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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunció hoy que se pronunciará sobre la acusación de presunto abuso de poder del candidato presidencial Jair Bolsonaro, cuya campaña fue señalada de ser favorecida por el envío de miles de mensajes por Whatsapp contra su rival, pagados por empresas.
El TSE, que ya indicó antes de la campaña que la distribución de “noticias falsas” sería el mayor desafío de los comicios, convocó una rueda de prensa para este viernes sobre las denuncias publicadas el jueves en la prensa brasileña y que convulsionaron la campaña electoral.
Fuentes del tribunal, que inhabilitó a Luiz Inacio Lula da Silva el 31 de agosto pasado, declararon a la prensa brasileña que si se comprobara el abuso de poder económico por parte de la campaña de Bolsonaro su candidatura podría ser impugnada.
Con todo, este tipo de acciones – de la que ya fue objeto Dilma Rousseff en 2014-, demora varios meses o incluso años para ser concluida, y la segunda vuelta electoral es apenas en nueve días, el próximo 28 de octubre.
El diario Folha de Sao Paulo publicó el jueves un reportaje en el que acusa a empresarios brasileños de financiar de manera ilícita una red para enviar noticias falsas y difamatorias contra el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiar a Bolsonaro, el candidao presidencial de extrema derecha.
El costo de esos mensajes difamatorios contra la formación de izquierda dependería del servicio, pero el periódico dijo que cada contrato está valorado en hasta 12 millones de reales (unos tres millones de dólares).
En reacción a la Operación Lava Jato, que reveló el uso de dinero ilícito de empresas para partidos políticos, la Justicia electoral veta desde estas elección presidencial las donaciones de compañías.
El TSE, que ya indicó antes de la campaña que la distribución de “noticias falsas” sería el mayor desafío de los comicios, convocó una rueda de prensa para este viernes sobre las denuncias publicadas el jueves en la prensa brasileña y que convulsionaron la campaña electoral.
Fuentes del tribunal, que inhabilitó a Luiz Inacio Lula da Silva el 31 de agosto pasado, declararon a la prensa brasileña que si se comprobara el abuso de poder económico por parte de la campaña de Bolsonaro su candidatura podría ser impugnada.
Con todo, este tipo de acciones – de la que ya fue objeto Dilma Rousseff en 2014-, demora varios meses o incluso años para ser concluida, y la segunda vuelta electoral es apenas en nueve días, el próximo 28 de octubre.
El diario Folha de Sao Paulo publicó el jueves un reportaje en el que acusa a empresarios brasileños de financiar de manera ilícita una red para enviar noticias falsas y difamatorias contra el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiar a Bolsonaro, el candidao presidencial de extrema derecha.
El costo de esos mensajes difamatorios contra la formación de izquierda dependería del servicio, pero el periódico dijo que cada contrato está valorado en hasta 12 millones de reales (unos tres millones de dólares).
En reacción a la Operación Lava Jato, que reveló el uso de dinero ilícito de empresas para partidos políticos, la Justicia electoral veta desde estas elección presidencial las donaciones de compañías.
