A-AA+
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un amparo promovido por la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, con el que buscaba que el Estado le pagara una indemnización por daño moral.
El asunto derivó de una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que Carpinteyro reclamó a la Procuraduría General de la República (PGR) el pago de daños y perjuicios por la investigación iniciada en su contra en la que se le acusó de revelación de delitos.
La acusación por la que la PGR llevó a juicio a la también ex candidata a jefa de Gobierno capitalina, surgió en 2010 luego de que supuestamente Carpinteyro divulgara conversaciones telefónicas privadas del ex titular de la SCT, Luis Téllez.
Sin embargo, en marzo de 2011, un juez dictó auto de libertad a favor de Carpinteyro por falta de pruebas en su contra, con lo que quedó absuelta de la acusación. Por esta razón, la ex funcionaria inició un litigio contra la PGR para cobrarle una indemnización por los daños y perjuicios que alegó le provocó la denuncia penal en su contra.
El amparo directo llegó a la SCJN, donde la Segunda Sala desechó el asunto con lo que cerró las puertas a la posibilidad de que Carpinteyro cobre algo al Estado pues de antemano un tribunal federal le negó la petición.
El asunto derivó de una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que Carpinteyro reclamó a la Procuraduría General de la República (PGR) el pago de daños y perjuicios por la investigación iniciada en su contra en la que se le acusó de revelación de delitos.
La acusación por la que la PGR llevó a juicio a la también ex candidata a jefa de Gobierno capitalina, surgió en 2010 luego de que supuestamente Carpinteyro divulgara conversaciones telefónicas privadas del ex titular de la SCT, Luis Téllez.
Sin embargo, en marzo de 2011, un juez dictó auto de libertad a favor de Carpinteyro por falta de pruebas en su contra, con lo que quedó absuelta de la acusación. Por esta razón, la ex funcionaria inició un litigio contra la PGR para cobrarle una indemnización por los daños y perjuicios que alegó le provocó la denuncia penal en su contra.
El amparo directo llegó a la SCJN, donde la Segunda Sala desechó el asunto con lo que cerró las puertas a la posibilidad de que Carpinteyro cobre algo al Estado pues de antemano un tribunal federal le negó la petición.