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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se pronunció en relación al Plan de seguridad anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel Obrador, y afirmó que "preocupa el Plan de Paz y Seguridad 2018-2021 porque es antifederalista".
Además, aseguró que su postura siempre será en contra de cualquier invasión a la soberanía estatal.
El mandatario panista recordó que Chihuahua fue el único que se opuso a la Ley de Seguridad Interior por considerarla violatoria de los Derechos Humanos, por lo que se presentó la demanda de controversia Constitucional por los efectos perniciosos, no solo para Chihuahua, sino para todo el país.
En un mensaje dirigido a los chihuahuenses y mexicanos en febrero pasado, Corral señaló: "estamos convencidos de que invade la soberanía del estado de Chihuahua por las autoridades federales, vulnera nuestra autonomía presupuestaria y financiera y pone en serio riesgo principios y derechos fundamentales como el derecho a la seguridad pública, a la libertad de acceso a la información, a la privacidad y protección de datos personales, a la libertad de reunión, al principio propersona, al principio de progresividad y al derecho a la libertad personal". Este jueves afirmó que ésta seguirá siendo su postura frente a cualquier invasión a la soberanía estatal, presente o futura.
Corral consideró como inconstitucional que una ley pretenda asignar a una ambigua Ley de Seguridad Interior, funciones a las fuerzas armadas consistentes en actividades que corresponden a la seguridad pública y por tanto a las autoridades civiles, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución.
"Nos parece muy delicado que el presidente de la República pueda solicitar por sí mismo, sin que medie solicitud del Poder Ejecutivo de una entidad o de la legislatura estatal, disponer de las fuerzas armadas para instaurar una intervención militar en un estado o en determinada zona geográfica del país y aquí es donde encuentra mayor sentido nuestra oposición a esta ley, toda vez que el diseño legislativo en esta materia prefirió un modelo de sustitución de autoridades civiles por autoridades militares, en lugar de un modelo de coadyuvancia y coordinación efectiva", explicó.
Asimismo, dijo que institucionalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública terminará desestimulando la necesaria profesionalización de los cuerpos policíacos estatales y municipales, la cual resulta indispensable para la seguridad de los ciudadanos.
Además, aseguró que su postura siempre será en contra de cualquier invasión a la soberanía estatal.
El mandatario panista recordó que Chihuahua fue el único que se opuso a la Ley de Seguridad Interior por considerarla violatoria de los Derechos Humanos, por lo que se presentó la demanda de controversia Constitucional por los efectos perniciosos, no solo para Chihuahua, sino para todo el país.
En un mensaje dirigido a los chihuahuenses y mexicanos en febrero pasado, Corral señaló: "estamos convencidos de que invade la soberanía del estado de Chihuahua por las autoridades federales, vulnera nuestra autonomía presupuestaria y financiera y pone en serio riesgo principios y derechos fundamentales como el derecho a la seguridad pública, a la libertad de acceso a la información, a la privacidad y protección de datos personales, a la libertad de reunión, al principio propersona, al principio de progresividad y al derecho a la libertad personal". Este jueves afirmó que ésta seguirá siendo su postura frente a cualquier invasión a la soberanía estatal, presente o futura.
Corral consideró como inconstitucional que una ley pretenda asignar a una ambigua Ley de Seguridad Interior, funciones a las fuerzas armadas consistentes en actividades que corresponden a la seguridad pública y por tanto a las autoridades civiles, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución.
"Nos parece muy delicado que el presidente de la República pueda solicitar por sí mismo, sin que medie solicitud del Poder Ejecutivo de una entidad o de la legislatura estatal, disponer de las fuerzas armadas para instaurar una intervención militar en un estado o en determinada zona geográfica del país y aquí es donde encuentra mayor sentido nuestra oposición a esta ley, toda vez que el diseño legislativo en esta materia prefirió un modelo de sustitución de autoridades civiles por autoridades militares, en lugar de un modelo de coadyuvancia y coordinación efectiva", explicó.
Asimismo, dijo que institucionalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública terminará desestimulando la necesaria profesionalización de los cuerpos policíacos estatales y municipales, la cual resulta indispensable para la seguridad de los ciudadanos.