A-AA+
En medio del clima de violencia que se vive en el proceso electoral en curso los tribunales están llamados a contribuir a generar un ambiente de paz, estableció la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora.
Explicó que las elecciones deben de ser una de las vías para contener la violencia y consolidar la paz, por eso "las instituciones electorales somos quienes debemos garantizarlo; de este tamaño es nuestra responsabilidad y estaremos a la altura para que éste y todos los procesos electorales tengan lugar en paz, orden y libertad".
En el Foro de Análisis Interamericano: Retos hacia una paridad de género libre de violencia, Otálora Malassis destacó la responsabilidad de quienes ejercen un cargo de impartición de justicia.
Esto porque la paz no se refiere a la inexistencia de conflictos violentos, sino "la presencia de justicia e igualdad, vinculada a la garantía de los derechos humanos. Los órganos jurisdiccionales electorales tenemos un gran potencial para hacerla posible".
En cambio, la violencia de cualquier forma no tiene cabida en una democracia pues merma la confianza de la ciudadanía y genera un ambiente de inseguridad donde "existe el temor de ser objeto de un acto que altere el curso del proyecto de vida, porque, ocurra o no, ese temor es por sí mismo un generador de violencia que determina las decisiones que toman las personas, y los costos sociales, económicos y políticos son muy altos.
"Las elecciones deben de ser una de las vías para contenerla [violencia] y así consolidar la paz. Las instituciones electorales somos quienes debemos garantizarlo; de este tamaño es nuestra responsabilidad", insistió.
En el foro, la magistrada de la Sala Superior Mónica Aralí Soto Fregoso indicó que se ha avanzado en la paridad libre de violencia con diversas jurisprudencias en las que no solamente se protege el acceso de las mujeres a los cargos, sino que se impulsa su permanencia al emitir medidas cautelares y medidas de protección, es decir, dando garantías completas al ejercicio de los derechos político-electorales de todas las mujeres en México.
Destacó como una de las acciones realizadas por el TEPJF, la emisión del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la realización de talleres para la utilización del protocolo como una herramienta que sirva para fortalecer el camino a la igualdad, además de que anunció que se realizarán talleres para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de las mujeres del país.
La ministra Margarita Luna Ramos, asistente al foro, informó que el Comité de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se convierte a su vez en el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial, ha establecido dos ejes fundamentales de trabajo: uno, establecer políticas públicas dentro de la institución para lograr la igualdad, y dos, impulsar la aplicación de la perspectiva de género dentro de la labor cotidiana en la impartición de justicia.
Explicó que, entre algunas acciones del comité, destaca la firma del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género con todos los Tribunales de Justicia de México, que calificó como un logro enorme y satisfactorio.
Explicó que las elecciones deben de ser una de las vías para contener la violencia y consolidar la paz, por eso "las instituciones electorales somos quienes debemos garantizarlo; de este tamaño es nuestra responsabilidad y estaremos a la altura para que éste y todos los procesos electorales tengan lugar en paz, orden y libertad".
En el Foro de Análisis Interamericano: Retos hacia una paridad de género libre de violencia, Otálora Malassis destacó la responsabilidad de quienes ejercen un cargo de impartición de justicia.
Esto porque la paz no se refiere a la inexistencia de conflictos violentos, sino "la presencia de justicia e igualdad, vinculada a la garantía de los derechos humanos. Los órganos jurisdiccionales electorales tenemos un gran potencial para hacerla posible".
En cambio, la violencia de cualquier forma no tiene cabida en una democracia pues merma la confianza de la ciudadanía y genera un ambiente de inseguridad donde "existe el temor de ser objeto de un acto que altere el curso del proyecto de vida, porque, ocurra o no, ese temor es por sí mismo un generador de violencia que determina las decisiones que toman las personas, y los costos sociales, económicos y políticos son muy altos.
"Las elecciones deben de ser una de las vías para contenerla [violencia] y así consolidar la paz. Las instituciones electorales somos quienes debemos garantizarlo; de este tamaño es nuestra responsabilidad", insistió.
En el foro, la magistrada de la Sala Superior Mónica Aralí Soto Fregoso indicó que se ha avanzado en la paridad libre de violencia con diversas jurisprudencias en las que no solamente se protege el acceso de las mujeres a los cargos, sino que se impulsa su permanencia al emitir medidas cautelares y medidas de protección, es decir, dando garantías completas al ejercicio de los derechos político-electorales de todas las mujeres en México.
Destacó como una de las acciones realizadas por el TEPJF, la emisión del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la realización de talleres para la utilización del protocolo como una herramienta que sirva para fortalecer el camino a la igualdad, además de que anunció que se realizarán talleres para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de las mujeres del país.
La ministra Margarita Luna Ramos, asistente al foro, informó que el Comité de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se convierte a su vez en el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial, ha establecido dos ejes fundamentales de trabajo: uno, establecer políticas públicas dentro de la institución para lograr la igualdad, y dos, impulsar la aplicación de la perspectiva de género dentro de la labor cotidiana en la impartición de justicia.
Explicó que, entre algunas acciones del comité, destaca la firma del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género con todos los Tribunales de Justicia de México, que calificó como un logro enorme y satisfactorio.