A-AA+
Desde 2008 a la fecha, los diferentes niveles gubernamentales e instancias inmiscuidas con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial, Oral tenían otra preocupación, que es la inseguridad, analizó Francisco Salazar Soni, catedrático de la Facultad de Derecho de la UASLP.
El 10 de agosto pasado, se reveló que tras la implementación de dicho esquema de justicia en el estado potosino, la impunidad se estimó en 95.7 por ciento, según un estudio de la organización México Evalúa.
El entrevistado criticó que se gastaron millones de pesos en la construcción de salas de juicios orales, en lugar de la profesionalización de los todos los actores, siendo que los complejos de otros países como Estados Unidos o Chile son sencillos.
Para el legista, el esquema debe mantenerse, perfeccionarse y restructurar las instituciones de seguridad, sobre todo a todos los operadores; todas las policías siguen siendo el eslabón más débil, añadió.
Sentenció que los gendarmes municipales, estatales y ministeriales no se han conjuntado en un programa homologado, por ejemplo en materia del primer respondiente en una escena del crimen.
Rememoró que cuando se emitió el Código de Procedimientos Penales en 2014, se difundió en un artículo transitorio que tanto el Consejo de la Judicatura, las Defensorías Públicas federales, la PGR, la Segob, la SHCP y todas las dependencias inmiscuidas deberían elaborar planes y programas para una adecuada implementación del sistema.
Sin embargo, evidenció: “El punto es, que desde 2008 a la fecha el gobierno federal, el gobierno estatal y todos aquellos que están inmiscuidos con el sistema de justicia penal, tenían otra preocupación que era la inseguridad”.
Por lo tanto, sentenció que no se aprovechó la instalación del sistema de justicia porque el estado en sus diferentes niveles de gobierno, se “distrajo” por los altos índices de inseguridad “que a la fecha siguen siendo un Talón de Aquiles”, lamentó.
El también analista en seguridad, vaticinó que la próxima administración encabezada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tendrá un punto muy vulnerable en materia de seguridad.
