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Miguel R. Valladares García

Martes 27 Junio 2017

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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, comprometido con la dignificación del trabajo del policía, entregó en una primera etapa tarjetas de apoyo médico adicional con la que se beneficiarán 150 policías y los integrantes de su familia.

El alcalde de Soledad Gilberto Hernández Villafuerte, destacó la inversión de 2 millones de pesos provenientes de FORTASEG para el fortalecimiento de la corporación soledense y su labor diaria.

Durante la entrega simbólica realizada en Palacio Municipal, el edil resaltó la importancia de que los integrantes de Seguridad Pública Municipal de Soledad, vean fortalecida su labor como servidores públicos, mediante incentivos recibidos por su desempeño y que cumplan con la tarea de velar por los intereses de miles de familias que depositan su confianza.

El alcalde Hernández Villafuerte, entregó de manera simbólica las tarjetas de apoyo médico adicional, con las que se verán beneficiadas alrededor de 350 personas como parte de las 150 tarjetas entregadas en esta primera etapa a elementos de la corporación.

“Estas tarjetas de apoyo médico adicional, son una muestra del fortalecimiento a la labor de nuestros oficiales, en esta primera etapa, cubrimos una parte de todos los elementos de la corporación que continuamente son evaluados y que han aprobado los exámenes de Control y Confianza, esta inversión se suma a las patrullas y equipamiento que se ha estado entregando a la corporación, estamos comprometidos con la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de nuestros elementos para beneficio de todos”.

A nombre de la corporación, el agente José de Jesús Ruiz Tristán, agradeció el apoyo y manifestó que el trabajo del policía no es fácil, pero con la ayuda de la sociedad y autoridades, se trabaja arduamente para mejorar la seguridad y redoblar esfuerzos diariamente en las calles.

El alcalde entregó las tarjetas de apoyo médico adicional en las que se invirtieron un poco más de 2 millones de pesos, provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), con las cuales se podrán obtener beneficios adicionales al servicio médico con el que cuenta cada elemento, permite la atención médica especializada y acceder a servicios médicos en otro estado junto con sus beneficiarios.

Dignifica GHV la labor policial en Soledad

A 15 días de que PULSO diera a conocer el video escándalo donde se destapó una presunta red de corrupción en el Congreso local y en la Auditoría Superior del Estado, tres diputados implicados en la trama para lavar las observaciones de las cuentas públicas municipales solicitaron licencia al cargo. Enrique Flores Flores, Guadalupe Torres Sánchez y Oscar Bautista Villegas conincidieron en decirse inocentes, pero que pedían licencia para que se investigara el asunto. Manuel Barrera Guillén, el diputado local del PVEM y cuarto integrante de “La Ecuación”, indicó que no pediría renuncia.

El ex panista Flores Flores fue el primero. En conferencia de prensa, inició pidiendo disculpas a los compañeros que implicó ante el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz. Luego los exculpó de cualquier ilícito.

Flores Flores dijo que pidió licencia para que se puedan llevar a cabo las indagatorias correspondientes por parte de la PGJE.

“Voy a pedir mi licencia de forma temporal y regresaré a esta legislatura a seguir cumpliendo con mi trabajo, tomaré este tiempo para dedicarme a esclarecer este video que es ilegal y no muestra en ningún momento que haya una red de corrupción, no existen ni existirán actos ilegales en esta legislatura”, aseguró.

Después, la fracción parlamentaria del PRI, se reunió para dar una rueda de prensa donde el protagonista fue Oscar Bautista Villegas, quien manifestó que “con mucho dolor” se separaba del cargo también, para facilitar las investigaciones que se llevan a cabo.

Antes de concluir, dijo que fue la diputada Josefina Salazar Báez quien solicitó que se “limpiaran” las cuentas públicas del alcalde de Rioverde, por lo que Bautista Villegas dijo que quien debería de retirarse del cargo es la congresista.

Más tarde, el perredista Guadalupe Torres Sánchez, informó mediante comunicado que solicitó también licencia al cargo. “No cometí ningún delito, soy inocente y tan convencido estoy de ello que me pongo a disposición de la autoridad investigadora”, señaló el legislador.

Por su parte, Barrera Guillén dijo que no se separará de su cargo a pesar de ser mencionado en el videoescándalo, pero pidió que la diputada Josefina Salazar pidiera licencia.

“Me sostendré en exigir que la PGJE resuelva lo antes posible este tema y dado que no tengo que ver en el mismo seguiré en mis funciones”, estableció el también presidente del comité estatal del Partido Verde Ecologista de México.

Se van tres; falta uno

Ni Óscar Bautista Villegas ni Enrique Flores Flores, deben victimizarse por haber solicitado licencia al cargo como legisladores locales, consideró el dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (CDE PAN), Xavier Azuara Zúñiga, quien dijo no deben minimizarse los hechos.

“No hay razón de hacerse sentir como ofendidos y perseguidos, el único objetivo es el compromiso por dignificar el Congreso del Estado, de forma legal y justa, el vídeoescándalo, no es lo que ha lastimado a las instituciones, lo que lástima al Congreso es el encubrimiento, los pactos y la complicidad”, aseveró el dirigente del blanquiazul.

Sobre las acusación del diputado Óscar Bautista a la diputada Josefina Salazar Báez de presuntamente haber exigido que se limpiaran las cuentas públicas de los alcaldes panistas, Azuara Zúñiga enfatizó que en ningún momento se ha pedido que los ediles pertenecientes al blanquiazul, no sean sujetos de observaciones.

“Lo que se denunció fue que ningún alcalde, sin importar colores, sea sujeto de un abuso, por ello también, de forma congruente, pedimos se revisen otra vez las cuentas públicas de todos los ayuntamientos, sin excepción”.

Aclaró que no se trata de revanchismos políticos, “se trata de legalidad y de transparencia, por lo que una solicitud de licencia, no simplemente es una decisión de libertad y responsabilidad”, mencionó que tiene que ser la firme obligación de rendir cuentas ante las autoridades competentes y a la ciudadanía.

“En el PAN, no hicimos otra cosa, más que impulsar una sanción ejemplar respecto a los actos del diputado Enrique Flores, estamos obligados a actuar apegados a los estatutos del partido, quien aún se tendrá que pronunciar al respecto y emitir un fallo sobre su militancia”.

Piden a diputados no “victimizarse”

Números domiciliarios oficiales sin el uso reportado formalmente son parte de los datos incorporados al trámite de registro de las empresas señaladas como responsables de vender al Gobierno Federal equipos de espionaje, que en medios de prensa internacional son imputados por espiar a través de las enlaces entre personas por telefonía y otros sistemas de comunicación a periodistas y líderes ciudadanos.

En la avenida Pedro Moreno, ninguno de los dos números anotados en los trámites de inscripción de las sociedades corresponden a datos reales del domicilio de las empresas.

Los propios comerciantes y vecinos, informaron que no hay ningún giro extraño en Pedro Moreno 750, donde se presumía el funcionamiento de la compradora de arte Citelae del Centro, S.A. de C.V., ligada a Balam Seguridad Privada, la empresa que según Panamá Papers es la encargada del espionaje con tecnología israelí.

En esa finca se aprecia únicamente un edificio en proceso de construcción que recientemente fue clausurado por el Ayuntamiento de la Capital por incumplimiento de permisos y sin embargo, el letrero de la empresa CITELAE del Centro, S.A. de C.V. sólo queda un muro con el número oficial.

En el caso de la finca marcada con el número 911 en el sitio se encuentra un pequeño negocio de servicios y una farmacia de conocida cadena.

Domicilios fantasma son sedes de empresa ligada a caso Pegasus

Los suplentes de Óscar Bautista Villegas y Enrique Flores Flores, que recién solicitaron licencia al cargo y que se enfilan a ocupar sus curules en el Congreso del Estado, también tienen su cuota de escándalo.

Jesús Quintero Díaz, suplente del priista Bautista Villegas, enfrenta desde el año pasado una denuncia penal presentada por el alcalde de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez, por las agresiones que le infligió durante una comida celebrada en abril de 2016 por parte de los diputados en honor del gobernador Juan Manuel Carreras. Durante el festejo, según la denuncia que hizo el edil, Quintero Díaz lo golpeó varias veces en el rostro sin que hubiera alguna justificación.

Él y otra persona fueron detenidos por policías preventivos municipales. Fueron acusados por el Edil de amenazas y atentado de muerte ante la Subprocuraduría General de Justicia del Estado en la Zona Media.

Por su parte, Jorge Luis Miranda Torres aparece como empleado comisionado de la ASE, en la plantilla de honorarios asimilables a salarios por la prestación de servicios profesionales.

Miranda Torres es incluido en la lista de “aviadores” incluidos por el Congreso en la Auditoría.

Fuentes de la ASE señalan que Miranda Torres está comisionado con el diputado Héctor Mendizábal. Su contrato, trascendió, se vence el día último de este mes y no se le renovará.

En el organismo labora también un hermano, Pablo Alejandro Miranda Torres, como supervisor de Auditoría.

Suplentes de Bautista y Flores F. también enfrentan polémica

No se descarta la posibilidad de que representantes de la iniciativa privada presenten una denuncia en contra de los diputados implicados en la ecuación corrupta.

Héctor D’Argence Villegas, integrante del Consejo Empresarial Potosino vio con buenos ojos que tres de los legisladores señalados por actos de corrupción hayan solicitado licencia, sin embargo afirmó que aún faltan uno más que tienen que salir del Congreso del Estado.

“Yo creo que los mismos diputados tuvieron que haber solicitado el desafuero de estas personas pero no se animaron, de cualquier manera esto es algo muy positivo”, señaló.

Afirmó que pese a la solicitud de licencia, es imperativo que se abra una investigación y que los legisladores que hayan tomado dinero público lo regresen.

Respecto a la solicitud de juicio político, D’Argence Villegas señaló que un grupo de empresarios están en camino de interponer una demanda “estamos en camino de eso, sí se va a poner, tendremos reuniones entre los empresarios para poder ver cómo se ha dado la situación hasta el momento, cómo va caminando y efectivamente vamos a poner una demanda y vamos a firmar todos los organismos empresariales y ciudadanos que se han sumado en los desplegados, tengo entendido que seremos todos los representantes de los organismos empresariales como ciudadanos, ahorita estamos recabando firmas para poder llevar a cabo esto”, concluyó.

Sí habrá demanda de la IP contra la ecuación corrupta

Con las solicitudes de licencia de los diputados Enrique Flores Flores, Óscar Bautista Villegas y José Guadalupe Torres Sánchez, van 18 funcionarios que han dejado sus cargos o han sido despedidos a raíz de la revelación del escándalo por el contubernio entre legisladores y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

A dos semanas de la revelación que realizó Pulso de la plática entre Flores Flores y el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, en el que el primero describía la trama mediante la cual los diputados lavaban las cuentas municipales de las observaciones impuestas por la ASE.

El primero en dejar su cargo fue el titular de la ASE, Jesús Martínez Loredo, quien renunció por “motivos de salud”.

Abraham Reinhardt, coordinador de Auditorías Especiales de la ASE, fue despedido la semana pasada.

Igual sucedió con otros trece mandos medios del organismo fiscalizador, que fueron liquidados.

En la lista, aparecen María del Refugio López Reyes, encargada del Departamento de Recursos Humanos; la coordinadora de Administración, Finanzas y Servicios, Gloria Raquel Rivera; Rubén Izar Urbina, auditor especial de Fiscalización de Obra y Alberto García Regalado, coordinador de Área de Obra.

La lista de personal liquidado también incluye al coordinador Técnico Administrativo Luis Igueravide Rangel; a la coordinadora de Comunicación Social, Elvia Luna Roque; a Ricardo Rodríguez de Luna, coordinador de Adquisiciones; al coordinador de Auditoría Especial de Legalidad; José Luis Cortés Tello, al auditor de esa misma área y a Saúl Cruz Díaz de León, sub coordinador de Informática.

La lista la completan Sandra Ramírez Anguiano, auditora especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizado, Fernando Barrera Guillén, titular de la Unidad de Información y Humberto Pérez Castillo, coordinador del Despacho del Auditor Superior.

A esas bajas se suman las solicitudes de licencia anunciadas ayer por Flores Flores, Bautista Villegas y Torres Sánchez.

Caen 18 funcionarios tras videoescándalo

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) advirtieron que este día podrían llevar a cabo una megamanifestación en la que buscarán introducir camiones de carga en las inmediaciones a Palacio de Gobierno, para exigirle al Gobernador del Estado mayor atención y seguridad en las carreteras potosinas, indicó el dirigente local de AMOTAC, Raúl Torres Mendoza.

Lamentó el desdén de las autoridades estatales, quienes no acudieron al tercer Foro Regional de Seguridad organizado durante el fin de semana pasado.

Raúl Torres Mendoza exigió al Gobernador la renuncia de Alejandro Leal Tobías, que a decir del dirigente, no ha mostrado interés en resolver la problemática que aqueja a los transportistas.

“Nos sentimos molestos e ignorados por el Gobierno del Estado, la manifestación será aquí, a partir de las 11 de la mañana estaremos en el Centro Histórico con los camiones para que de alguna manera el Secretario ojalá y tenga el tiempo necesario para atender al gremio de transportistas, porque nosotros generamos empleos, más de 2 mil empleos directos e indirectos son los que generamos”, manifestó el dirigente de los transportistas.

Transportistas exigen seguridad en carreteras

Si existen los elementos suficientes para solicitar el desafuero de Enrique Flores Flores, se hará, indicó el procurador de Justicia en el Estado, Federico Garza Herrera, “el hecho de que haya solicitado licencia, no le implica que no tenga fuero, tal y como ocurre con sus homólogos que también hicieron este trámite, Óscar Bautista y José Guadalupe Torres”.

Afirmó que se sigue la instrucción del gobernador Juan Manuel Carreras López, de que nadie está por encima de la Ley, por lo que las investigaciones en el caso de supuesta corrupción que se dio a conocer a través de un video, continúan abiertas y se llegará hasta las últimas consecuencias, de ahí que “si al final deriva alguna responsabilidad y con las facultades que otorga la ley, se hará lo que corresponde como solicitar el desafuero”.

El hecho que Enrique Flores haya solicitado licencia solo implica que está en una posición donde no estará ejerciendo como diputado, sin embargo, su investidura queda como tal porque entra un suplente si es que lo aprueba el Congreso.

Por su parte Oliver Meade Hervert, visitador general de la PGJE, informó que la semana pasada los denunciantes acudieron a ratificar sus denuncias, en tanto que el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, acudió a ampliarla y el ex panista Enrique Flores, presentó documentos aclaratorios ante la PGJE.

No descarta PGJE pedir el desafuero de los diputados

El coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) Antonio Tirado Patiño, exigió a las autoridades estatales detener el decomiso de automóviles de procedencia extranjera y dio como plazo 30 días para erradicar dichas acciones, de lo contrario amagó con invitar a representantes de la UCD de otros estados a realizar una magna manifestación en la entidad.

“Nosotros damos 30 días para un diálogo, ya sea en el Estado o a nivel nacional, tenemos que terminar con estos decomisos, no puede ser que nos estén quitando hasta camionetas pick up, este no es un lujo es una herramienta de trabajo”, manifestó el líder de la UCD.

Los inconformes con los decomisos se reunieron en el exterior de la Plaza de Toros ubicada en Avenida Universidad, desde ahí marcharon en caravana para posteriormente arribar a Palacio de Gobierno, minutos más tarde continuaron a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria, en donde los inconformes bloquearon el paso a vehículos sobre la calle de Galeana, tras colocar sus unidades en sentido contrario a la circulación de la víalidad.

En entrevista con el líder nacional de la UCD, señaló que en San Luis Potosí se tienen contabilizados por lo menos 50 mil vehículos extranjeros que corren el riesgo de ser decomisados, sin embargo señaló “si no le paran, vamos a traer a gente de todos los estados aledaños a San Luis Potosí desde Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro incluso hasta gente de Veracruz a realizar una mega manifestación”, reveló.

Según señaló el líder nacional de la UCD, mensualmente se realizan cerca de 20 decomisos de unidades, lo que consideró inconcebible y reiteró el llamado a detener estas acciones.

Exige UCD alto al decomiso de autos chocolate

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