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José Gabriel Rosillo Iglesias/ Foto: Archivo
La administración estatal informó que San Luis Potosí pasó del lugar noveno en 2015 con mayor percepción en corrupción, a la posición número 16, con lo que avanzó positivamente 7 lugares en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado, dijo que al mantener el porcentaje en este indicador en 90.1 por ciento, es resultado de las buenas prácticas que se impulsan, como la reciente reunión con representantes de la sociedad para rendir cuentas y fortalecer la transparencia.
Sin embargo, estos indicadores, dijo el funcionario estatal, revelan que los ayuntamientos deberán mejorar sus prácticas de integridad y ética en el servicio público, ya que el INEGI identificó que en el Estado se incrementaron las tasas de frecuencia e incidencia de experiencias en corrupción, debido a trámites donde los gobiernos municipales están a cargo en su mayoría.
Entre los principales factores que inciden en estos resultados están los incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas; y en segundo lugar, los permisos relacionados con la propiedad, como son las licencias de construcción, áreas de la competencia municipal.
El funcionario estatal explicó que se pasó del lugar número nueve con mayor percepción de corrupción al 16, avanzando con ello siete posiciones de forma positiva.
La ENCIG es una encuesta realizada por el INEGI a la población de 18 años y más, en ciudades de 10 mil habitantes en adelante, la cual se levanta durante los meses de noviembre y diciembre del 2017.
Desde la Contraloría General del Estado, comentó, se continúa trabajando en la prevención de la corrupción a partir de la implementación de sistemas eficaces de control interno en la administración pública estatal, así como en la implementación de mecanismos de ética e integridad que los funcionarios públicos actúen con rectitud y apego a la legalidad, aseguró.
Además, se están impulsando en las dependencias y entidades, mecanismos de inclusión social y participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, como es la contraloría social y el modelo de gobierno abierto, que promueve la participación ciudadana, la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas en la actuación gubernamental.
De la mayor relevancia, es el tema de innovación gubernamental y tecnológica, que está promoviendo la Contraloría a través de los Comités institucionales de Gobierno Abierto (CIGA´s) para implementar trámites digitales, que beneficiarán a los usuarios en agilizar en tiempo y forma del servicio y contribuir a disminuir de manera significativa el riesgo de prácticas de corrupción.
El Contralor resaltó que, para entregar resultados a la sociedad en materia de rendición de cuentas, es fundamental incorporar al ciudadano en la toma de decisiones del espacio público, para que pueda vigilar y monitorear que los programas y obras de gobierno se lleven a cabo de forma adecuada, por lo que además de contribuir al combate a la corrupción, se fomente el ejercicio de sus derechos.
La administración estatal informó que San Luis Potosí pasó del lugar noveno en 2015 con mayor percepción en corrupción, a la posición número 16, con lo que avanzó positivamente 7 lugares en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado, dijo que al mantener el porcentaje en este indicador en 90.1 por ciento, es resultado de las buenas prácticas que se impulsan, como la reciente reunión con representantes de la sociedad para rendir cuentas y fortalecer la transparencia.
Sin embargo, estos indicadores, dijo el funcionario estatal, revelan que los ayuntamientos deberán mejorar sus prácticas de integridad y ética en el servicio público, ya que el INEGI identificó que en el Estado se incrementaron las tasas de frecuencia e incidencia de experiencias en corrupción, debido a trámites donde los gobiernos municipales están a cargo en su mayoría.
Entre los principales factores que inciden en estos resultados están los incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas; y en segundo lugar, los permisos relacionados con la propiedad, como son las licencias de construcción, áreas de la competencia municipal.
El funcionario estatal explicó que se pasó del lugar número nueve con mayor percepción de corrupción al 16, avanzando con ello siete posiciones de forma positiva.
La ENCIG es una encuesta realizada por el INEGI a la población de 18 años y más, en ciudades de 10 mil habitantes en adelante, la cual se levanta durante los meses de noviembre y diciembre del 2017.
Desde la Contraloría General del Estado, comentó, se continúa trabajando en la prevención de la corrupción a partir de la implementación de sistemas eficaces de control interno en la administración pública estatal, así como en la implementación de mecanismos de ética e integridad que los funcionarios públicos actúen con rectitud y apego a la legalidad, aseguró.
Además, se están impulsando en las dependencias y entidades, mecanismos de inclusión social y participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, como es la contraloría social y el modelo de gobierno abierto, que promueve la participación ciudadana, la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas en la actuación gubernamental.
De la mayor relevancia, es el tema de innovación gubernamental y tecnológica, que está promoviendo la Contraloría a través de los Comités institucionales de Gobierno Abierto (CIGA´s) para implementar trámites digitales, que beneficiarán a los usuarios en agilizar en tiempo y forma del servicio y contribuir a disminuir de manera significativa el riesgo de prácticas de corrupción.
El Contralor resaltó que, para entregar resultados a la sociedad en materia de rendición de cuentas, es fundamental incorporar al ciudadano en la toma de decisiones del espacio público, para que pueda vigilar y monitorear que los programas y obras de gobierno se lleven a cabo de forma adecuada, por lo que además de contribuir al combate a la corrupción, se fomente el ejercicio de sus derechos.
