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Al hacer notar la urgencia de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales fortalecida, su titular, Héctor Díaz Santana, afirma que el organismo va por autonomía plena: presupuestal, operativa y de investigación, además de un marco legal actualizado, para hacer realidad el combate efectivo a la delincuencia en la política y en los comicios.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Díaz Santana menciona que propuso al Senado legislar para que se sancione con prisión la corrupción política, de cuatro a ocho años por la presentación de firmas simuladas para candidatos independientes, conductas que hoy no son delitos electorales, y la creación de juzgados y tribunales especializados en materia electoral.
Refiere los rezagos que enfrenta la fiscalía por ausencia de autonomía plena: hoy no tiene mando ni sobre los 100 policías de investigación, ni sobre los seis peritos comisionados al organismo. Además, cuenta con pocos instrumentos científicos para trabajar en el nuevo modelo penal acusatorio y en su presupuesto sólo 3 millones de pesos son gasto efectivo para operar.
A lo anterior, añade el fiscal especial, se suma un marco legal en el que no están tipificadas la mayoría de las conductas que afectan los procesos electorales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Díaz Santana menciona que propuso al Senado legislar para que se sancione con prisión la corrupción política, de cuatro a ocho años por la presentación de firmas simuladas para candidatos independientes, conductas que hoy no son delitos electorales, y la creación de juzgados y tribunales especializados en materia electoral.
Refiere los rezagos que enfrenta la fiscalía por ausencia de autonomía plena: hoy no tiene mando ni sobre los 100 policías de investigación, ni sobre los seis peritos comisionados al organismo. Además, cuenta con pocos instrumentos científicos para trabajar en el nuevo modelo penal acusatorio y en su presupuesto sólo 3 millones de pesos son gasto efectivo para operar.
A lo anterior, añade el fiscal especial, se suma un marco legal en el que no están tipificadas la mayoría de las conductas que afectan los procesos electorales.