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Ejecutivos de Finanzas propusieron aumentar a 13.5 por ciento la contribución para la cuenta individual de ahorro para el retiro y crear un Sistema Nacional de Pensiones, como parte de una reforma al sistema mexicano, la cual calificaron como urgente.
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, dijo que el pasivo de todos los sistemas de pensiones tiene un costo fiscal actuarial que oscila entre 80 y 105 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Al presentar dicha propuesta que incluye cuatro pilares y 17 acciones, la cual fue presentaba al gobierno actual y al entrante para discutirse en mesas de trabajo, expuso que tiene un sentido de urgencia ante la cercana probabilidad de tener una población cada vez más envejecida.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la población de la llamada generación Afore tiene una cotización promedio cercana a 14 años de los casi 25 años que se requieren.
Así, solo 23.9 por ciento estaría en condiciones de acceder a una pensión al llegar a los 65 años, y el 76.1 por ciento restante no cumplirá con dicho requisito y no podrá pensionarse, advirtió acompañado del presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, Jorge López Pérez.
“La reforma al sistema de pensiones es por demás prioritaria y sería un costoso error ignorar su crítica situación actual. El envejecimiento de la población y las condiciones que hoy prevalecen son un gran desafío para la próxima administración federal, a la que le corresponderá actuar con prontitud. No hacerlo representaría un alto costo social y económico difícil de enfrentar”, subrayó.
Los cuatro ejes de la propuesta de reforma del IMEF al sistema de pensiones son Estado de derecho, que consiste en la implementación de prácticas basadas en el cumplimiento de la ley para que exista una mejor seguridad social, es decir, inclusión de modelos laborales modernos.
Además, concordancia de fondeo con cumplimiento de 100 por ciento de las contribuciones de seguridad social por parte de los patrones, y auditorías estrictas de seguridad social, en especial para que las empresas que se beneficien del fondeo de las Afore cumplan con una política de cumplimiento al sistema de seguridad nacional del país.
El cuarto eje es la deducibilidad al 100 por ciento de aportaciones a fondos de pensiones con reglas prudenciales de exigibilidad, pues actualmente, y después de la reforma fiscal de 2014, solo se considera 53 por ciento.
López Macari informó que el organismo de profesionistas propone implementar 17 acciones que mejoren el sistema de pensiones sin incrementar el costo para las finanzas públicas.
Entre estas destaca el incremento a la edad de retiro, sin elevar el número de semanas cotizadas establecidas en mil 250, pero con base en el aumento de la esperanza de vida y sin poner una edad específica, luego de que el próximo gobierno propone que se eleve a 68 años.
Además, crear un Sistema Nacional de Pensiones, manejado por un Instituto Nacional de Pensiones (INP), que a través de una Ley Marco contabilice, decida, proyecte, financie y proponga sinergias para lograr equilibrio presupuestal, conveniencia empresarial y justicia laboral.
Introducir una Pensión Universal (PU), financiada con recursos públicos, cuyo acceso sea para toda la población, sin tomar en cuenta si ya se cuenta con la pensión de algún instituto de seguridad social, pensión privada o si se encuentra en la informalidad.
Para los afiliados al IMSS, aumentar a 13.5 por ciento la contribución obligatoria actual, ubicada actualmente en 6.5 por ciento.
Esto sería así: de 5.0 por ciento que aporta el patrón al Infonavit, reasignar 3.0 por ciento para la pensión; que el patrón aporte 1.0 por ciento adicional (y esto sea deducible de impuestos) y el gobierno otro 1.0 por ciento adicional (sin costo fiscal adicional sino haciendo reasignaciones).
Además, bajo el esquema de ahorro voluntario de auto afiliación con pari passu, de tal forma que el trabajador pone 1.0 por ciento, el patrón en pari passu un 1.0 por ciento (deducible).
Con una contribución total de 13.5 por ciento para la cuenta individual de ahorro para el retiro, el nivel de reemplazo para la nueva generación de ahorradores sería de 55/60 por ciento y beneficiaría a la generación de “Afore transición” (aquellos que ya han ahorrado durante la mitad de su carrera laboral a niveles del 6.5 y no pertenecen a la ley de 1973).
Esto, ya que incrementaría su nivel de reemplazo entre 15 por ciento y 20 por ciento, según el tiempo que le quede por cotizar.
Otras propuestas son esquemas para aumentar el ahorro voluntario, promocionando las herramientas tecnológicas que permitan ampliar la cobertura y el ahorro, así como flexibilizar el régimen de inversión de las Afore para que tengan mayor libertad para la diversificación y por ende producir mejores rendimientos en beneficio del trabajador.
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, dijo que el pasivo de todos los sistemas de pensiones tiene un costo fiscal actuarial que oscila entre 80 y 105 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Al presentar dicha propuesta que incluye cuatro pilares y 17 acciones, la cual fue presentaba al gobierno actual y al entrante para discutirse en mesas de trabajo, expuso que tiene un sentido de urgencia ante la cercana probabilidad de tener una población cada vez más envejecida.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la población de la llamada generación Afore tiene una cotización promedio cercana a 14 años de los casi 25 años que se requieren.
Así, solo 23.9 por ciento estaría en condiciones de acceder a una pensión al llegar a los 65 años, y el 76.1 por ciento restante no cumplirá con dicho requisito y no podrá pensionarse, advirtió acompañado del presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, Jorge López Pérez.
“La reforma al sistema de pensiones es por demás prioritaria y sería un costoso error ignorar su crítica situación actual. El envejecimiento de la población y las condiciones que hoy prevalecen son un gran desafío para la próxima administración federal, a la que le corresponderá actuar con prontitud. No hacerlo representaría un alto costo social y económico difícil de enfrentar”, subrayó.
Los cuatro ejes de la propuesta de reforma del IMEF al sistema de pensiones son Estado de derecho, que consiste en la implementación de prácticas basadas en el cumplimiento de la ley para que exista una mejor seguridad social, es decir, inclusión de modelos laborales modernos.
Además, concordancia de fondeo con cumplimiento de 100 por ciento de las contribuciones de seguridad social por parte de los patrones, y auditorías estrictas de seguridad social, en especial para que las empresas que se beneficien del fondeo de las Afore cumplan con una política de cumplimiento al sistema de seguridad nacional del país.
El cuarto eje es la deducibilidad al 100 por ciento de aportaciones a fondos de pensiones con reglas prudenciales de exigibilidad, pues actualmente, y después de la reforma fiscal de 2014, solo se considera 53 por ciento.
López Macari informó que el organismo de profesionistas propone implementar 17 acciones que mejoren el sistema de pensiones sin incrementar el costo para las finanzas públicas.
Entre estas destaca el incremento a la edad de retiro, sin elevar el número de semanas cotizadas establecidas en mil 250, pero con base en el aumento de la esperanza de vida y sin poner una edad específica, luego de que el próximo gobierno propone que se eleve a 68 años.
Además, crear un Sistema Nacional de Pensiones, manejado por un Instituto Nacional de Pensiones (INP), que a través de una Ley Marco contabilice, decida, proyecte, financie y proponga sinergias para lograr equilibrio presupuestal, conveniencia empresarial y justicia laboral.
Introducir una Pensión Universal (PU), financiada con recursos públicos, cuyo acceso sea para toda la población, sin tomar en cuenta si ya se cuenta con la pensión de algún instituto de seguridad social, pensión privada o si se encuentra en la informalidad.
Para los afiliados al IMSS, aumentar a 13.5 por ciento la contribución obligatoria actual, ubicada actualmente en 6.5 por ciento.
Esto sería así: de 5.0 por ciento que aporta el patrón al Infonavit, reasignar 3.0 por ciento para la pensión; que el patrón aporte 1.0 por ciento adicional (y esto sea deducible de impuestos) y el gobierno otro 1.0 por ciento adicional (sin costo fiscal adicional sino haciendo reasignaciones).
Además, bajo el esquema de ahorro voluntario de auto afiliación con pari passu, de tal forma que el trabajador pone 1.0 por ciento, el patrón en pari passu un 1.0 por ciento (deducible).
Con una contribución total de 13.5 por ciento para la cuenta individual de ahorro para el retiro, el nivel de reemplazo para la nueva generación de ahorradores sería de 55/60 por ciento y beneficiaría a la generación de “Afore transición” (aquellos que ya han ahorrado durante la mitad de su carrera laboral a niveles del 6.5 y no pertenecen a la ley de 1973).
Esto, ya que incrementaría su nivel de reemplazo entre 15 por ciento y 20 por ciento, según el tiempo que le quede por cotizar.
Otras propuestas son esquemas para aumentar el ahorro voluntario, promocionando las herramientas tecnológicas que permitan ampliar la cobertura y el ahorro, así como flexibilizar el régimen de inversión de las Afore para que tengan mayor libertad para la diversificación y por ende producir mejores rendimientos en beneficio del trabajador.