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QUITO, Ecuador (EFE).- El canciller ecuatoriano, José Valencia, aseguró hoy que el protocolo emitido para regular las condiciones de vida en la Embajada en Londres del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, cuenta con pleno respaldo judicial.
En declaraciones a la prensa en la ciudad de Daule, próxima a Guayaquil, el canciller se refirió por primera vez públicamente al protocolo, cuyo contenido no se ha revelado oficialmente pero que ha provocado el tajante rechazo de los abogados que defienden al activista australiano.
Cuenta "absolutamente con todo el respaldo judicial (y) legal del caso, ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana", aseguró Valencia.
Poco antes, el exjuez español Baltasar Garzón, en una rueda de prensa en Quito, lo había tachado de "unilateral" y "arbitrario" y reveló que, por ello, había presentado una acción legal de protección para el australiano en contra de Valencia.
El canciller, en una primera reacción a la acción legal, dijo que responderán a ella "de manera adecuada, siguiendo el apego al derecho".
El protocolo que circula por redes sociales, y que ninguna fuente oficial ha confirmado ni desmentido, contempla la devolución controlada al australiano de la conexión a internet, después de que se le cancelara en marzo por difundir sus opiniones políticas, lo que a partir de ahora no podría hacer so pena de ver cancelada su condición de asilo.
También establece reglas de limpieza con su mascota, protocolos de atención médica, la necesidad de pagarse sus gastos o restricciones a las visitas.
Assange recibió el llamado "Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica" el pasado 13 de octubre, y está compuesto de 32 disposiciones específicas.
La defensa del fundador de WikiLeaks argumenta que es un documento sin firma de responsabilidad y sin sellos, que "jamás" se consensuó, lo cual es reflejo de que la buena comunicación hasta ahora entre las partes se ha diluido.
Refugiado en la sede diplomática ecuatoriana desde el 19 de junio de 2012, el periodista y activista era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con dos acusaciones de violación a dos mujeres, que él niega.
No obstante, Suecia finalmente archivó la causa al no poder avanzar en la investigación, pero un tribunal londinense rechazó dejar sin efecto el mandato de arresto de Assange, aduciendo un incumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza.
