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Infantes de Marina y los escoltas de la alcaldesa de una ciudad del norte de México son responsables de la desaparición y muerte de tres hermanos estadounidenses y de un amigo mexicano en 2014, sostuvo el jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Los investigadores determinaron que funcionarios de la ciudad de Matamoros, elementos de la Marina Armada y policías estatales y federales mintieron en sus declaraciones con el fin de encubrir los asesinatos, según un reporte difundido por la comisión.
Érica, Álex y José Ángel Alvarado Rivera, de Progreso, Texas, desaparecieron el 13 de octubre de 2014 cuando visitaban a su padre en Control, una población cerca de Matamoros, limítrofe con Brownsville, Texas. Un amigo de ellos, el mexicano José Guadalupe Castañeda, también desapareció. Los cuatro cuerpos fueron encontrados dos semanas después con impactos de bala en la cabeza.
La CNDH dijo en un comunicado el jueves que la última vez que se vio a los cuatro con vida fue cuando los tenían cautivos los infantes de Marina y la unidad Hércules, que proporcionaba seguridad para Leticia Salazar, quien en ese momento era alcaldesa de Matamoros.
De acuerdo con el reporte, los nueve miembros de la unidad Hércules técnicamente pertenecían a la policía estatal de Tamaulipas, pero parecían responder únicamente a la alcaldesa y sus allegados. La ciudad les proporcionó equipamiento y pagaba parte de sus salarios, e incluso les brindó uniformes especiales y un logotipo no relacionado con la policía estatal, se detalla en el documento.
Testigos dijeron a los investigadores que las cuatro víctimas estaban en un puesto de tacos debajo de un puente carretero alrededor del mediodía cuando llegaron los elementos de la Marina y de la unidad Hércules. En cierto momento, una caravana de vehículos de la ciudad también se detuvo en el lugar. La alcaldesa había asistido horas antes a un evento en Control.
Las cuatro personas fueron subidas a los vehículos que se alejaron del lugar, indicaron los testigos.
“De la detención que servidores públicos de la SEMAR y del Grupo Hércules realizaron el 13 de octubre de 2014, no existe registro alguno, tampoco fueron presentados ante autoridad alguna”, señaló la Comisión. “Ni hay ninguna investigación ministerial donde aparezcan como responsables, mucho menos orden de aprehensión o presentación girada en su contra”.
Los investigadores de la CNDH indicaron que encontraron a algunos hombres en prisión que también reportaron que fueron arrestados por los marinos el mismo día que las cuatro personas desaparecieron. Varios de ellos indicaron que fueron trasladados a un terreno baldío en el que fueron interrogados y golpeados, según el reporte.
Los reclusos declararon a los investigadores que en el terreno escucharon a tres personas con acento estadounidense y que en ocasiones se susurraban cosas en inglés. Un par de ellos dijeron que reconocieron a la cuarta víctima como una persona conocida en su vecindario, destacó el reporte.
La comisión señaló que los prisioneros también testificaron que en cierto momento llegó la alcaldesa y les ordenó a los marinos y a la unidad Hércules que pusieran a los detenidos a disposición de la fiscalía. Y así ocurrió con los prisioneros, salvo los tres estadounidenses y su amigo.
Un abogado del padre de los hermanos no respondió de inmediato a las llamadas telefónicas en busca de comentarios.
El mandato de Salazar como alcaldesa concluyó en 2016 y se desconoce su paradero por el momento.
Según la CNDH, la Procuraduría General de la República aún tiene el caso como “activo” e hizo un llamado a los gobiernos local y estatal, la Marina y la policía federal a cooperar con la investigación. La policía federal está involucrada debido a que algunos de los agentes presenciaron los arrestos ilegales y se mantuvieron al margen, destacó la comisión.
El organismo también exhortó a los fiscales militares a que abran un proceso en contra de los marinos involucrados que, según la CNDH, no han sido investigados.
La Marina de México indicó que aceptó las recomendaciones y ya toma las medidas incluidas en el reporte.
El gobierno actual de Tamaulipas dijo que también acata las recomendaciones y que ha implementado capacitación sobre derechos humanos para los cuerpos policiacos de Matamoros. Indicó que el caso pasó a la PGR en noviembre de 2014.
Los investigadores determinaron que funcionarios de la ciudad de Matamoros, elementos de la Marina Armada y policías estatales y federales mintieron en sus declaraciones con el fin de encubrir los asesinatos, según un reporte difundido por la comisión.
Érica, Álex y José Ángel Alvarado Rivera, de Progreso, Texas, desaparecieron el 13 de octubre de 2014 cuando visitaban a su padre en Control, una población cerca de Matamoros, limítrofe con Brownsville, Texas. Un amigo de ellos, el mexicano José Guadalupe Castañeda, también desapareció. Los cuatro cuerpos fueron encontrados dos semanas después con impactos de bala en la cabeza.
La CNDH dijo en un comunicado el jueves que la última vez que se vio a los cuatro con vida fue cuando los tenían cautivos los infantes de Marina y la unidad Hércules, que proporcionaba seguridad para Leticia Salazar, quien en ese momento era alcaldesa de Matamoros.
De acuerdo con el reporte, los nueve miembros de la unidad Hércules técnicamente pertenecían a la policía estatal de Tamaulipas, pero parecían responder únicamente a la alcaldesa y sus allegados. La ciudad les proporcionó equipamiento y pagaba parte de sus salarios, e incluso les brindó uniformes especiales y un logotipo no relacionado con la policía estatal, se detalla en el documento.
Testigos dijeron a los investigadores que las cuatro víctimas estaban en un puesto de tacos debajo de un puente carretero alrededor del mediodía cuando llegaron los elementos de la Marina y de la unidad Hércules. En cierto momento, una caravana de vehículos de la ciudad también se detuvo en el lugar. La alcaldesa había asistido horas antes a un evento en Control.
Las cuatro personas fueron subidas a los vehículos que se alejaron del lugar, indicaron los testigos.
“De la detención que servidores públicos de la SEMAR y del Grupo Hércules realizaron el 13 de octubre de 2014, no existe registro alguno, tampoco fueron presentados ante autoridad alguna”, señaló la Comisión. “Ni hay ninguna investigación ministerial donde aparezcan como responsables, mucho menos orden de aprehensión o presentación girada en su contra”.
Los investigadores de la CNDH indicaron que encontraron a algunos hombres en prisión que también reportaron que fueron arrestados por los marinos el mismo día que las cuatro personas desaparecieron. Varios de ellos indicaron que fueron trasladados a un terreno baldío en el que fueron interrogados y golpeados, según el reporte.
Los reclusos declararon a los investigadores que en el terreno escucharon a tres personas con acento estadounidense y que en ocasiones se susurraban cosas en inglés. Un par de ellos dijeron que reconocieron a la cuarta víctima como una persona conocida en su vecindario, destacó el reporte.
La comisión señaló que los prisioneros también testificaron que en cierto momento llegó la alcaldesa y les ordenó a los marinos y a la unidad Hércules que pusieran a los detenidos a disposición de la fiscalía. Y así ocurrió con los prisioneros, salvo los tres estadounidenses y su amigo.
Un abogado del padre de los hermanos no respondió de inmediato a las llamadas telefónicas en busca de comentarios.
El mandato de Salazar como alcaldesa concluyó en 2016 y se desconoce su paradero por el momento.
Según la CNDH, la Procuraduría General de la República aún tiene el caso como “activo” e hizo un llamado a los gobiernos local y estatal, la Marina y la policía federal a cooperar con la investigación. La policía federal está involucrada debido a que algunos de los agentes presenciaron los arrestos ilegales y se mantuvieron al margen, destacó la comisión.
El organismo también exhortó a los fiscales militares a que abran un proceso en contra de los marinos involucrados que, según la CNDH, no han sido investigados.
La Marina de México indicó que aceptó las recomendaciones y ya toma las medidas incluidas en el reporte.
El gobierno actual de Tamaulipas dijo que también acata las recomendaciones y que ha implementado capacitación sobre derechos humanos para los cuerpos policiacos de Matamoros. Indicó que el caso pasó a la PGR en noviembre de 2014.