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La primera auditoría realizada a la Justicia federal en Argentina reveló que más de 500 causas por corrupción que afectan a funcionarios o exfuncionarios están frenadas ya que los jueces no avanzan en las indagatorias, procesamientos o condenas.
El informe, que fue realizado por un grupo independiente de auditores, analizó casi 10 mil causas judiciales de 1996 a 2016, de las cuales poco más de dos mil están en trámite.
Entre los expedientes, destacan los más de mil casos por corrupción que incluyen a funcionarios del actual gobierno de Mauricio Macri y de su antecesora Cristina Fernández de Kirchner.
La mitad de esas causas, es decir poco más de 500, están pendientes de resolución a pesar de que varias investigaciones, que también incluyen a empresarios, comenzaron hace una década.
El problema de la demora en el avance de causas judiciales que involucran a políticos es que abonan la impunidad que suele ser denunciada por organizaciones sociales y criticada por gran parte de la sociedad.
De acuerdo con la auditoría, en muchas de las causas la investigación se paralizó después de que los imputados fueran interrogados sin que haya una rendición de cuentas transparente ante la opinión pública.
Ello explica que sólo el 12 por ciento de las más de mil causas por corrupción haya llegado a la etapa de procesamiento, a lo que debe seguir el juicio oral y, finalmente, la sentencia.
Los acusados también terminan siendo víctimas, ya que mientras la causa está abierta las sospechas sobre su culpabilidad está abierta sin que haya todavía una condena que lo haya demostrado.
De los políticos acusados, por ejemplo, a un nueve por ciento se le dictó falta de mérito y a un 25 por ciento se le sobreseyó, es decir que no se encontraron elementos suficientes para procesarlo.
El informe, que fue realizado por un grupo independiente de auditores, analizó casi 10 mil causas judiciales de 1996 a 2016, de las cuales poco más de dos mil están en trámite.
Entre los expedientes, destacan los más de mil casos por corrupción que incluyen a funcionarios del actual gobierno de Mauricio Macri y de su antecesora Cristina Fernández de Kirchner.
La mitad de esas causas, es decir poco más de 500, están pendientes de resolución a pesar de que varias investigaciones, que también incluyen a empresarios, comenzaron hace una década.
El problema de la demora en el avance de causas judiciales que involucran a políticos es que abonan la impunidad que suele ser denunciada por organizaciones sociales y criticada por gran parte de la sociedad.
De acuerdo con la auditoría, en muchas de las causas la investigación se paralizó después de que los imputados fueran interrogados sin que haya una rendición de cuentas transparente ante la opinión pública.
Ello explica que sólo el 12 por ciento de las más de mil causas por corrupción haya llegado a la etapa de procesamiento, a lo que debe seguir el juicio oral y, finalmente, la sentencia.
Los acusados también terminan siendo víctimas, ya que mientras la causa está abierta las sospechas sobre su culpabilidad está abierta sin que haya todavía una condena que lo haya demostrado.
De los políticos acusados, por ejemplo, a un nueve por ciento se le dictó falta de mérito y a un 25 por ciento se le sobreseyó, es decir que no se encontraron elementos suficientes para procesarlo.
