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GUADALAJARA (EFE).- El extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) Luis Octavio Cotero reveló hoy a Efe que el contenedor de refrigeración que fue recientemente abandonado con unos cien cadáveres en Jalisco no es el único, sino que hay un segundo, que en total sumarían unos 300 cuerpos.
Este vehículo está ubicado en las instalaciones del IJCF, a diferencia del tráiler de refrigeración que fue abandonado en dos ocasiones en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco, una decisión que no fue informada al forense, aseguró el exdirector, quien fue destituido ayer por el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
En una entrevista con Efe, Cotero dijo que en ambos camiones refrigerantes hay hasta 300 cuerpos que el IJCF no tiene la capacidad de resguardar, debido al aumento de la violencia en el estado en los últimos tres años.
"Están en los tráileres, uno es el que se exhibió en los medios y otro nuevo que se contrató por parte de la fiscalía porque nosotros no tenemos recursos para contratar ese tipo de servicio, ni la bodega donde estuvieron. No fue de mi conocimiento, ni información", aseguró.
El exfuncionario estatal dio a conocer que a la fecha hay 444 cuerpos de personas fallecidas en espera de ser identificadas o inhumadas en el Servicio Médico Forense, por lo que el IJCF hizo un esfuerzo para conservar hasta 144 de ellos, mientras que los restantes fueron confinados a ambos contenedores.
"La capacidad de los refrigeradores es de 72, pero tienen 144 porque había que forzar un poquito la capacidad; es demasiada la demanda de atención a estos cuerpos", aseguró Cotero.
Agregó que al ver que los "cuerpos se estaban descomponiendo, la fiscalía tuvo la necesidad de contratar desde hace dos años ese (primer) camión refrigerante", que en un inicio contenía 200 cuerpos, aunque fueron siendo identificados hasta llegar a un centenar.
El frigorífico, que oficialmente estaba bajo custodia del órgano forense estatal, fue abandonado en el municipio de Tlaquepaque y después movido a Tlajomulco hasta que el sábado fue puesto bajo resguardo de la fiscalía de Jalisco.
Cotero se deslindó de cualquier responsabilidad por el abandono de esos cuerpos y acusó a la fiscalía y al gobierno estatal de no hacer lo necesario para que los cadáveres estén preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense.
"Se estaba buscando un lugar decorosamente para inhumar los cuerpos una vez que se construyera un cementerio, pero a la fecha está suspendida la obra y no se tiene un lugar donde construir", aseguró el exfuncionario.
Aseveró que con su destitución el "gobierno estatal se lavó las manos" para no afrontar su obligación y aseguró que la fiscalía no se ha preocupado por definir un protocolo para su trato y protección.
De acuerdo con estadísticas del IJCF, hasta julio de 2018 se habían registrado 552 asesinatos, y actualmente hay unas 3 mil personas en calidad de desaparecidos.
Tan sólo de junio a agosto de este año fueron encontrados los cuerpos de 49 personas en ocho fosas clandestinas en los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán y Guadalajara.
Las autoridades de Jalisco han atribuido el aumento de la violencia y el incremento en los asesinatos a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Nueva Plaza.
Comisiones de Derechos Humanos critican trato a cadáveres en tráiler
El "trato inhumano" que se le dio a los 157 cadáveres que fueron trasladados en un tráiler por el área metropolitana de Guadalajara representa una falta de respeto a la dignidad de los fallecidos y sus familiares, afirmaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), por lo que solicitaron que se sancione a los responsables.
Criticaron el mal manejo que se dio a los cadáveres que aún no han sido reclamados, lo que "evidencia la falta de capacitación y sensibilidad de quienes realizaron o permitieron acciones distintas a las establecidas para el manejo y preservación de restos mortales", hecho ante el cual CNDH y CEDHJ conformaron un equipo integrado por médicos forenses, psicólogos y abogados para investigar el caso.
Los organismos manifestaron su total indignación por el trato inhumano que se dio a los 157 cadáveres y demandaron a las autoridades correspondientes que lleven a cabo una investigación exhaustiva de los hechos para que los responsables sean sancionados.
Enfatizaron que "tales hechos representan falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas y vulneran sus prerrogativas fundamentales y las de sus familiares, quienes además tienen el derecho a conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas".
Los organismos destacaron también que el mal manejo de esos restos tiene consecuencias en materia de salud pública, porque su traslado y condiciones bajo las cuales fueron manejados pueden tener efectos nocivos para los pobladores de la zona.
La CNDH y la CEDHJ expresaron que este caso evidencia la necesidad de establecer protocolos y normas de actuación unificadas en todo el país, de acuerdo con estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos, así como la importancia de contar con un banco genético y de datos, y revisar el marco normativo aplicable a los cementerios y lugares de inhumación a nivel nacional, así como los mecanismos para vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que se hagan acreedores quienes las infrinjan.
Resaltaron la importancia de que las autoridades correspondientes cumplan con las propuestas contenidas en el Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, así como con los puntos señalados en la Recomendación General 3/2018 emitida por la CEDHJ, relacionados con inhumaciones controladas e individualizadas de los cuerpos o restos humanos que están a disposición de la autoridad ministerial, pero bajo custodia y guarda del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
En ese documento se recomendó a la Fiscalía General de Estado y al IJCF construir o adquirir depósitos o cámaras dotados con sistemas óptimos de refrigeración para cadáveres o restos humanos que se tengan en custodia y guarda, y no estén en posibilidad de ser inhumados, además de dotar de los recursos para el cumplimiento de ese punto.
Ambos organismos informaron que observarán con atención la evolución de los acontecimientos y el desempeño de las autoridades relacionadas con el caso.