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La presidenta de la Asociación Humanas sin Violencia A.C., Circe López Riofrío, fue vinculada a proceso por el juez de Control de la Región Morelia, Ariel Montoya Romero, al considerar que existen las pruebas suficientes en su contra para procesarla por el delito de Ataques al Honor, en perjuicio de un catedrático de la Universidad Michoacana quien había sido acusado de acoso por una joven en 2014.
Dentro de la causa penal 28/2018, el juez de Control determinó un periodo de dos meses para que la fiscalía y la defensa presentan sus pruebas, por lo que no determinó medidas precautorias hacia la activista. El conflicto entre el demandante, quien pidió al juez se protegieran sus datos personales, y la activista social y defensora de los derechos de las mujeres inició en el 2015, cuando Circe López dijo en una entrevista para una reportera de un medio nacional que el catedrático había acosado sexualmente a una alumna de la Facultad de Sicología.
La queja de la alumna se realizó en el año 2014 ante el Consejo Técnico de la Facultad de Sicología, el cual resolvió que no había elementos probatorios en contra del profesor; sin embargo, éste fue cambiado de área para evitar confrontaciones. La joven acudió a la Asociación Civil de López Riofrío, quién la acompañó en ese proceso administrativo, ya que el supuesto acoso nunca fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.
En el año 2015 Circe López ventiló este caso a una reportera, la cual después fue publicado. En respuesta el catedrático interpuso una denuncia penal en contra de la activista, pues argumentó que había daños a su honor, a su persona y a su familia, luego de que lo acusara públicamente de un hecho que las autoridades universitarias habían ya resuelto.
Esto generó que el docente universitario denunciara penalmente a Circe López, por lo que al encontrar los elementos suficientes, la fiscalía judicializó el caso y llevó a proceso a la activista. López Riofrío declaró al salir de la audiencia que esta decisión del juez le ofende y le impide hacer su trabajo, por lo que ya piensan en hacer alguna propuesta legislativa a nivel nacional para que este tipo de casos no genere desequilibrios.
Principalmente, "entre quienes estamos defendiendo derechos y quienes estamos persiguiendo que esas sean las puertas para que haya mayor investigación. A mí me parece que yo no estoy diciendo mentiras; ya veremos qué es lo que sucede", expresó.
Desde septiembre del año 2015 fueron aprobadas una serie de reformas al Código Penal del Estado de Michoacán, en las que se incluyeron los delitos de Ataques al Honor y Ataques a la Propia Imagen.
En el Capítulo I del apartado de Delitos Contra la Dignidad Humana, cita en el Artículo 192 que comete el delito de ataque al honor, quien realice, participe o consienta cualquier acción que perjudique el honor de una persona hecha ante otras personas o la publicación por cualquier medio de difusión. Lo anterior, tras considerar que el honor es el derecho que tiene la persona a la reputación o a la fama como resultado de sus relaciones sociales.
En el Artículo 193 el Código Penal se establece que quien cometa el delito de ataques al honor se le aplicará una pena de tres a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente, así como la reparación del daño. Este delito se perseguirá por querella.
Dentro de la causa penal 28/2018, el juez de Control determinó un periodo de dos meses para que la fiscalía y la defensa presentan sus pruebas, por lo que no determinó medidas precautorias hacia la activista. El conflicto entre el demandante, quien pidió al juez se protegieran sus datos personales, y la activista social y defensora de los derechos de las mujeres inició en el 2015, cuando Circe López dijo en una entrevista para una reportera de un medio nacional que el catedrático había acosado sexualmente a una alumna de la Facultad de Sicología.
La queja de la alumna se realizó en el año 2014 ante el Consejo Técnico de la Facultad de Sicología, el cual resolvió que no había elementos probatorios en contra del profesor; sin embargo, éste fue cambiado de área para evitar confrontaciones. La joven acudió a la Asociación Civil de López Riofrío, quién la acompañó en ese proceso administrativo, ya que el supuesto acoso nunca fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.
En el año 2015 Circe López ventiló este caso a una reportera, la cual después fue publicado. En respuesta el catedrático interpuso una denuncia penal en contra de la activista, pues argumentó que había daños a su honor, a su persona y a su familia, luego de que lo acusara públicamente de un hecho que las autoridades universitarias habían ya resuelto.
Esto generó que el docente universitario denunciara penalmente a Circe López, por lo que al encontrar los elementos suficientes, la fiscalía judicializó el caso y llevó a proceso a la activista. López Riofrío declaró al salir de la audiencia que esta decisión del juez le ofende y le impide hacer su trabajo, por lo que ya piensan en hacer alguna propuesta legislativa a nivel nacional para que este tipo de casos no genere desequilibrios.
Principalmente, "entre quienes estamos defendiendo derechos y quienes estamos persiguiendo que esas sean las puertas para que haya mayor investigación. A mí me parece que yo no estoy diciendo mentiras; ya veremos qué es lo que sucede", expresó.
Desde septiembre del año 2015 fueron aprobadas una serie de reformas al Código Penal del Estado de Michoacán, en las que se incluyeron los delitos de Ataques al Honor y Ataques a la Propia Imagen.
En el Capítulo I del apartado de Delitos Contra la Dignidad Humana, cita en el Artículo 192 que comete el delito de ataque al honor, quien realice, participe o consienta cualquier acción que perjudique el honor de una persona hecha ante otras personas o la publicación por cualquier medio de difusión. Lo anterior, tras considerar que el honor es el derecho que tiene la persona a la reputación o a la fama como resultado de sus relaciones sociales.
En el Artículo 193 el Código Penal se establece que quien cometa el delito de ataques al honor se le aplicará una pena de tres a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente, así como la reparación del daño. Este delito se perseguirá por querella.