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Foto: Especial
Once años han transcurrido desde que en un hecho histórico se aprobó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México y este derecho, con altibajos, está profundamente enraizado en su cultura.
En la actual campaña electoral, de hecho, el aborto ha estado ausente del debate a nivel local y federal, ante preocupaciones prioritarias como seguridad pública, narcotráfico, pobreza, vivienda y suministro de agua.
El mes pasado, Patricia Mercado, ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y hoy candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), desmintió los rumores en torno a su presunto plan para ampliar el periodo legal para abortar de 12 a 24 semanas (seis meses) en la capital del país, como algunos activistas demandan.
Desde 2007, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara la ley correspondiente, más de 194 mil 500 mujeres han utilizado el programa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México.
Del total, 30% procedieron de otras partes de México y de otros países, mientras que una de cada dos contaba con estudios secundarios o superiores. Dentro del grupo de edad, 69% de las solicitantes tenía entre 18 y 29 años.
De acuerdo con el organismo no gubernamental Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la ley vigente permite interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas en casos excepcionales como abuso sexual, riesgos que amenacen la vida y malformaciones del feto.
Una ampliación de este periodo sería de particular importancia en los casos de violación y para la protección de la salud materna, puntualizó, teniendo en cuenta que algunas enfermedades sólo pueden detectarse pasadas las primeras 20 semanas de embarazo.
No obstante, el Senado local aprobó en marzo una reforma a la Ley General de Salud que incluye la objeción de conciencia, lo que permite al personal médico negarse a proporcionar servicios de aborto o de eutanasia.
Varios legisladores, como Angélica de la Peña, enfatizaron en el debate su rechazo a la reforma, concebida, señalaron, "para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo".
Autoridades futuras
Por su lado, otra ONG, Católicas por el Derecho a Decidir, conmemoró el 23 de abril el undécimo aniversario de la legislación de la Ciudad de México con un llamado a las autoridades locales y nacionales que serán elegidas en las urnas el próximo 1 de julio para garantizar el respeto al Estado laico y el Estado de Derecho.
La organización también convocó a asegurar la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad en los estados donde el procedimiento es legal, así como a las demás entidades a considerar la posibilidad de modificar sus leyes y políticas públicas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, a fin de salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y de las adolescentes en cumplimiento del Consenso de Montevideo establecido en 2013.
El aborto es considerado legal en caso de violación en los 31 estados de México. El procedimiento está permitido en todas las entidades, a excepción de los códigos penales de Guanajuato, Guerrero y Querétaro, cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre; está permitido en 14 estados en caso de malformación grave del feto y Yucatán, desde 1922, reconoce factores económicos para permitirlo cuando la solicitante ha tenido tres o más hijos.
Más de 670 mujeres han sido convictas por aborto en los estados más conservadores, como Guanajuato y Querétaro. En la práctica, pocas entidades proporcionan servicios legales de aborto, aunque sus autoridades tampoco procesan a los médicos que ofrecen servicios ilegales seguros de aborto, o a los que de manera clandestina ofrecen servicios baratos.
Once años han transcurrido desde que en un hecho histórico se aprobó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México y este derecho, con altibajos, está profundamente enraizado en su cultura.
En la actual campaña electoral, de hecho, el aborto ha estado ausente del debate a nivel local y federal, ante preocupaciones prioritarias como seguridad pública, narcotráfico, pobreza, vivienda y suministro de agua.
El mes pasado, Patricia Mercado, ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y hoy candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), desmintió los rumores en torno a su presunto plan para ampliar el periodo legal para abortar de 12 a 24 semanas (seis meses) en la capital del país, como algunos activistas demandan.
Desde 2007, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara la ley correspondiente, más de 194 mil 500 mujeres han utilizado el programa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México.
Del total, 30% procedieron de otras partes de México y de otros países, mientras que una de cada dos contaba con estudios secundarios o superiores. Dentro del grupo de edad, 69% de las solicitantes tenía entre 18 y 29 años.
De acuerdo con el organismo no gubernamental Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la ley vigente permite interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas en casos excepcionales como abuso sexual, riesgos que amenacen la vida y malformaciones del feto.
Una ampliación de este periodo sería de particular importancia en los casos de violación y para la protección de la salud materna, puntualizó, teniendo en cuenta que algunas enfermedades sólo pueden detectarse pasadas las primeras 20 semanas de embarazo.
No obstante, el Senado local aprobó en marzo una reforma a la Ley General de Salud que incluye la objeción de conciencia, lo que permite al personal médico negarse a proporcionar servicios de aborto o de eutanasia.
Varios legisladores, como Angélica de la Peña, enfatizaron en el debate su rechazo a la reforma, concebida, señalaron, "para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo".
Autoridades futuras
Por su lado, otra ONG, Católicas por el Derecho a Decidir, conmemoró el 23 de abril el undécimo aniversario de la legislación de la Ciudad de México con un llamado a las autoridades locales y nacionales que serán elegidas en las urnas el próximo 1 de julio para garantizar el respeto al Estado laico y el Estado de Derecho.
La organización también convocó a asegurar la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad en los estados donde el procedimiento es legal, así como a las demás entidades a considerar la posibilidad de modificar sus leyes y políticas públicas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, a fin de salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y de las adolescentes en cumplimiento del Consenso de Montevideo establecido en 2013.
El aborto es considerado legal en caso de violación en los 31 estados de México. El procedimiento está permitido en todas las entidades, a excepción de los códigos penales de Guanajuato, Guerrero y Querétaro, cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre; está permitido en 14 estados en caso de malformación grave del feto y Yucatán, desde 1922, reconoce factores económicos para permitirlo cuando la solicitante ha tenido tres o más hijos.
Más de 670 mujeres han sido convictas por aborto en los estados más conservadores, como Guanajuato y Querétaro. En la práctica, pocas entidades proporcionan servicios legales de aborto, aunque sus autoridades tampoco procesan a los médicos que ofrecen servicios ilegales seguros de aborto, o a los que de manera clandestina ofrecen servicios baratos.