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Al menos dos mujeres murieron por abortos clandestinos en Argentina, apenas una semana después de que el Senado rechazara la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en medio de múltiples protestas del movimiento feminista de este país.
A diferencia del silencio que solía envolver las muertes de mujeres por complicaciones derivadas de abortos, ahora cada caso genera un revuelo porque demuestra que la ilegalidad no resuelve el problema de fondo.
La víspera murió una joven de 30 años que había sido internada en un hospital de Pilar, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, debido a complicaciones por un aborto provocado.
El director del hospital, Esteban Sieling, confirmó el deceso y sus causas, pero no brindó mayores detalles para resguardar la identidad de la paciente que, de acuerdo con las leyes vigentes, cometió un delito.
La ley que el Senado no quiso derogar sólo despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación o si está en riesgo la vida de la madre o del feto.
Sin estas causales, toda mujer que se practica un aborto de manera voluntaria en Argentina puede tener una condena de uno a cuatro años de prisión.
El pasado lunes, cuando sólo habían pasado cinco días del rechazo a la legalización del aborto en el Senado, la muerte de una mujer de 34 años generó una conmoción en el país.
La víctima, quien dejó huérfano a un niño de dos años, murió en un hospital de la provincia de Buenos Aires con una infección que obligó a que le extirparan el útero.
Los médicos le encontraron restos de perejil, la planta que las mujeres de escasos recursos suelen utilizar para tratar de interrumpir embarazos, ya que no pueden pagar una intervención clandestina en una clínica.
Las redes sociales y los medios de comunicación se colmaron de reclamos de activistas que responsabilizaron de estas muertes a los senadores que votaron en contra de la legalización del aborto.
En Argentina se calcula que cada año hay entre 350 mil y 500 mil abortos clandestinos que suelen provocar la muerte de alrededor de 30 mujeres.
A diferencia del silencio que solía envolver las muertes de mujeres por complicaciones derivadas de abortos, ahora cada caso genera un revuelo porque demuestra que la ilegalidad no resuelve el problema de fondo.
La víspera murió una joven de 30 años que había sido internada en un hospital de Pilar, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, debido a complicaciones por un aborto provocado.
El director del hospital, Esteban Sieling, confirmó el deceso y sus causas, pero no brindó mayores detalles para resguardar la identidad de la paciente que, de acuerdo con las leyes vigentes, cometió un delito.
La ley que el Senado no quiso derogar sólo despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación o si está en riesgo la vida de la madre o del feto.
Sin estas causales, toda mujer que se practica un aborto de manera voluntaria en Argentina puede tener una condena de uno a cuatro años de prisión.
El pasado lunes, cuando sólo habían pasado cinco días del rechazo a la legalización del aborto en el Senado, la muerte de una mujer de 34 años generó una conmoción en el país.
La víctima, quien dejó huérfano a un niño de dos años, murió en un hospital de la provincia de Buenos Aires con una infección que obligó a que le extirparan el útero.
Los médicos le encontraron restos de perejil, la planta que las mujeres de escasos recursos suelen utilizar para tratar de interrumpir embarazos, ya que no pueden pagar una intervención clandestina en una clínica.
Las redes sociales y los medios de comunicación se colmaron de reclamos de activistas que responsabilizaron de estas muertes a los senadores que votaron en contra de la legalización del aborto.
En Argentina se calcula que cada año hay entre 350 mil y 500 mil abortos clandestinos que suelen provocar la muerte de alrededor de 30 mujeres.
