Derechos Humanos pide reconocer el matrimonio igualitario

Derechos Humanos pide reconocer el matrimonio igualitario

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se manifestó a favor del reconocimiento legal del matrimonio de parejas del mismo sexo en el país y pidió se aprueben las reformas legales para el reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, el organismo reconoció que la población Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI) enfrenta creciente intolerancia de policías, servicios de salud e iglesias, entre otras instancias, que pueden derivar en diversos problemas.

En un comunicado, consideró necesario implementar normas contra la discriminación que incluyan categorías protegidas, tales como la orientación sexual la identidad y la expresión de género.

Asimismo, apuntó, se requiere la armonización de leyes y normatividad locales con la Constitución del país, para que los bandos municipales de policía y buen gobierno y otros reglamentos no sean utilizados como pretexto para la extorsión y acoso.

Recordó que entre 2010 y 2017 fueron documentados 151 expedientes de queja, de los cuales 27.8 por ciento fueron de varones homosexuales, 10.5 por ciento de poblaciones transgénero y transexuales, y 3.3 por ciento de población lésbica, en tanto que las entidades con mayor número de casos fueron la Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

En ese sentido, la Comisión reiteró el llamado a los gobiernos estatales (que formuló en su Recomendación General 23), en el sentido de que se reconozca en todo el país el matrimonio igualitario.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana señaló que pese a los avances legislativos que se han dado en México en los últimos años a favor de la comunidad LGBTTTI, persiste la discriminación contra esos grupos.

En un comunicado a propósito de la fecha, refirió que en el último año recibió 103 quejas relacionadas con supuestas violaciones a derechos de personas de esa comunidad, entre ellos a la seguridad jurídica, a la salud y a la no discriminación.

Expuso que entre las autoridades mencionadas en las quejas aparecen las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalinas.

Consideró que se requieren protocolos y un sistema de análisis y seguimiento sobre el delito de discriminación, y lesiones y homicidio cuando se cometen con odio por causa de la orientación sexual.