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El movimiento "Salvemos Manglar Tajamar" recriminó al titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, por intentar responsabilizar a la ciudadanía de Cancún, de la cancelación del mega desarrollo "Malecón Tajamar", cuando la culpa del fraude cometido a empresarios que adquirieron terrenos ahí, fue del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al haber tramitado una autorización con información falsa y violentando las condicionantes impuestas por la Semarnat.
La activista, Aracely Domínguez y la abogada, Antonella Vázquez, junto con integrantes de "Salvamos Manglar Tajamar, respondieron a las declaraciones hechas por el funcionario federal, en Quintana Roo y la Ciudad de México, que -coincidieron- "criminalizan" y "menoscaban" el ejercicio y defensa de los derechos de la ciudadanía cancunense.
De la Madrid Cordero declaró en mayo pasado, que no corresponde al Fonatur devolver o indemnizar a los particulares que compraron predios en el polígono, culpó a la sociedad civil de la parálisis definitiva del proyecto y consideró que los empresarios tendrían que "irse en contra" de quienes frenaron el megadesarrollo de Tajamar.
"Lo primero que tendrían que hacer los empresarios, es irse en contra de aquellos que los han impedido. Nosotros como Fonatur, vendimos los terrenos y ahora más bien son los particulares los que tendrían que ver cómo le hacen para poder construir en un lugar que cuando se les vendió era para eso, para desarrollarse. No es un tema que nosotros provocamos (el freno al proyecto).
"No somos nosotros los que hemos generado la posibilidad de desarrollar ahí nada; nosotros no hemos sido los jueces, los que de manera incorrecta algunos de ellos, les han dado visto bueno a simulaciones en donde se ha dicho que se está violentando el derecho de los niños a un medio ambiente. Nosotros no hemos sido los que hemos caído en esos argumentos tramposos", declaró el funcionario federal, el ocho de mayo pasado.
Al respecto, Aracely Domínguez dio lectura a una carta que giró a De la Madrid Cordero, el siete de junio pasado, mediante la cual le aclara que fueron Fonatur y la Semarnat, al actuar ilegalmente -como lo determinó el Tercer Tribunal Colegiado- lo que generó incertidumbre jurídica, afectó la inversión y puso en duda la confianza para los desarrollos inmobiliarios en la ciudad.
"Nosotros no somos responsables como nos amenazó el secretario de Turismo. Los responsables son la Semarnat, que resolvió una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con base en información falsa que presenta Fonatur.
"Ambos cometen un delito, ambos cometen un fraude y por eso es que los jueces, porque no sólo está la sentencia del Tribunal, sino de otros juzgados de Distrito, que dicen que se cometió una ilegalidad y por tanto se revoca la autorización de impacto ambiental de 2005", expresó Domínguez Rodríguez.
La ambientalista aclaró que tanto De la Madrid Cordero, como el Fonatur, intentan "engañar" a la opinión pública y a los propios empresarios, haciéndoles creer que la sentencia del Tribunal Colegiado, que el 8 de junio de 2017 resolvió dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental para la urbanización y lotificación del polígono y determinó que no se puede emitir ninguna nueva autorización en el sitio, puede ser combatida legalmente.
La estrategia -aseguró- busca ganar tiempo frente a los empresarios afectados, por la actuación irregular del Fonatur, para que "la bomba" le estalle al próximo presidente de la República, y evitar que la actual administración devuelva el dinero a los particulares con propiedades en Tajamar.
"Lo grave está en que están dejando pasar el tiempo para que la administración que entre, sea cual sea, tome la responsabilidad que les compete a los actuales, porque los actuales fueron los que recibieron el dinero y cometieron los ilícitos.
"La decisión del Tribunal Colegiado ya no puede ir para atrás, independientemente de lo que el juez diga, la sentencia se tiene que cumplir. No puede darse ninguna autorización para construir. Ya no se puede construir ahí", sostuvo.
La también presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), explicó que el engaño consiste en hacer creer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se tiene que pronunciar en torno al caso.
En realidad, -aclaró- el único recurso que admitió el máximo tribunal del país, fue hace un año y se resolvió el 19 de marzo pasado, al ordenar al Juzgado Cuarto dictar una nueva sentencia respecto al amparo promovido por 113 infantes de Cancún, garantizando que acreditasen su interés jurídico y legítimo en el juicio.
En ese tema, la abogada, Antonella Vázquez, detalló que el fallo del Juzgado Cuarto no puede contraponerse al del Tribunal Colegiado, cuya sentencia evidenció que la autorización expedida por la Semarnat al Fonatur, fue ilegal, además de haber reconocido y privilegiado el interés colectivo, al particular, y el derecho constitucional a desarrollarse en un medio ambiente sano.
Vázquez Cavedón indicó que se promovió además un recurso legal para hacer ver al juez que los empresarios que han intervenido en el juicio, no tienen la potestad como terceros perjudicados, puesto que compraron terrenos en Malecón Tajamar hasta después de haberse expedido la autorización, por lo que se solicitó dejarlos fuera del litigio.
La activista, Aracely Domínguez y la abogada, Antonella Vázquez, junto con integrantes de "Salvamos Manglar Tajamar, respondieron a las declaraciones hechas por el funcionario federal, en Quintana Roo y la Ciudad de México, que -coincidieron- "criminalizan" y "menoscaban" el ejercicio y defensa de los derechos de la ciudadanía cancunense.
De la Madrid Cordero declaró en mayo pasado, que no corresponde al Fonatur devolver o indemnizar a los particulares que compraron predios en el polígono, culpó a la sociedad civil de la parálisis definitiva del proyecto y consideró que los empresarios tendrían que "irse en contra" de quienes frenaron el megadesarrollo de Tajamar.
"Lo primero que tendrían que hacer los empresarios, es irse en contra de aquellos que los han impedido. Nosotros como Fonatur, vendimos los terrenos y ahora más bien son los particulares los que tendrían que ver cómo le hacen para poder construir en un lugar que cuando se les vendió era para eso, para desarrollarse. No es un tema que nosotros provocamos (el freno al proyecto).
"No somos nosotros los que hemos generado la posibilidad de desarrollar ahí nada; nosotros no hemos sido los jueces, los que de manera incorrecta algunos de ellos, les han dado visto bueno a simulaciones en donde se ha dicho que se está violentando el derecho de los niños a un medio ambiente. Nosotros no hemos sido los que hemos caído en esos argumentos tramposos", declaró el funcionario federal, el ocho de mayo pasado.
Al respecto, Aracely Domínguez dio lectura a una carta que giró a De la Madrid Cordero, el siete de junio pasado, mediante la cual le aclara que fueron Fonatur y la Semarnat, al actuar ilegalmente -como lo determinó el Tercer Tribunal Colegiado- lo que generó incertidumbre jurídica, afectó la inversión y puso en duda la confianza para los desarrollos inmobiliarios en la ciudad.
"Nosotros no somos responsables como nos amenazó el secretario de Turismo. Los responsables son la Semarnat, que resolvió una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con base en información falsa que presenta Fonatur.
"Ambos cometen un delito, ambos cometen un fraude y por eso es que los jueces, porque no sólo está la sentencia del Tribunal, sino de otros juzgados de Distrito, que dicen que se cometió una ilegalidad y por tanto se revoca la autorización de impacto ambiental de 2005", expresó Domínguez Rodríguez.
La ambientalista aclaró que tanto De la Madrid Cordero, como el Fonatur, intentan "engañar" a la opinión pública y a los propios empresarios, haciéndoles creer que la sentencia del Tribunal Colegiado, que el 8 de junio de 2017 resolvió dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental para la urbanización y lotificación del polígono y determinó que no se puede emitir ninguna nueva autorización en el sitio, puede ser combatida legalmente.
La estrategia -aseguró- busca ganar tiempo frente a los empresarios afectados, por la actuación irregular del Fonatur, para que "la bomba" le estalle al próximo presidente de la República, y evitar que la actual administración devuelva el dinero a los particulares con propiedades en Tajamar.
"Lo grave está en que están dejando pasar el tiempo para que la administración que entre, sea cual sea, tome la responsabilidad que les compete a los actuales, porque los actuales fueron los que recibieron el dinero y cometieron los ilícitos.
"La decisión del Tribunal Colegiado ya no puede ir para atrás, independientemente de lo que el juez diga, la sentencia se tiene que cumplir. No puede darse ninguna autorización para construir. Ya no se puede construir ahí", sostuvo.
La también presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), explicó que el engaño consiste en hacer creer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se tiene que pronunciar en torno al caso.
En realidad, -aclaró- el único recurso que admitió el máximo tribunal del país, fue hace un año y se resolvió el 19 de marzo pasado, al ordenar al Juzgado Cuarto dictar una nueva sentencia respecto al amparo promovido por 113 infantes de Cancún, garantizando que acreditasen su interés jurídico y legítimo en el juicio.
En ese tema, la abogada, Antonella Vázquez, detalló que el fallo del Juzgado Cuarto no puede contraponerse al del Tribunal Colegiado, cuya sentencia evidenció que la autorización expedida por la Semarnat al Fonatur, fue ilegal, además de haber reconocido y privilegiado el interés colectivo, al particular, y el derecho constitucional a desarrollarse en un medio ambiente sano.
Vázquez Cavedón indicó que se promovió además un recurso legal para hacer ver al juez que los empresarios que han intervenido en el juicio, no tienen la potestad como terceros perjudicados, puesto que compraron terrenos en Malecón Tajamar hasta después de haberse expedido la autorización, por lo que se solicitó dejarlos fuera del litigio.