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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley General de Salud por considerarla contraria a la protección de los derechos fundamentales.
Argumentó que la adición al artículo 10 BIS de la ley, en los términos en que fue publicada, abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La CNDH indicó que "el legislador federal ordinario no tiene la posibilidad de establecer restricciones a derechos constitucionales de forma que afecte el contenido esencial de un derecho fundamental como la protección de la salud".
Agregó que no se opone a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, pero que la regulación debe ser dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional existente, para que se garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales.
Con ello, la CNDH busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la constitucionalidad de la norma.
Argumentó que la adición al artículo 10 BIS de la ley, en los términos en que fue publicada, abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La CNDH indicó que "el legislador federal ordinario no tiene la posibilidad de establecer restricciones a derechos constitucionales de forma que afecte el contenido esencial de un derecho fundamental como la protección de la salud".
Agregó que no se opone a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, pero que la regulación debe ser dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional existente, para que se garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales.
Con ello, la CNDH busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la constitucionalidad de la norma.