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Foto: Archivo
Rogelio Escamilla Garza, juez mixto de lo civil y familiar del quinto distrito judicial de Cadereyta, Nuevo León, realizó este miércoles una audiencia colectiva para divorciar a 67 parejas, en una práctica que desde octubre de 2017 viene realizando cuatro o cinco veces al mes, y que considera benéfica para la sociedad, porque regulariza situaciones de personas que tienen hasta 30 años separadas y en unión libre formaron una nueva familia.
Esta innovadora forma de disolver el vínculo matrimonial, que se realiza por primera vez en México y quizá también en toda América Latina, explica Escamilla, la puso en marcha en el sistema judicial de la entidad en octubre de 2017, y a la fecha contabiliza más de mil divorcios mediante esta modalidad, que cuenta con el apoyo moral y en recursos del Consejo de la Judicatura estatal.
Escamilla Garza fue también el juez que celebró la primera audiencia de un juicio oral civil de todo México y gran parte de América Latina, el 11 de marzo de 2007, cuando fungía como togado segundo de juicio oral civil de Monterrey.
Las demandas de divorcio que recibe son únicamente de su jurisdicción que comprende los municipios de Juárez, Cadereyta y Los Ramones. Reconoce que de no haber recurrido a las audiencias colectivas, el juzgado ya hubiera colapsado, por la gran cantidad de expedientes que debe resolver ante el crecimiento demográfico que ha tenido el municipio de Juárez, de donde provienen entre el 70 y el 80% de los casos.
Comentó que una ocasión, antes de las audiencias colectivas, programó 75 individuales el mismo día y le llevó más de 10 horas desahogarlas. Refirió que “es un desgaste tremendo, está uno repite y repite lo mismo” y aparte del tiempo se destinan muchos recursos económicos y humanos.
Cuando empezó en octubre de 2017 con la nueva modalidad, inició con 25 expedientes hasta llegar a 90, y lo más que ha desahogado son 107 de divorcio en una sola audiencia, que despacha en 30 o 40 minutos. La del miércoles requirió 36 minutos, pero hay otras que terminó en la mitad de tiempo.
Escamilla Garza expuso que la ley permite esta práctica porque se siguen todas las formalidades del juicio de divorcio, y para que la audiencia sea pública, se pide el consentimiento de las partes y si no se obtiene, será privada para quien así lo solicite.
"La idea es innovar porque la realidad nos obligó, estamos rebasados, hay muchísimo trabajo. El mismo Consejo de la Judicatura al ver las indicadores tan altos de demandas se dieron cuenta que si no se hacía algo el juzgado, se iba a colapsar. Me facilitaron el apoyo a través de un programa de Mejora Continua que tienen, se mandó un secretario al juzgado y a través del tribunal virtual, desde monterrey me ayudan a hacer oficios y acuerdos", dijo el juez Escamilla.
Citó que al día de hoy tenía en el juzgado 3 mil 764 expedientes de este año –no sólo de divorcios-, cuando lo normal en un juzgado oral deben ser de mil a mil 200 expedientes. "Estamos haciendo el trabajo de tres juzgados, pero con el apoyo técnico del Consejo de la Judicatura hemos salido adelante", señaló.
A partir de que la Suprema Corte avaló el divorcio exprés, criterio que se concretó en una reforma al Código Civil que entró en vigor en marzo de 2017, donde basta que lo solicite cualquiera de las partes, y anteriormente era por causales que se tenían que acreditar, se duplicó la cifra de divorcios en la entidad, al pasar de 8 mil 925 en 2015 a 15 mil 276 en 2016 y 16 mil 942 en 2017.
Escamilla Garza puntualizó que quienes pasan a la audiencia colectiva lo único que quieren es la disolución del matrimonio, y en audiencias privadas se tratan los casos de cuando las partes requieren hacer un convenio para guardia y custodia de menores, pensión alimenticia o reparto de bienes.
El juez consideró que cuando no están en juego los derechos de los menores, los divorcios constituyen un simple trámite administrativo, por lo que sería importante que el Congreso local reformara el Código Civil para que esos casos se lleven ante los mismos oficiales del registro civil que formalizaron el vínculo matrimonial, los cual permitiría que los juzgados orales de materia civil, familiar y mercantil, se concentren en casos que requieren más estudio.
Negó que al optar por el divorcio colectivo esté promoviendo la disolución de matrimonios. Asentó que él también trata de reconciliar a las parejas, pero en la mayoría de los casos son matrimonios ya desechos.
Comentó que de estos más de mil divorcios que en audiencias colectivas ha formalizado, sólo dos personas se han arrepentido. "En una ocasión una señora, y en otra un señor que no querían divorciarse, entonces les dimos un trato más especial porque se pusieron a llorar, y eso significa que no se quieren divorciar", recordó.
"Casi siempre pasa que cuando digo se concluye con esta audiencia…, y me levanto, salgo, empiezan a aplaudir y hasta a gritar 'Bravo, por fin ya me libré de este hombre', sobre todo las mujeres son las más efusivas. Es muy común", apuntó.
Hay parejas que sólo estuvieron juntos uno o dos años, y tenían 25 o 30 separados. Comentan que varias veces intentaron el divorcio, pero fue declarado improcedente porque anteriormente tenían que acreditarse las causas.
Rogelio Escamilla Garza, juez mixto de lo civil y familiar del quinto distrito judicial de Cadereyta, Nuevo León, realizó este miércoles una audiencia colectiva para divorciar a 67 parejas, en una práctica que desde octubre de 2017 viene realizando cuatro o cinco veces al mes, y que considera benéfica para la sociedad, porque regulariza situaciones de personas que tienen hasta 30 años separadas y en unión libre formaron una nueva familia.
Esta innovadora forma de disolver el vínculo matrimonial, que se realiza por primera vez en México y quizá también en toda América Latina, explica Escamilla, la puso en marcha en el sistema judicial de la entidad en octubre de 2017, y a la fecha contabiliza más de mil divorcios mediante esta modalidad, que cuenta con el apoyo moral y en recursos del Consejo de la Judicatura estatal.
Escamilla Garza fue también el juez que celebró la primera audiencia de un juicio oral civil de todo México y gran parte de América Latina, el 11 de marzo de 2007, cuando fungía como togado segundo de juicio oral civil de Monterrey.
Las demandas de divorcio que recibe son únicamente de su jurisdicción que comprende los municipios de Juárez, Cadereyta y Los Ramones. Reconoce que de no haber recurrido a las audiencias colectivas, el juzgado ya hubiera colapsado, por la gran cantidad de expedientes que debe resolver ante el crecimiento demográfico que ha tenido el municipio de Juárez, de donde provienen entre el 70 y el 80% de los casos.
Comentó que una ocasión, antes de las audiencias colectivas, programó 75 individuales el mismo día y le llevó más de 10 horas desahogarlas. Refirió que “es un desgaste tremendo, está uno repite y repite lo mismo” y aparte del tiempo se destinan muchos recursos económicos y humanos.
Cuando empezó en octubre de 2017 con la nueva modalidad, inició con 25 expedientes hasta llegar a 90, y lo más que ha desahogado son 107 de divorcio en una sola audiencia, que despacha en 30 o 40 minutos. La del miércoles requirió 36 minutos, pero hay otras que terminó en la mitad de tiempo.
Escamilla Garza expuso que la ley permite esta práctica porque se siguen todas las formalidades del juicio de divorcio, y para que la audiencia sea pública, se pide el consentimiento de las partes y si no se obtiene, será privada para quien así lo solicite.
"La idea es innovar porque la realidad nos obligó, estamos rebasados, hay muchísimo trabajo. El mismo Consejo de la Judicatura al ver las indicadores tan altos de demandas se dieron cuenta que si no se hacía algo el juzgado, se iba a colapsar. Me facilitaron el apoyo a través de un programa de Mejora Continua que tienen, se mandó un secretario al juzgado y a través del tribunal virtual, desde monterrey me ayudan a hacer oficios y acuerdos", dijo el juez Escamilla.
Citó que al día de hoy tenía en el juzgado 3 mil 764 expedientes de este año –no sólo de divorcios-, cuando lo normal en un juzgado oral deben ser de mil a mil 200 expedientes. "Estamos haciendo el trabajo de tres juzgados, pero con el apoyo técnico del Consejo de la Judicatura hemos salido adelante", señaló.
A partir de que la Suprema Corte avaló el divorcio exprés, criterio que se concretó en una reforma al Código Civil que entró en vigor en marzo de 2017, donde basta que lo solicite cualquiera de las partes, y anteriormente era por causales que se tenían que acreditar, se duplicó la cifra de divorcios en la entidad, al pasar de 8 mil 925 en 2015 a 15 mil 276 en 2016 y 16 mil 942 en 2017.
Escamilla Garza puntualizó que quienes pasan a la audiencia colectiva lo único que quieren es la disolución del matrimonio, y en audiencias privadas se tratan los casos de cuando las partes requieren hacer un convenio para guardia y custodia de menores, pensión alimenticia o reparto de bienes.
El juez consideró que cuando no están en juego los derechos de los menores, los divorcios constituyen un simple trámite administrativo, por lo que sería importante que el Congreso local reformara el Código Civil para que esos casos se lleven ante los mismos oficiales del registro civil que formalizaron el vínculo matrimonial, los cual permitiría que los juzgados orales de materia civil, familiar y mercantil, se concentren en casos que requieren más estudio.
Negó que al optar por el divorcio colectivo esté promoviendo la disolución de matrimonios. Asentó que él también trata de reconciliar a las parejas, pero en la mayoría de los casos son matrimonios ya desechos.
Comentó que de estos más de mil divorcios que en audiencias colectivas ha formalizado, sólo dos personas se han arrepentido. "En una ocasión una señora, y en otra un señor que no querían divorciarse, entonces les dimos un trato más especial porque se pusieron a llorar, y eso significa que no se quieren divorciar", recordó.
"Casi siempre pasa que cuando digo se concluye con esta audiencia…, y me levanto, salgo, empiezan a aplaudir y hasta a gritar 'Bravo, por fin ya me libré de este hombre', sobre todo las mujeres son las más efusivas. Es muy común", apuntó.
Hay parejas que sólo estuvieron juntos uno o dos años, y tenían 25 o 30 separados. Comentan que varias veces intentaron el divorcio, pero fue declarado improcedente porque anteriormente tenían que acreditarse las causas.