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Santiago de Chile (EFE).- Un grupo de víctimas de abusos sexuales cometidos en colegios de la congregación marista en Chile, que hoy empezaron a dar su testimonio a la justicia canónica, dijeron que ojalá tras las investigaciones la comunidad marista y la Iglesia católica asuman la responsabilidad "que no todos quieren ver".
En una carta pública difundida este viernes y firmada por Jaime Concha Meneses, Eneas Espinoza Gallardo, Gonzalo Dezerega Bustamante, Isaac Givovich Contador y Eduardo Rozas Honorato, entre otros, señalan que buscan la justicia con el fin "de sanar las profundas heridas que han dejado las acciones y omisiones" de los religiosos involucrados.
En el texto se lee que todos son exalumnos maristas de distintas generaciones, que varios de ellos no se conocían hasta hace unos meses, "y hoy nos une el dolor".
"Nuestra búsqueda de justicia la realizamos en todos los ámbitos. Es por eso que además de las acciones legales ya iniciadas en la justicia ordinaria, hoy entregamos nuestro testimonio ante el investigador canónico", explicaron los afectados.
Los Hermanos Maristas de Chile, parte de una congregación católica con fines educativos a nivel internacional, admitieron haber silenciado casos de abuso sexual a menores en los colegios que administran en el país.
Actualmente hay al menos siete docentes investigados por delitos en contra de una treintena de alumnos, cometidos en los últimos 40 años.
No obstante, todos los firmantes de la carta pusieron algunas condiciones para ser interrogados, como por ejemplo, que se levante acta con todas sus declaraciones, firmadas por todos y con copia para cada uno de ellos, "para asegurarse de que sus derechos humanos sean respetados".
Además, exigen que la investigación derive en la "expulsión inmediata" de la congregación de todos quienes abusaron sexualmente de los niños que estaban a su cuidado en los colegios maristas de Chile, "así como a todo aquel que resulte responsable, ya sea como encubridor, entregador u otros perfiles que determine el proceso".
También piden que la Iglesia católica ponga a disposición de la Justicia chilena a quienes han cometido abuso sexual contra menores de edad, a encubridores, entregadores, "y todo aquel que esté vinculado a estos delitos sexuales contra la infancia".
Todos ellos esperan igualmente que la investigación se haga cargo "de la alarma que encendimos los sobrevivientes" respecto del peligro en que se encuentran niños y niñas que asisten a colegios y otras actividades cuando no hay cuidados mínimos hacia ellos, "como ocurrió con nosotros, que crecimos desprotegidos y al alcance de depredadores sexuales que nos seleccionaban y abusaban de nosotros en total impunidad".
En los últimos 15 años, desde el caso de Andrés Aguirre, el llamado "cura Tato" -que fue condenado a doce años de presidio-, 80 sacerdotes y religiosos católicos han sido acusados en Chile de delitos de connotación sexual.
De ese total, 45 fueron condenados por la justicia civil o canónica, y de ellos 34 tuvieron como víctimas a menores de edad.
