A-AA+
El legislador local José Antonio Meraz Zapata, presentó una iniciativa para establecer la suspensión permanente del la actividad pública para servidores que sean sancionados por hechos de corrupción (muerte civil) y para los particulares en ese supuesto, imponer la prohibición permanente de participar en licitaciones y concursos; para ambos casos, tanto por la vía administrativa como penal.
De acuerdo al balance realizado por el IMCO, los estudios muestran que hay una relación entre la confianza en el gobierno y la percepción de la corrupción, “en el caso de México los niveles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia representativa -partidos políticos y poder legislativo– son extraordinariamente elevados y esto torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno”, se lee en la exposición de motivos.
“Nuestras Leyes estatales ya cuentan con algunos mecanismos para sancionar las conductas corruptas, pero ante la urgencia de mejorar las instituciones, es necesario fortalecer la Ley, y conseguir que los elementos corruptos, queden fuera definitivamente del servicio público”, señala el diputado.
Con esta reforma, se espera apartar del servicio público permanentemente, a quienes hayan incurrido en estos hechos, por medio de un mecanismo que contemple sanción administrativa y penal, además de incluir a los particulares que participen esa conducta, en este caso, que abarque licitaciones y concursos, ya que se ha mostrado la participación y asociación entre ambas partes.
De acuerdo al balance realizado por el IMCO, los estudios muestran que hay una relación entre la confianza en el gobierno y la percepción de la corrupción, “en el caso de México los niveles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia representativa -partidos políticos y poder legislativo– son extraordinariamente elevados y esto torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno”, se lee en la exposición de motivos.
“Nuestras Leyes estatales ya cuentan con algunos mecanismos para sancionar las conductas corruptas, pero ante la urgencia de mejorar las instituciones, es necesario fortalecer la Ley, y conseguir que los elementos corruptos, queden fuera definitivamente del servicio público”, señala el diputado.
Con esta reforma, se espera apartar del servicio público permanentemente, a quienes hayan incurrido en estos hechos, por medio de un mecanismo que contemple sanción administrativa y penal, además de incluir a los particulares que participen esa conducta, en este caso, que abarque licitaciones y concursos, ya que se ha mostrado la participación y asociación entre ambas partes.
