Investiga la FGE dos fugas de información

Aunque se trata de trabajadores de la propia institución, la Fiscalía General del Estado (FGE), todavía sigue investigando las filtraciones de dos causas penales mediáticas, donde se divulgó información confidencial.

El primer caso se remonta a enero pasado cuando algún Ministerio Público o Policía de Investigación (PDI) difundió fotografías sin difuminar el rostro de dos personas detenidas, un hombre y una mujer, relacionados con el secuestro y asesinato de Daniela Martell Orozco, conductora de InDrive, desaparecida desde el pasado 6 de enero,

En tanto, la segunda carpeta de investigación se refiere a a la divulgación del interrogatorio de uno de los presuntos asesinos de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), durante un supuesto asalto en noviembre pasado.

Al respecto, María Manuela García Cázares titular de la FGE, informó que luego de tener conocimiento de ello, se abrieron carpetas de investigación por ambas irregularidades, cuyos casos siguen indagándose.

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En entrevista, la fiscal general reconoció que las averiguaciones penales contra los servidores públicos, siguen sin judicializarse.

De acuerdo con el artículo 323, fracción quinta, el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente de 11 mil 314 a 33 mil 942 pesos.

Este se comete cuando sustrae, destruye, oculta, utiliza o inutiliza ilícitamente, por sí o por interpósita persona, información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la cual tiene acceso o de la que tiene conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.