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El juicio a siete hombres y una mujer acusados de golpear a dos guardias civiles y sus novias hace dos años en el norte de España inició el lunes, un caso rodeado de polémica por la acusación de terrorismo presentada contra los acusados.
La pelea ocurrida en un bar de Alsasua, Navarra, el 15 de octubre de 2016, dejó a un oficial que estaba en su día descanso con un tobillo fracturado y trauma psicológico a todas las víctimas, informó el sindicato de la Guardia Civil.
La fiscalía alega que el caso debería procesarse como un acto de lesiones y amenazas terroristas. Dice que los acusados forman parte de grupos activistas vascos y que tenían como objetivo oficiales que no estaban en servicio como parte de su campaña para expulsar a las fuerzas de seguridad del gobierno central del País Vasco y Navarra, un objetivo que también busca el grupo separatista vasco ETA.
Las regiones vascas de España vasca están tratando de superar décadas de violencia en manos de ETA, que mató a más de 800 personas, incluidos agentes de la policía, políticos y empresarios, antes de abandonar su campaña armada por la independencia vasca en 2011.
Los abogados y los partidarios de los acusados alegan que los cargos son desproporcionados para lo que consideran una riña de bar. También se quejan de que los acusados estuvieron en prisión preventiva durante casi 18 meses y rechazan como excesiva la petición de entre 12 y 62 años de cárcel de la fiscalía.
“Sería una auténtica aberración jurídica que se mantuviera la calificación de terrorismo, sería banalizarlo”, dijo el lunes el abogado Manuel Olle en entrevista en el radio.
Las audiencias se han programado para las próximas dos semanas en el muy esperado juicio que se inició el lunes en la Audiencia Nacional y el veredicto podría tardar meses.
Respaldados por las autoridades regionales y locales, decenas de miles de personas protestaron durante el fin de semana en la ciudad norteña de Pamplona, la capital de la provincia donde se encuentra Alsasua, con el lema “Justicia. No es terrorismo”.
Familiares de los acusados dijeron que no estaban abogando por la impunidad, pero instaron a que se aplique la justicia "sin exageración, distorsión y desproporción".
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), que está a favor de la fiscalía en el caso, dijo que la marcha del sábado y el apoyo de las autoridades locales hacia ella era un ataque más a las víctimas y un “claro abandono” hacia ellas.
El abogado de COVITE, Miguel Múgica, dijo en Cadena SER que el ataque a los guardias debe verse como “parte de un clima totalitario que persiste en muchas calles del País Vasco y Navarra y sigue buscando el silencio del disidente”.
Amnistía Internacional ha dicho que la agresión debería ser juzgada en un tribunal regional inferior en Navarra, y no en la Audiencia Nacional, que normalmente se encarga de los casos de terrorismo.
Inactivo desde 2011, ETA entregó sus últimas armas el año pasado. Tanto Francia como España, donde el grupo cometió la mayoría de sus acciones mortales durante más de 40 años, han exigido que la organización dé un paso más y se disuelva.
La pelea ocurrida en un bar de Alsasua, Navarra, el 15 de octubre de 2016, dejó a un oficial que estaba en su día descanso con un tobillo fracturado y trauma psicológico a todas las víctimas, informó el sindicato de la Guardia Civil.
La fiscalía alega que el caso debería procesarse como un acto de lesiones y amenazas terroristas. Dice que los acusados forman parte de grupos activistas vascos y que tenían como objetivo oficiales que no estaban en servicio como parte de su campaña para expulsar a las fuerzas de seguridad del gobierno central del País Vasco y Navarra, un objetivo que también busca el grupo separatista vasco ETA.
Las regiones vascas de España vasca están tratando de superar décadas de violencia en manos de ETA, que mató a más de 800 personas, incluidos agentes de la policía, políticos y empresarios, antes de abandonar su campaña armada por la independencia vasca en 2011.
Los abogados y los partidarios de los acusados alegan que los cargos son desproporcionados para lo que consideran una riña de bar. También se quejan de que los acusados estuvieron en prisión preventiva durante casi 18 meses y rechazan como excesiva la petición de entre 12 y 62 años de cárcel de la fiscalía.
“Sería una auténtica aberración jurídica que se mantuviera la calificación de terrorismo, sería banalizarlo”, dijo el lunes el abogado Manuel Olle en entrevista en el radio.
Las audiencias se han programado para las próximas dos semanas en el muy esperado juicio que se inició el lunes en la Audiencia Nacional y el veredicto podría tardar meses.
Respaldados por las autoridades regionales y locales, decenas de miles de personas protestaron durante el fin de semana en la ciudad norteña de Pamplona, la capital de la provincia donde se encuentra Alsasua, con el lema “Justicia. No es terrorismo”.
Familiares de los acusados dijeron que no estaban abogando por la impunidad, pero instaron a que se aplique la justicia "sin exageración, distorsión y desproporción".
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), que está a favor de la fiscalía en el caso, dijo que la marcha del sábado y el apoyo de las autoridades locales hacia ella era un ataque más a las víctimas y un “claro abandono” hacia ellas.
El abogado de COVITE, Miguel Múgica, dijo en Cadena SER que el ataque a los guardias debe verse como “parte de un clima totalitario que persiste en muchas calles del País Vasco y Navarra y sigue buscando el silencio del disidente”.
Amnistía Internacional ha dicho que la agresión debería ser juzgada en un tribunal regional inferior en Navarra, y no en la Audiencia Nacional, que normalmente se encarga de los casos de terrorismo.
Inactivo desde 2011, ETA entregó sus últimas armas el año pasado. Tanto Francia como España, donde el grupo cometió la mayoría de sus acciones mortales durante más de 40 años, han exigido que la organización dé un paso más y se disuelva.
