo trío –no más allá del 30 de este mes- el Congreso dispone de otros 30 días para cumplir el proceso legislativo y someterla a la consideración del pleno –esto sería por allá del 30 de enero-, en el entendido de que si tampoco en esa segunda votación hay quien alcance la mayoría calificada, entonces el Gobernador del Estado podrá designar a quien quiera, de entre la terna.

En principio, esa ruta pudiera parecer un plan con maña: agotar las opciones legislativas y al final que sea el titular del Ejecutivo quien designe. Su único esfuerzo sería que vaya en esa segunda terna su auténtico favorito o favorita. Fácil.

El problema empieza en la sutileza de que ni Xavier Azuara ni Héctor Mendizábal ni Ricardo Gallardo Juárez ni Chiquis Fernández se chupan el dedo. Saben que el calendario juega en su contra, y por eso según los trascendidos en ambos territorios, la pelea la van a dar de aquí al próximo viernes 15 que concluye el período ordinario de sesiones.

Lo primero que ya están exigiendo -no sé si en forma conjunta o por separado-, es que la nueva terna la envíe el Ejecutivo de inmediato, para que previo dictamen fast track en comisiones se suba al pleno el jueves 14 o a más tardar al día siguiente.

Si han de ir juntos en la batalla, ni el PAN ni el perredismo/gallardísmo pueden pretender imponer cada uno por su lado a su candidato o candidata. Conscientes de ello, su planteamiento al Ejecutivo parece ser que en la terna se incluya una propuesta de cada uno, junto a la propia, y entonces sí, literalmente, a ver de qué cuero salen más correas en el Pleno legislativo. La otra opción, es imponer en la nueva terna un candidato de consenso entre ellos y dejarle dos espacios a Carreras y sus aliados. Sea como fuere, algunos diputadas y algunas diputadas que no se distinguen por su probidad, ya estarán relamiéndose los bigotes. Cada voto se va a cotizar en mucho, mucho dinero.

La dupla burlada por el Tenorio carrerista entiende muy bien que si no logran colar a nadie en la nueva terna, lo que sigue será un día de campo para el Ejecutivo: dejar pasar dos meses, aprovechar las nuevas prioridades que traerá el proceso electoral, esperar el fracaso de la segunda votación y luego designar a dedo.

En razón de ello, para forzar su presencia en la terna, están explorando algunas acciones de presión. Por ejemplo, impedir la aprobación de la nueva Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y las leyes municipales de lo mismo.

¿Pueden? Quizá, pero fácil no la tienen. Necesitan 14 votos. El PRD tiene cuatro y el PAN, si logra agrupar a los suyos, siete.

Suman once. Desde hace tiempo, el gallardismo presume que en realidad trae seis (al parecer incorpora a los de Morena y PT). Si esto es cierto, estarían en trece. Bastaría uno más. Todos voltean a ver a Manuel Barrera y a Lucila Nava.

No está demás precisar que la no aprobación de las leyes fiscales 2018 tampoco es el fin del mundo. Significaría que quedarían vigentes las de este año. Es decir, el estrago mayor sería no poder aplicar ningún cobro nuevo ni entregar sus incrementos a la burocracia o a las dependencias para efectos operativos. El daño sería más bien político. Sería algo muy inusual. Y que eso le pasara al apóstol del “no quiero broncas”, resultaría inexplicable.

En una de las esquinas del cuadrilátero preguntamos qué pasaría si no los pelan. La respuesta sonó sardónica, sarcástica, mordaz, cáustica y amenazante: “En ese caso, lo único que le pediríamos al señor Gobernador es que escuche a la gente. Y para que vea que somos corteses y educados, nosotros le traeríamos la gente a la Plaza de Armas”.

Finalmente, no es que se nos haya olvidado la Fiscalía de Delitos Electorales, es que nadie muestra interés en ella. Lo único es que todo indica que Martín Vázquez Vázquez ya “chupó faros”.

(Por esta vez, quedamos

a deber los muy demandados

Comprimidos. Usted disculpará).

Hasta el próximo jueves.

 

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