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Disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) anunciaron que han iniciado un movimiento para restablecer un proceso democrático en la próxima elección para renovar la dirigencia en octubre próximo y evitar que se vuelva a "imponer de manera autoritaria" el actual secretario general Manuel Vallejo.
"En el próximo proceso electoral debe reinar la más amplia democracia y participación para elegir al Comité Ejecutivo Nacional que deberá dirigir la organización en los siguientes años. Desde hoy decimos que los dirigentes deben emanar de un proceso de votación desde cada centro de trabajo y que no aceptaremos que haya un sucesor o elegido de las manos de un corrupto. No convalidaremos a nadie que surja de un proceso de designación, deben entender que ese método no es propio de un sistema democrático", subrayaron en un pronunciamiento un grupo de disidentes.
Encabezados por ex integrantes de la dirigencia sindical como Eduardo Pérez Saucedo y Héctor Ulises García, así como por Rafael Soto Cruz y Víctor Ortega, el grupo de trabajadores destacaron en conferencia de prensa que se requiere garantizar la equidad en la participación del próximo congreso del SNTSS, por lo que exigieron "el levantamiento de todas las sanciones y la reinstalación de los despedidos políticos" y reiteraron que la próxima dirigencia deberá emanar de la decisión soberana de la base trabajadora.
"Deberá ser desde cada centro de trabajo y en representación de todo el país de donde surjan las planillas de trabajadores convencidos de este programa".
Convocaron a una asamblea nacional para discutir cómo participar en el proceso electoral interno, la cual se realizará el próximo 28 de julio en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en avenida de Los Insurgentes Centro, en la Ciudad de México.
Se quejaron de que en los últimos seis años se ha incrementado el número de trabajadores rescindidos con diversos argumentos, pero que de fondo está el que se oponen a la actual Secretaría General que ha endurecido "un terrorismo sindical". Pidieron que se realice una auditoría externa a la gestión de Manuel Vallejo, ante un presunto uso irregular de los recursos de la organización que congrega a 400 mil empleados en activo y 200 mil jubilados.
"En el próximo proceso electoral debe reinar la más amplia democracia y participación para elegir al Comité Ejecutivo Nacional que deberá dirigir la organización en los siguientes años. Desde hoy decimos que los dirigentes deben emanar de un proceso de votación desde cada centro de trabajo y que no aceptaremos que haya un sucesor o elegido de las manos de un corrupto. No convalidaremos a nadie que surja de un proceso de designación, deben entender que ese método no es propio de un sistema democrático", subrayaron en un pronunciamiento un grupo de disidentes.
Encabezados por ex integrantes de la dirigencia sindical como Eduardo Pérez Saucedo y Héctor Ulises García, así como por Rafael Soto Cruz y Víctor Ortega, el grupo de trabajadores destacaron en conferencia de prensa que se requiere garantizar la equidad en la participación del próximo congreso del SNTSS, por lo que exigieron "el levantamiento de todas las sanciones y la reinstalación de los despedidos políticos" y reiteraron que la próxima dirigencia deberá emanar de la decisión soberana de la base trabajadora.
"Deberá ser desde cada centro de trabajo y en representación de todo el país de donde surjan las planillas de trabajadores convencidos de este programa".
Convocaron a una asamblea nacional para discutir cómo participar en el proceso electoral interno, la cual se realizará el próximo 28 de julio en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en avenida de Los Insurgentes Centro, en la Ciudad de México.
Se quejaron de que en los últimos seis años se ha incrementado el número de trabajadores rescindidos con diversos argumentos, pero que de fondo está el que se oponen a la actual Secretaría General que ha endurecido "un terrorismo sindical". Pidieron que se realice una auditoría externa a la gestión de Manuel Vallejo, ante un presunto uso irregular de los recursos de la organización que congrega a 400 mil empleados en activo y 200 mil jubilados.