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México necesita mejor seguridad, pero acorde al Estado democrático de derecho, las instituciones no deben estar subordinadas a estructuras militares, indicó Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien recordó que la creación de una Guardia Nacional contraviene a la Constitución actual.
En el acto inaugural del seminario "Verdad, Memoria y Justicia en Contextos de Violencia Criminal", organizado por El Colegio de México y la CNDH, Guadarrama López indicó que dejar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que enfrenta el país.
Destacó que la creación de una Guardia Nacional, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como los principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito.
En representación del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el visitador enfatizó que "México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no están condicionadas a actuaciones autoritarias ni discrecionales. Nuestro país no debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática".
Para el visitador, repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado demostraron sus limitaciones y deficiencias, como el mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que se han registrado homicidios, hay miles de desaparecidos y hay un número indeterminado de víctimas que viven con la impotencia de tener un sistema de procuración e impartición de justicia en que prevalece la impunidad.
Acompañado por Jean Francois Prud´homme, director del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, y Mónica Serrano, profesora e investigadora de esa institución y coordinadora del Seminario, Guadarrama López indicó que en México no sólo se necesita pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo que es fundamental que exista una institucionalidad fuerte, hacer vigente el Estado de Derecho, lograr una estructura burocrática profesional y eficiente, así como generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión.
Mencionó que se requiere "una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad de escuchar a las víctimas, atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, al igual que los de todas las demás personas".
Ante ese panorama, explicó que contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, no es algo optativo o negociable, sino una realidad ineludible si se quiere dejar de lado la simulación y las soluciones parciales, y acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.
En el acto inaugural del seminario "Verdad, Memoria y Justicia en Contextos de Violencia Criminal", organizado por El Colegio de México y la CNDH, Guadarrama López indicó que dejar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que enfrenta el país.
Destacó que la creación de una Guardia Nacional, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como los principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito.
En representación del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el visitador enfatizó que "México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no están condicionadas a actuaciones autoritarias ni discrecionales. Nuestro país no debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática".
Para el visitador, repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado demostraron sus limitaciones y deficiencias, como el mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que se han registrado homicidios, hay miles de desaparecidos y hay un número indeterminado de víctimas que viven con la impotencia de tener un sistema de procuración e impartición de justicia en que prevalece la impunidad.
Acompañado por Jean Francois Prud´homme, director del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, y Mónica Serrano, profesora e investigadora de esa institución y coordinadora del Seminario, Guadarrama López indicó que en México no sólo se necesita pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo que es fundamental que exista una institucionalidad fuerte, hacer vigente el Estado de Derecho, lograr una estructura burocrática profesional y eficiente, así como generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión.
Mencionó que se requiere "una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad de escuchar a las víctimas, atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, al igual que los de todas las demás personas".
Ante ese panorama, explicó que contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, no es algo optativo o negociable, sino una realidad ineludible si se quiere dejar de lado la simulación y las soluciones parciales, y acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.