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Prisioneros en Estados Unidos declararon hoy una huelga de 20 días a fin de protestar contra las malas condiciones de encierro y para terminar lo que muchos consideran trabajos forzados en condiciones de esclavitud.
Las protestas están programadas para llevarse a cabo del 21 de agosto al 9 de septiembre, que marca el aniversario del sangriento levantamiento en la prisión de Attica en Nueva York. Los prisioneros se unirán a protestas pacíficas, suspenderán sus compras y se declararán en huelga de hambre.
“Exigimos condiciones de vida humanas, acceso a rehabilitación, reforma al sistema de sentencias y el fin de la esclavitud moderna”, destacó el Comité Organizador de Trabajadores Encarcelados, uno de los varios grupos civiles que apoyan las huelgas.
Organizadores indicaron que no cuentan con una estimación aproximadas de cuántos reclusos están participando en las protestas, pero precisaron que se esperan manifestaciones en instalaciones correccionales en al menos 17 estados.
Entre las 10 demandas destacan mejoras a las condiciones y “un inmediato alto a la esclavitud de la prisión”, lo que implica que todo trabajo debe ser pagado de acuerdo con los salarios establecidos en los estados correspondientes.
Asimismo, sobresale la exigencia para terminar las prácticas racistas que resultan en sentencias y tratos más severos contra la población afroamericana y de color. Piden también que los prisioneros y los exconvictos gocen de sus derechos políticos, incluido el voto.
El trabajo en las prisiones, en condiciones similares a la esclavitud, es bastante común en Estados Unidos debido a una exención contenida en la treceava enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud pero pero permite la “servidumbre involuntaria como parte de un castigo por un crimen”.
Un ejemplo reciente de esta práctica fue el uso de presos para combatir los extendidos incendio en el estado de California. Los reclutados son voluntarios aunque ganan un dólar la hora más dos dólares por día trabajado, o unas 10 veces menos menos que el salario mínimo estatal.
Las condiciones generales en las prisiones provocaron una protesta a principios de año en una prisión de Carolina del Sur, donde siete reclusos perdieron la vida, de acuerdo con voceros de las protestas. Ese incidente detonó las manifestaciones iniciadas este martes.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), uno de los organismos que ha respaldado la huelga, celebró a “las personas valientes que están enfocando la atención en el sistema de encarcelamiento masivo de Estados Unidos”.
“ACLU respalda las demandas de la huelga nacional de prisiones, incluida la demanda de derecho de voto. Nuestro país es más fuerte cuando las personas más marginadas y directamente afectadas por políticas injustas alzan la voz”, dijo Udi Ofer director de la campaña de justicia de ACLU.
Ofer señaló que ACLU comparte además el anhelo de desmantelar el encarcelamiento masivo en el país. Con 2.3 millones de personas en prisión, Estados Unidos es el país con el mayor número de personas privadas de la libertad en el mundo.
El representante de ACLU instó además a los funcionarios de las prisiones a no responder con represalias a las protestas, lo que incluye evitar colocar a los participantes en confinamiento solitario o agregar tiempo a sus sentencias.
Según la Iniciativa de Política Penitenciaria, un grupo de expertos de política pública orientado a la justicia penal con sede en Massachusetts, el reo que trabaja gana alrededor de 85 centavos por hora en promedio.
En 2017, a los reclusos de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia y Texas no se les pagó la mayor parte de su trabajo. Los defensores de estos trabajos mal remunerados han argumentado que los reclusos se benefician de la experiencia laboral y que las prisiones, que a menudo carecen de recursos económicos, no pueden pagar más.
Los defensores de los reos señalan que los prisioneros necesitan salarios reales para poder comprar artículos de primera necesidad que no sean alimentos en las cárceles.
Cientos de miles de prisioneros también están empleados en trabajos dentro y fuera de las prisiones, la mayoría de las veces haciendo trabajos para mantener las cárceles.
En un comunicado, “Jailhouse Lawyers Speak” (JLS) pidió rescindir varias leyes incluyendo la denominada “Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios”, que permite que las personas encarceladas sean un canal adecuado para abordar los agravios y las violaciones de sus derechos”.
Además, demandó poner fin a la Ley de Verdad en Sentencias y la Ley de Reforma de Sentencias para que los reos tengan la posibilidad de rehabilitación y libertad condicional. “Ningún humano será sentenciado a muerte por encarcelamiento ni cumplirá ninguna sentencia sin posibilidad de libertad condicional”.
Las demandas de los reos también tocan la cuestión racial, al exigir el fin inmediato a la sobrecarga racial, sobre-sentencia, y negaciones de libertad condicional de afroamericanos e hispanos.
También pidió que “a ningún ser humano encarcelado se le deberá negar el acceso a programas de rehabilitación en su lugar de detención debido a su etiqueta de delincuente violento”.
Las protestas están programadas para llevarse a cabo del 21 de agosto al 9 de septiembre, que marca el aniversario del sangriento levantamiento en la prisión de Attica en Nueva York. Los prisioneros se unirán a protestas pacíficas, suspenderán sus compras y se declararán en huelga de hambre.
“Exigimos condiciones de vida humanas, acceso a rehabilitación, reforma al sistema de sentencias y el fin de la esclavitud moderna”, destacó el Comité Organizador de Trabajadores Encarcelados, uno de los varios grupos civiles que apoyan las huelgas.
Organizadores indicaron que no cuentan con una estimación aproximadas de cuántos reclusos están participando en las protestas, pero precisaron que se esperan manifestaciones en instalaciones correccionales en al menos 17 estados.
Entre las 10 demandas destacan mejoras a las condiciones y “un inmediato alto a la esclavitud de la prisión”, lo que implica que todo trabajo debe ser pagado de acuerdo con los salarios establecidos en los estados correspondientes.
Asimismo, sobresale la exigencia para terminar las prácticas racistas que resultan en sentencias y tratos más severos contra la población afroamericana y de color. Piden también que los prisioneros y los exconvictos gocen de sus derechos políticos, incluido el voto.
El trabajo en las prisiones, en condiciones similares a la esclavitud, es bastante común en Estados Unidos debido a una exención contenida en la treceava enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud pero pero permite la “servidumbre involuntaria como parte de un castigo por un crimen”.
Un ejemplo reciente de esta práctica fue el uso de presos para combatir los extendidos incendio en el estado de California. Los reclutados son voluntarios aunque ganan un dólar la hora más dos dólares por día trabajado, o unas 10 veces menos menos que el salario mínimo estatal.
Las condiciones generales en las prisiones provocaron una protesta a principios de año en una prisión de Carolina del Sur, donde siete reclusos perdieron la vida, de acuerdo con voceros de las protestas. Ese incidente detonó las manifestaciones iniciadas este martes.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), uno de los organismos que ha respaldado la huelga, celebró a “las personas valientes que están enfocando la atención en el sistema de encarcelamiento masivo de Estados Unidos”.
“ACLU respalda las demandas de la huelga nacional de prisiones, incluida la demanda de derecho de voto. Nuestro país es más fuerte cuando las personas más marginadas y directamente afectadas por políticas injustas alzan la voz”, dijo Udi Ofer director de la campaña de justicia de ACLU.
Ofer señaló que ACLU comparte además el anhelo de desmantelar el encarcelamiento masivo en el país. Con 2.3 millones de personas en prisión, Estados Unidos es el país con el mayor número de personas privadas de la libertad en el mundo.
El representante de ACLU instó además a los funcionarios de las prisiones a no responder con represalias a las protestas, lo que incluye evitar colocar a los participantes en confinamiento solitario o agregar tiempo a sus sentencias.
Según la Iniciativa de Política Penitenciaria, un grupo de expertos de política pública orientado a la justicia penal con sede en Massachusetts, el reo que trabaja gana alrededor de 85 centavos por hora en promedio.
En 2017, a los reclusos de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia y Texas no se les pagó la mayor parte de su trabajo. Los defensores de estos trabajos mal remunerados han argumentado que los reclusos se benefician de la experiencia laboral y que las prisiones, que a menudo carecen de recursos económicos, no pueden pagar más.
Los defensores de los reos señalan que los prisioneros necesitan salarios reales para poder comprar artículos de primera necesidad que no sean alimentos en las cárceles.
Cientos de miles de prisioneros también están empleados en trabajos dentro y fuera de las prisiones, la mayoría de las veces haciendo trabajos para mantener las cárceles.
En un comunicado, “Jailhouse Lawyers Speak” (JLS) pidió rescindir varias leyes incluyendo la denominada “Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios”, que permite que las personas encarceladas sean un canal adecuado para abordar los agravios y las violaciones de sus derechos”.
Además, demandó poner fin a la Ley de Verdad en Sentencias y la Ley de Reforma de Sentencias para que los reos tengan la posibilidad de rehabilitación y libertad condicional. “Ningún humano será sentenciado a muerte por encarcelamiento ni cumplirá ninguna sentencia sin posibilidad de libertad condicional”.
Las demandas de los reos también tocan la cuestión racial, al exigir el fin inmediato a la sobrecarga racial, sobre-sentencia, y negaciones de libertad condicional de afroamericanos e hispanos.
También pidió que “a ningún ser humano encarcelado se le deberá negar el acceso a programas de rehabilitación en su lugar de detención debido a su etiqueta de delincuente violento”.
