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La defensa del mexicano Roberto Moreno Ramos interpuso hoy dos apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en un esfuerzo de última hora para frenar su ejecución programada para las 18:00 horas de este miércoles en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, Texas.
Danalynn Recer, abogada de Moreno Ramos y directora del Centro de Defensa de la Región del Golfo, un grupo con sede en Houston que atiende la defensa de reos en pena de muerte, explicó que las apelaciones son dos peticiones para que se revisen fallos de cortes inferiores que se negaron a atender las irregularidades registradas en el caso del mexicano.
Una de las apelaciones pide al máximo tribunal judicial del país revisar la negativa de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, a la moción de Moreno Ramos para tener acceso a las cortes y a un debido proceso.
La segunda apelación solicita a la Suprema Corte revisar el fallo de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, que niega atender sus quejas privándolo de sus derechos constitucionales fundamentales.
De no proceder las apelaciones, ni las peticiones para posponer la ejecución hechas por organismos de derechos humanos y el gobierno de México al gobernador de Texas, Greg Abbott, Moreno Ramos recibirá la inyección letal en punto de las 18:00 horas de este miércoles.
Moreno Ramos “está programado para ser ejecutado por el estado de Texas a pesar del hecho de que ningún miembro de algún jurado, tribunal o ninguna otra autoridad ha considerado nunca una sola pieza de evidencia o un solo argumento para salvar su vida”, aseguró Recer.
La abogada indicó que Moreno Ramos se enfrentó a un juicio prácticamente solo, ya que ni la policía ni sus abogados se comunicaron con su familia en California ni le informaron al gobierno de su país de origen, México, sobre su arresto.
“El jurado que decidió que el señor Moreno Ramos debía morir no recibió ninguna información sobre su vida. El abogado del juicio no realizó ninguna investigación de historia de vida, ni de mitigación", manifestó Racer.
“No se presentó un solo testigo durante la fase de penalización del juicio. En la discusión final, el abogado ni siquiera mencionó al señor Moreno Ramos ni le pidió al jurado que le perdonara la vida”, anotó.
Racer dijo que luego, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas nombró a un abogado sin experiencia en el tema de la pena capital y sin ayuda para representar a Moreno Ramos en los procedimientos estatales posteriores a la condena.
El abogado no realizó ninguna investigación, no cumplió con el plazo de presentación y presentó una petición que no presentó una sola reclamación de exención posterior a la condena.
Moreno Ramos, originario de la comunidad de El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, fue sentenciado a la pena de muerte en marzo de 1993.
Un jurado de una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo declaró culpable de haber dado muerte con golpes de martillo a su esposa Leticia Ramos, de 42 años, a su hija Abigail de siete y a su hijo Jonathan de tres, el 7 de febrero de 1992 en la comunidad fronteriza de Progreso.
Los cuerpos de los tres fueron encontrados semanas después enterrados bajo el baño de la casa donde vivían. Moreno Ramos fue detenido semanas después del crimen, para ser cuestionado luego de que los parientes de su esposa comenzaran a preocuparse.
De acuerdo con las autoridades, Moreno Ramos asesinó a su familia para casarse de nuevo tres días después de haber cometido los homicidios. Al ser cuestionado por la policía, el mexicano confesó haber dado muerte a su esposa, pero dijo que lo había hecho después de que ella matara a sus dos hijos.
De aplicársele la pena máxima, Moreno Ramos se convertiría en el reo mexicano número 12 en ser ejecutado en Estados Unidos y en el onceavo en Texas, desde que este país reactivó la aplicación de la pena de muerte en 1976.
Danalynn Recer, abogada de Moreno Ramos y directora del Centro de Defensa de la Región del Golfo, un grupo con sede en Houston que atiende la defensa de reos en pena de muerte, explicó que las apelaciones son dos peticiones para que se revisen fallos de cortes inferiores que se negaron a atender las irregularidades registradas en el caso del mexicano.
Una de las apelaciones pide al máximo tribunal judicial del país revisar la negativa de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, a la moción de Moreno Ramos para tener acceso a las cortes y a un debido proceso.
La segunda apelación solicita a la Suprema Corte revisar el fallo de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, que niega atender sus quejas privándolo de sus derechos constitucionales fundamentales.
De no proceder las apelaciones, ni las peticiones para posponer la ejecución hechas por organismos de derechos humanos y el gobierno de México al gobernador de Texas, Greg Abbott, Moreno Ramos recibirá la inyección letal en punto de las 18:00 horas de este miércoles.
Moreno Ramos “está programado para ser ejecutado por el estado de Texas a pesar del hecho de que ningún miembro de algún jurado, tribunal o ninguna otra autoridad ha considerado nunca una sola pieza de evidencia o un solo argumento para salvar su vida”, aseguró Recer.
La abogada indicó que Moreno Ramos se enfrentó a un juicio prácticamente solo, ya que ni la policía ni sus abogados se comunicaron con su familia en California ni le informaron al gobierno de su país de origen, México, sobre su arresto.
“El jurado que decidió que el señor Moreno Ramos debía morir no recibió ninguna información sobre su vida. El abogado del juicio no realizó ninguna investigación de historia de vida, ni de mitigación", manifestó Racer.
“No se presentó un solo testigo durante la fase de penalización del juicio. En la discusión final, el abogado ni siquiera mencionó al señor Moreno Ramos ni le pidió al jurado que le perdonara la vida”, anotó.
Racer dijo que luego, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas nombró a un abogado sin experiencia en el tema de la pena capital y sin ayuda para representar a Moreno Ramos en los procedimientos estatales posteriores a la condena.
El abogado no realizó ninguna investigación, no cumplió con el plazo de presentación y presentó una petición que no presentó una sola reclamación de exención posterior a la condena.
Moreno Ramos, originario de la comunidad de El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, fue sentenciado a la pena de muerte en marzo de 1993.
Un jurado de una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo declaró culpable de haber dado muerte con golpes de martillo a su esposa Leticia Ramos, de 42 años, a su hija Abigail de siete y a su hijo Jonathan de tres, el 7 de febrero de 1992 en la comunidad fronteriza de Progreso.
Los cuerpos de los tres fueron encontrados semanas después enterrados bajo el baño de la casa donde vivían. Moreno Ramos fue detenido semanas después del crimen, para ser cuestionado luego de que los parientes de su esposa comenzaran a preocuparse.
De acuerdo con las autoridades, Moreno Ramos asesinó a su familia para casarse de nuevo tres días después de haber cometido los homicidios. Al ser cuestionado por la policía, el mexicano confesó haber dado muerte a su esposa, pero dijo que lo había hecho después de que ella matara a sus dos hijos.
De aplicársele la pena máxima, Moreno Ramos se convertiría en el reo mexicano número 12 en ser ejecutado en Estados Unidos y en el onceavo en Texas, desde que este país reactivó la aplicación de la pena de muerte en 1976.
