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El caso de la denuncia de Yvett Salazar Torres, titular de la Segam, no es una situación de hostigamiento o cuestión de género, sino de rendición de cuentas y transparencia, valoró Arely Torres Miranda, activista feminista y consejera social del Inmujeres.
Este miércoles, se reveló que la funcionaria estatal demandó por violencia de género y hostigamiento por ser mujer a Luis González Lozano, representante legal de la asociación Cambio de Ruta, por continuas solicitudes de información y demandas de amparo.
La entrevistada remarcó que si bien no tiene más información sobre la exigencia de rendición de cuentas, en caso de que la secretaria haya recibido una agresión relacionada al género, se le debe de dar atención e implementar mecanismos para que no se vuelva repetir una situación de esta índole.
Torres Miranda consideró que las peticiones del abogado de la asociación civil, son parte de un derecho ciudadano.
“Con base a estas notas y a lo que yo he podido ver, desconozco si hay otras declaraciones que hayan sido desafortunadas o un claro ataque, a mi me parece que este señor (González Lozano) está ejerciendo un derecho ciudadano”, adujo.
Señaló que todo servidor o servidora pública en la función gubernamental tiene la obligación de rendir información y transparencia. “Hay una línea muy clara sobre lo que implica como servidor o servidora pública deber atender los llamados a la transparencia y la rendición de cuentas y que eso debe de ser diferente a un acoso”, concluyó.
Este miércoles, se reveló que la funcionaria estatal demandó por violencia de género y hostigamiento por ser mujer a Luis González Lozano, representante legal de la asociación Cambio de Ruta, por continuas solicitudes de información y demandas de amparo.
La entrevistada remarcó que si bien no tiene más información sobre la exigencia de rendición de cuentas, en caso de que la secretaria haya recibido una agresión relacionada al género, se le debe de dar atención e implementar mecanismos para que no se vuelva repetir una situación de esta índole.
Torres Miranda consideró que las peticiones del abogado de la asociación civil, son parte de un derecho ciudadano.
“Con base a estas notas y a lo que yo he podido ver, desconozco si hay otras declaraciones que hayan sido desafortunadas o un claro ataque, a mi me parece que este señor (González Lozano) está ejerciendo un derecho ciudadano”, adujo.
Señaló que todo servidor o servidora pública en la función gubernamental tiene la obligación de rendir información y transparencia. “Hay una línea muy clara sobre lo que implica como servidor o servidora pública deber atender los llamados a la transparencia y la rendición de cuentas y que eso debe de ser diferente a un acoso”, concluyó.